El Tribunal de Cuentas formuló más de 500 recomendaciones en 2025 con el objetivo de contribuir a la mejora de la gestión pública

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado la Memoria correspondiente al ejercicio 2025, que recoge el resultado de la actividad fiscalizadora y jurisdiccional desarrollada durante el año. En el ámbito de la fiscalización, el Tribunal aprobó 59 informes y formuló 524 recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión económico-financiera del sector público, que instan a la adopción de 531 actuaciones concretas.

Los trabajos de fiscalización abordaron ámbitos clave de la gestión pública. Entre ellos, destacan los informes sobre áreas de riesgo recurrentes -como la contratación pública, las subvenciones, la gestión patrimonial o los sistemas de información-, así como análisis específicos sobre grandes políticas públicas relacionadas con la sanidad, la vivienda, la lucha contra la pobreza, la exclusión social y el reto demográfico.

Asimismo, el Tribunal fiscalizó aspectos relevantes del sector público estatal, autonómico y local, incluidas las cuentas generales, la organización y funcionamiento de las entidades públicas y la ejecución de actuaciones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y también examinó las contabilidades de procesos electorales y la actividad económico-financiera de las fundaciones y entidades vinculadas a los partidos políticos.

El programa de fiscalización incluyó 111 actuaciones, de las cuales 87 fueron a iniciativa del propio Tribunal, 20 derivaron de mandatos legales y 4 respondieron a iniciativas de las Cortes Generales, además de dos actuaciones relativas a la auditoría de las cuentas anuales de la Casa de Su Majestad el Rey.

Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión y el marco normativo

Las 524 recomendaciones formuladas, que instan a 531 acciones concretas, se orientan principalmente a la mejora de los procedimientos de gestión, la toma de decisiones basada en el análisis de la actividad pública, la adaptación del marco normativo y el refuerzo de las herramientas tecnológicas.

Además, en 23 informes se realizó el seguimiento de recomendaciones de ejercicios anteriores, analizándose un total de 211 recomendaciones mediante 304 valoraciones. El 30 % de estas recomendaciones han sido cumplidas total o parcialmente, mientras que un 23 % se encuentra en proceso de implantación. Estos datos reflejan avances en la mejora de la gestión pública, si bien evidencian la existencia de un margen significativo de mejora en su aplicación efectiva.

Además, la Memoria recoge el grado de rendición de cuentas de las entidades del sector público. En el ámbito local, un 29 % de las entidades no rindió sus cuentas correspondientes al ejercicio 2024 y el 21 % no lo hizo dentro del plazo, porcentajes similares a los del ejercicio anterior.

En relación con los partidos políticos y las fundaciones vinculadas o dependientes, 345 cuentas fueron remitidas en plazo y 97 fuera de plazo.

En cuanto a la contratación pública, en 2025 se rindieron al Tribunal 14.859 contratos por un importe total de 32.051 millones de euros, lo que refleja el volumen y relevancia de esta actividad en el conjunto del sector público.

La actividad fiscalizadora ha incorporado de forma transversal el análisis de aspectos como la transparencia, presente en 51 informes, la igualdad, en 41, y la sostenibilidad ambiental, en 24 informes.

Como novedad, la Memoria incluye una síntesis de las principales conclusiones y recomendaciones vinculadas a estos objetivos.

Asimismo, el Tribunal ha identificado buenas prácticas en 24 informes de fiscalización, relacionadas con ámbitos como la transparencia, la atención al ciudadano, la gestión eficiente, la prevención del fraude y la gestión medioambiental.

Actividad jurisdiccional

En el ámbito de la función jurisdiccional, el Tribunal de Cuentas resolvió, a 31 de diciembre de 2025, un total de 481 asuntos, entre la Sala de Justicia y los Departamentos de Enjuiciamiento. Asimismo, se resolvieron 109 actuaciones previas que dieron lugar a las correspondientes liquidaciones provisionales.

Durante el ejercicio, las resoluciones adoptadas permitieron el reintegro de 11,2 millones de euros a las entidades públicas perjudicadas.

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económico-financiera del sector público, así como el órgano competente para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que puedan incurrir quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos.

Más información en la Memoria 2025