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La Cuenta General de la Región de Murcia de 2023 no ofrece una visión global del sector público regional
El informe señala que está formada solo por las cuentas de la Administración Pública Regional y sus organismos autónomos sin integrar las del resto de entidades del sector público y pone de relieve que las dotaciones presupuestarias al Servicio Murciano de Salud resultan manifiestamente insuficientes para la prestación satisfactoria de los servicios sanitarios públicos.
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de la Cuenta General y del resto de cuentas del sector público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondiente al ejercicio 2023. El informe analiza la situación económica, financiera y patrimonial del sector público autonómico, así como el cumplimiento de la normativa presupuestaria y contable.
Con carácter general, y salvo por las salvedades señaladas, el Tribunal concluye que la Cuenta General de 2023 y las cuentas del resto del sector público regional reflejan fielmente la situación económica, financiera y patrimonial de las entidades, y que la gestión presupuestaria se ha ajustado, en términos generales, a la normativa aplicable.
No obstante, se destaca que la Cuenta General solo incluye a la Administración Pública Regional y a sus organismos autónomos, quedando excluidas el resto de las entidades del sector público regional, lo que impide ofrecer una visión conjunta del sector público. El Tribunal señala la necesidad de reformar la normativa económico-presupuestaria autonómica para avanzar hacia una información global y coherente.
En 2023, la Administración Regional gestionó créditos definitivos por 8.638 millones de euros, con obligaciones reconocidas netas de 7.808 millones y derechos reconocidos netos de 7.905 millones. El endeudamiento financiero ascendió a 12.003 millones y el resultado económico-patrimonial fue negativo en 2.472 millones de euros.
El informe pone de relieve la elevada y estructural dependencia de la Región de Murcia a los mecanismos extraordinarios de financiación del Estado, advirtiendo de la incertidumbre sobre el cumplimiento futuro de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Asimismo, se señala la situación del Servicio Murciano de Salud, cuyos créditos presupuestarios resultan insuficientes para cubrir las necesidades reales. A 31 de diciembre de 2023, el déficit acumulado pendiente de financiación ascendía a 3.724 millones de euros.
Finalmente, el Tribunal destaca la inviabilidad estructural de la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A.U., con pérdidas y deudas que la mantienen en causa de disolución. El informe formula otras recomendaciones como el desarrollo de criterios de consolidación, la reforma del marco sanitario y la adopción de medidas para garantizar la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma.