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La fiscalización de las ayudas extraordinarias por la COVID-19 para impulsar la producción industrial constata un impacto limitado
El informe analiza casi 11 millones de euros concedidos en un contexto de emergencia sanitaria y señala mejoras necesarias en su diseño, control y evaluación
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para fomentar la fabricación de dispositivos, equipos y productos sanitarios relacionados con la COVID-19. La fiscalización se sitúa en el contexto excepcional de la pandemia, cuando “el impacto de los contagios producido por la pandemia de COVID-19 evidenció debilidades del sistema productivo nacional para atender la fuerte demanda requerida de material y equipos de protección sanitaria y de medicamentos”.
El informe analiza una convocatoria extraordinaria dotada con hasta 11 millones de euros, de los que se concedieron 10,97 millones a 50 entidades beneficiarias, tras recibirse 375 solicitudes por un importe total de 101,4 millones de euros.
En relación con la ejecución, el informe pone de relieve que 33 beneficiarios (el 66 %) devolvieron total o parcialmente las ayudas, por un importe de 1,38 millones de euros, y que siete proyectos (el 14 %) no llegaron a ejecutarse. En este sentido, el Tribunal indica que “ello implica que una cantidad relevante del importe previsto para ayudas no pudo cumplir su finalidad de aumentar la producción nacional” y que “el impacto de la convocatoria en la producción nacional de los bienes declarados de emergencia fue limitado”. El informe destaca que las ayudas se destinaron principalmente a tres categorías de las que dos de ellas (mascarillas quirúrgicas y soluciones hidroalcohólicas) ya contaban con carácter previo a la convocatoria con producción suficiente.
El Tribunal constata que la orden reguladora incorporó los elementos mínimos exigidos por la normativa, “si bien adolecía de ciertas debilidades, entre las que destaca la falta de determinación de las prioridades en los productos cuya fabricación se iba a subvencionar”. La evaluación de las solicitudes fue, en términos generales, razonable, si bien se detectaron carencias en los mecanismos de control, entre ellas la concesión de ayudas a entidades que no estaban al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social.
El informe analiza asimismo la participación de un medio propio en la gestión de la convocatoria, señalando que su intervención se extendió a distintas fases del procedimiento sin que en todos los casos quedara plenamente acreditada la cobertura jurídica de las actuaciones realizadas, algunas de las cuales correspondían a funciones propias del personal funcionario.