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Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 35/25, Actuaciones Previas nº 56/25. Ramo: Sector Público Local (Junta Vecinal de Velilla de la Reina), LEÓN.

El recurrente alega indefensión en el primer motivo de impugnación porque todas las actuaciones realizadas han sido desconocidas para sus representados; y habiendo sido solicitada copia de las mismas no les fueron facilitadas y ello conculca su derecho de defensa. En el segundo motivo, se opone a la afirmación de la Delegada Instructora, respecto a la relevancia de la presencia, o no, en el acto de liquidación. Resulta evidente que la circunstancia de que, a consecuencia de dicho acto de liquidación provisional, se pueda exigir fianza y, si no se deposita, se proceda al embargo, ya supone un elevado perjuicio a sus representados. En el tercer motivo de recurso, manifiesta que se ha acordado la citación para la liquidación provisional sin que se haya cumplimentado en relación con sus representados el trámite de audiencia previsto en el artículo 44.1 de la LFTCu. En el cuarto motivo, hace constar que la entrega de cestas de Navidad o lotes navideños lo fue a la totalidad de los vecinos de la Junta Vecinal, incluido el denunciante en las presentes actuaciones. A tal efecto, acompaña copia del archivo de denuncia presentada por dichos hechos ante la Fiscalía, así como listado de personas receptoras de los citados lotes. En el quinto motivo de recurso, destaca que no se señala en el oficio de denegación del aplazamiento la existencia de perjuicio alguno para el procedimiento que pueda deducirse del aplazamiento solicitado. En cuanto al primer motivo, pone de manifiesto la Sala que la indefensión que viabiliza este recurso excepcional y sumario es la que ha dejado establecida una abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que ha sido asumida por la Sala de Justicia. Y es la que ocasiona un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella, circunstancia que no concurre en el presente caso, habida consideración a que sí se verificó el pertinente emplazamiento y traslado de la documentación. En cuanto al segundo motivo la Sala, en doctrina reiterada ha venido manifestando que, con independencia de la presencia o ausencia de los presuntos responsables contables citados a la celebración de la Liquidación Provisional, ésta carece del carácter contradictorio del que está revestido el procedimiento jurisdiccional posterior que pueda incoarse. La imposibilidad de asistir al acto de Liquidación Provisional por parte del Letrado que representa a los hoy recurrentes no resulta un obstáculo para que estos puedan comparecer por sí mismos. En este sentido fueron convenientemente informados, así como de que podían acceder al expediente y realizar las alegaciones que desearan antes de la comparecencia, lo que no hicieron pese a haber sido notificados de citación con la suficiente antelación. Además, aunque el Letrado, representante de los cuatro recurrentes, alega que no le fueron facilitadas las actuaciones al objeto de poder preparar la comparecencia, consta acreditado en las actuaciones que se le remitió el expediente completo. En consecuencia, no se ha producido la indefensión alegada. En cuanto al tercer motivo, recuerda que el trámite del art. 44.1 de la LFTCu sólo está previsto en el marco de la terminación de los procedimientos de fiscalización del Tribunal de Cuentas, pero en modo alguno para la tramitación prevista para las actuaciones previas al enjuiciamiento en la vía jurisdiccional contable. Respecto al motivo cuarto se desestima ya que contiene alegaciones que afectan al fondo del asunto y a la práctica de pruebas, pudiendo la parte recurrente reproducir aquéllas en el momento procesal oportuno. En cuanto al motivo quinto, la Sala de Justicia se remite a lo manifestado en el fundamento de derecho quinto, en el que no se apreció vulneración del derecho de defensa.

Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta.

Excma. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.- Consejera.

Excma. Sra. Dña. Elena Hernáez Salguero.- Consejera.

Recurso de apelación n.º 33/2025, procedimiento de reintegro n.º C43/2025, sector público local (Ayuntamiento de Almegíjar) Granada.

Se desestima el recurso apelación interpuesto contra el auto dictado en primera instancia. Se impugna la declaración de archivo de las actuaciones y se solicita su anulación y la continuación del procedimiento o, subsidiariamente, retrotraer las actuaciones al momento en que se omitió notificar la diligencia de ordenación, a fin de que se pronuncie sobre la continuidad de dicho procedimiento. La parte recurrente alega en primer lugar la vulneración del principio de tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución, con error en la declaración de hechos probados, pues niega que se les haya notificado la diligencia de ordenación referida, produciéndole indefensión. En segundo lugar alega error en la valoración de la prueba respecto a la remisión que el auto hace a la no constatación en el acta de liquidación provisional de ausencia de numerario en los fondos públicos, y de la aplicación del derecho en el auto recurrido. Se desestima el primer motivo, pues consta en las actuaciones la debida notificación al recurrente de la mencionada diligencia de ordenación y su aceptación por su representante procesal. También se desestima el segundo motivo puesto que, con aplicación de doctrina consolidada, la Sala de Justicia aprecia que, como se hace debidamente constar en el acta de liquidación no consta supuesto alguno de saldo negativo injustificado desde una perspectiva contable que pueda ser objeto de responsabilidad contable. Al contrario, el abono resulta procedente ante la deuda debida a la Seguridad Social, con el recargo y sus intereses correspondientes establecidos legalmente, sin que tampoco sea objeto de este procedimiento analizar la eficiencia denunciada en la actuación municipal.

Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta.

Excma. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.- Consejera.

Excma. Sra. Dña. Elena Hernáez Salguero.- Consejera.

Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88, n.º 31/2025, interpuesto contra el Acta de Liquidación Provisional de fecha 22 de octubre de 2025, dictada en las Actuaciones Previas n.º 50/2024, del ramo de Sector Público Local (Junta Vecinal de Armunia), León.

Se desestima el recurso interpuesto por la representación letrada de la Junta Vecinal, toda vez que respecto al primer grupo de alegaciones, la parte recurrente se refiere a cuestiones de fondo en relación con los hechos instruidos. En la resolución de este recurso, no se puede realizar un nuevo análisis de los hechos ya examinados por el instructor ni modificar sus valoraciones para resolver las discrepancias relativas al fondo del asunto que puedan albergar los presuntos responsables, pues ello supondría desbordar las competencias de este órgano jurisdiccional en el presente momento procedimental. En lo relativo al segundo grupo de alegaciones, esto es, las relativas a la indefensión que alega la entidad recurrente, también son desestimadas por cuanto, según revela el examen de las actuaciones, no se le ha generado la indefensión que afirma haber sufrido, viniendo a plantear realmente una discrepancia con la valoración previa y provisional que ha realizado la Delegada Instructora sobre la justificación del referido embargo judicial. En este sentido, el Acta de Liquidación Provisional cumple sobradamente los requisitos de motivación que viene estableciendo reiteradamente la doctrina de esta Sala de Justicia. Y respecto a las peticiones realizadas consistentes en imponer una multa por temeridad a la entidad recurrente y que se le impongan costas, se resuelve que la Sala de Justicia no aprecia que en el presente caso concurra la temeridad alegada.

Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta.

Excma. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.- Consejera.

Excma. Sra. Dña. Elena Hernáez Salguero.- Consejera.

Recurso de apelación n.º 29 /2025 interpuesto contra el auto de 19 de junio de 2025, dictado por el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, en las actuaciones seguidas en el procedimiento de la acción pública n.º B17/2025.

Se desestima el recurso apelación interpuesto por la representante del Grupo Municipal Popular en 
el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, contra el auto dictado en primera instancia.

Se impugna la declaración de archivo de la acción pública ejercitada por dicha parte, según la cual 
se denunciaba que se había ocasionado deliberadamente un perjuicio económico al Ayuntamiento y a 
los vecinos de ese municipio al alterar la cuenta general del ayuntamiento y las cuentas anuales de 
la EMV con infracción de «la normativa de Contabilidad Nacional SEC, presupuestaria y contable 
pública, mercantil y concursal», solicitando a este Tribunal la fiscalización de las cuentas de la 
EMV y del ayuntamiento, del presupuesto municipal consolidado para el ejercicio de 2025, así como 
también de una operación de aumento del capital social de la EMV aprobada y suscrita íntegramente 
por el ayuntamiento.

En el recurso de apelación se solicita, como pretensión principal, que se anule el procedimiento de 
acción pública con retroacción de actuaciones, con el fin de unir a las mismas un escrito de 
ampliación de denuncia y como pretensión subsidiaria, que se dicte resolución estimando el recurso 
de apelación y acordando la incoación de procedimiento de responsabilidad contable por los hechos 
objeto de denuncia.

En cuanto a la pretensión principal, se desestima la misma, por cuanto el auto resolutorio ha 
tenido en cuenta todos los hechos denunciados, y da respuesta razonada a todas sus pretensiones, 
sin que resulte necesario que en el auto conste una mayor mención expresa a cada uno de sus 
escritos de denuncia.

En cuanto a la pretensión subsidiaria, se concluye que los hechos denunciados no presentan indicios 
suficientes de la existencia de saldos deudores injustificados en las cuentas de la sociedad o en 
las del Ayuntamiento, ni tampoco de menoscabo en los fondos públicos presuntamente constitutivos de alcance contable.

Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta.
Excma. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.
Excmo. Sr. D. Diego Íñiguez Hernández.-Consejero.

Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, n.º 24/2025, interpuesto contra el acuerdo de embargo preventivo dictado en las actuaciones previas n.º 2/22, Sector Público Local (Ayuntamiento de Móstoles C.XXXX, S.L.), Madrid.

Se estima el recurso promovido, al amparo del artículo 48.1 de la LFTCu, contra el acuerdo de embargo específico de
la pensión del recurrente y se anula la precitada resolución.
El recurrente impugna el acuerdo del delegado instructor de las actuaciones previas de embargo específico de su
pensión por lo innecesario, ya que no responde a ninguna motivación objetiva, es desproporcionado, teniendo en
cuenta el importe del presunto alcance declarado, y vulnera sus derechos.
La doctrina de la Sala de Justicia y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en materia de aplicación de medidas
cautelares y requisitos de motivación y proporcionalidad a la hora de su adopción, así como la normativa aplicable
referida a estos supuestos, llevan a concluir que, en el presente caso, se aprecia que la medida cautelar específica
que ha sido recurrida, especialmente gravosa para el afectado -el acuerdo de embargo cautelar de la pensión- no ha
contado con la motivación suficiente que permitiría al interesado y a este tribunal conocer las razones que justificaron
su adopción, con la debida ponderación requerida en atención a su finalidad -adecuación o idoneidad- y a la
proporcionalidad respecto a los intereses afectados.
La ausencia de motivación por parte del instructor provocó que el recurrente se encontrase en una situación de
absoluto desconocimiento de las razones que condujeron a aquel a adoptar la medida y de imposibilidad de verificar
si se habían respetado o no las exigencias de proporcionalidad, adecuación y necesidad, lo cual le generó una
situación de indefensión que dañó su capacidad de defensa.

Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta.
Excma. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.
Excmo. Sr. D. Diego Íñiguez Hernández.-Consejero.

Recurso de apelación, rollo n.º 8/25, interpuesto contra el Auto de 4 de enero de 2025, dictado por la Excma. Sra.
Consejera de Cuentas del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento en la Acción Pública n.º A60/2024,
del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Madrid.

Se estima el recurso apelación interpuesto por la representación procesal de la asociación contra el auto dictado en
primera instancia.
Se impugna la declaración de archivo de la acción pública ejercitada por dicha parte, según la cual se denunció la
existencia de sólidos indicios de haberse procedido, por parte del Ayuntamiento, a la concesión y gestión de
subvenciones municipales con irregularidades, como la ausencia de un plan estratégico de subvenciones; la ausencia
de previsión de las subvenciones en las correspondientes partidas presupuestarias; la excesiva parquedad de los
informes jurídicos y de la intervención; y la ausencia de los informes o de la parte del expediente referente a la
justificación del gasto.
Aplicando la doctrina de la Sala de Justicia sobre reintegro por alcance debido a la falta de justificación de las
cantidades concedidas como ayudas o subvenciones y, una vez analizada la documentación aportada en las
actuaciones, se concluye que el hecho de que el Ayuntamiento no haya aportado en el procedimiento de instancia la
documentación justificativa del destino dado a los fondos públicos objeto de las subvenciones de referencia, cuando
la denuncia inicial de la actora pública hacía expresa mención a dicha irregularidad, constituye un claro indicio de
existencia de alcance contable. Por lo que se afirma que no se dan las condiciones exigidas por el artículo 56.3 de la
LFTCu y la doctrina de la Sala de Justicia para acordar el archivo de las actuaciones.

Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta.
Excmo. Sr. D. Diego Íñiguez Hernández.-Consejero.
Excma. Sra. Dña. Elena Hernáez Salguero.- Consejera.