La presidenta del Tribunal de Cuentas presenta ante la Comisión Mixta varios informes sobre gestión pública, transparencia y políticas sociales

La presidenta del Tribunal de Cuentas compareció el 21 de mayo ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados y del Senado para presentar varios informes de fiscalización aprobados por el Pleno de la institución entre 2024 y 2025, centrados en ámbitos clave de la gestión pública y con especial impacto en la ciudadanía.

Durante su intervención, la presidenta repasó las principales conclusiones y recomendaciones de las fiscalizaciones realizadas sobre rendición de cuentas del sector público local, políticas municipales de vivienda, contratación pública, movilidad sostenible, sistemas de información sanitaria, Ingreso Mínimo Vital y atención ciudadana en el ámbito de la Seguridad Social, entre otras materias.

Rendición de cuentas, vivienda y gestión local

En el ámbito local, el Tribunal volvió a advertir de la persistencia de debilidades relacionadas con la planificación, la supervisión y la rendición de cuentas. El Informe Global del Sector Público Local correspondiente al ejercicio 2023 refleja que solo el 51 % de las entidades locales rindieron su cuenta general dentro del plazo legal, aunque el dato mejora respecto al ejercicio anterior.

El informe también pone de manifiesto retrasos en la aprobación de presupuestos, insuficiencias en la formulación de cuentas consolidadas y bajos niveles de remisión de información contractual y de control interno. Además, el Tribunal observa que las comunidades autónomas que vinculan el acceso a subvenciones o ayudas públicas al cumplimiento de las obligaciones de rendición presentan mejores niveles de cumplimiento.

La comparecencia abordó igualmente el informe sobre vivienda en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales. El Tribunal concluye que ninguno de los tres municipios dispone todavía de una política pública integral de vivienda, aunque sí han desarrollado actuaciones concretas en este ámbito.

La fiscalización detecta también margen de mejora en el aprovechamiento del patrimonio público del suelo para la construcción de vivienda protegida y en la gestión de los parques municipales de vivienda social.

Otro de los informes analizados fue el relativo a las subvenciones concedidas por las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres a los municipios de su ámbito territorial. El Tribunal aprecia carencias relevantes tanto en la planificación como en el control y seguimiento de las ayudas públicas.

Transparencia, sostenibilidad y organización institucional

La presidenta presentó además las conclusiones del informe sobre el proceso de reordenación del sector público institucional local entre 2014 y 2023. El Tribunal constata que las reformas legales impulsaron inicialmente una reducción aproximada del 20 % en el número de entidades instrumentales, aunque ese proceso perdió intensidad a partir de 2020.

En materia de contratación pública, el informe sobre publicidad y transparencia en municipios de entre 200.000 y 300.000 habitantes aprecia un grado de cumplimiento globalmente satisfactorio, aunque sigue detectando carencias en aspectos como la publicidad de contratos menores o de determinados trámites posteriores a la adjudicación. “La transparencia, la evaluación y el control no son obligaciones meramente formales, sino herramientas esenciales para reforzar la confianza ciudadana y mejorar la gestión pública”, señaló la presidenta durante su intervención.

La comparecencia incluyó también el informe sobre movilidad sostenible en el transporte público colectivo urbano. El Tribunal destaca avances en inversiones relacionadas con flotas limpias, digitalización e infraestructuras de transporte público, muchas de ellas financiadas con fondos europeos. No obstante, la fiscalización identifica deficiencias en la planificación, el seguimiento y la evaluación de las actuaciones desarrolladas.

Sistemas de información, protección social y atención ciudadana

En el ámbito de las políticas públicas de carácter social, la presidenta presentó el informe sobre los sistemas de información de sanidad y salud pública durante los ejercicios 2019 a 2021, centrado especialmente en la respuesta del Ministerio de Sanidad ante la pandemia de COVID-19.

El Tribunal concluye que, antes de la emergencia sanitaria, el Ministerio no contaba con un sistema específico para la gestión y coordinación de emergencias sanitarias y que gran parte de la respuesta inicial tuvo que apoyarse en herramientas ofimáticas y procedimientos desarrollados de forma urgente durante la pandemia.

Aun así, el informe valora positivamente las herramientas tecnológicas implantadas posteriormente para responder a la crisis sanitaria y destaca los avances iniciados en el marco de la Estrategia de Salud Digital.

Otro de los informes presentados analizó el diseño, la gestión y el control del Ingreso Mínimo Vital durante los ejercicios 2022 y 2023. El Tribunal subraya la relevancia social de esta prestación como principal medida estatal de lucha contra la pobreza, aunque detecta debilidades relacionadas con su cobertura, gestión y sistemas de control.

La fiscalización pone de manifiesto que, en 2023, el Ingreso Mínimo Vital alcanzaba al 40 % de los potenciales beneficiarios y aprecia retrasos relevantes en la tramitación de solicitudes, además de limitaciones en las aplicaciones informáticas utilizadas para gestionar la prestación.

Por último, la presidenta presentó el informe relativo a la atención al ciudadano en las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. El Tribunal concluye que persisten dificultades para obtener cita previa y limitaciones en los canales telefónicos y telemáticos, así como carencias en los sistemas de información y seguimiento de la atención prestada a los ciudadanos.

“Los informes reflejan avances relevantes en distintos ámbitos de la gestión pública, pero también muestran que persisten debilidades estructurales en planificación, supervisión y rendición de cuentas que requieren una mejora sostenida”, concluyó la presidenta.

ORDEN DE LA COMPARENCENCIA

BLOQUE I

- Informe de Fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los Ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, ejercicios 2022 y 2023. (Informe y resumen)

- Informe global del sector público local, ejercicio 2023. (Informe y resumen)

- Informe de Fiscalización de las subvenciones concedidas por las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura a los municipios de su ámbito territorial, ejercicio 2023. (Informe y resumen)

BLOQUE II

-  Informe de Fiscalización del proceso de reordenación del sector público institucional local, ejercicios 2014 a 2023. (Informe y resumen)

-Informe de Fiscalización del cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en los contratos de los municipios con población entre 200.0000 y 300.000 habitantes, ejercicio 2023. (Informe y resumen)

- Informe de Fiscalización sobre las medidas adoptadas por las entidades locales para lograr una movilidad sostenible en el transporte público colectivo, ejercicios 2023 y 2024. (Informe y resumen)

-Informe de Fiscalización sobre la rendición de las cuentas consolidadas de las entidades locales de los ejercicios 2022 y 2023. (Informe y resumen)

BLOQUE III

-  Informe de Fiscalización de los sistemas de información de sanidad y salud pública, ejercicios 2019, 2020 y 2021. (Informe y resumen)

- Informe de Fiscalización del Ingreso Mínimo Vital, ejercicios 2022 y 2023. (Informe y resumen)

- Informe de Fiscalización de la atención al ciudadano en el ámbito de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, ejercicio 2023. (Informe y resumen)