El Tribunal de Cuentas concluye que los principales ayuntamientos de Cantabria carecen de una política pública global e integrada de vivienda

• La fiscalización sobre los municipios de Santander, Torrelavega y Castro-Urdiales constata actuaciones puntuales, falta de planificación estratégica y escaso aprovechamiento del patrimonio público del suelo

Madrid, 29 de julio de 2025

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro-Urdiales, correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023. El trabajo examina el diseño, ejecución y control de las actuaciones desarrolladas por los tres municipios cántabros con mayor población en un contexto de dificultad de acceso a la vivienda.

El informe concluye que ninguno de los tres ayuntamientos disponía de una política municipal de vivienda global e integrada y que las acciones puntuales de distinta naturaleza “han sido insuficientes para satisfacer la demanda habitacional de la población”.

Uno de los aspectos más relevantes y susceptibles de mejora es “el uso del patrimonio público del suelo, que, de haber sido más eficaz, habría permitido incrementar el parque de vivienda disponible”. El Tribunal constata que su aprovechamiento ha sido muy limitado y que su planificación presenta debilidades relevantes.

No obstante, en el periodo fiscalizado, el Ayuntamiento de Santander finalizó dos promociones de 186 viviendas, en Torrelavega se incrementó su parque en 58 y Castro-Urdiales no llevó a cabo ninguna actuación en viviendas de protección oficial.

Además, se ha verificado que los ayuntamientos de Santander y Torrelavega contaban con 201 y 30 viviendas sociales, respectivamente, y que habían concedido ayudas sociales para vivienda por importes cercanos a 196.000 y 10.000 euros.

Por otra parte, se destacan “deficiencias relevantes en el control administrativo, la adjudicación y el mantenimiento de las viviendas sociales”.

El informe incluye recomendaciones específicas para cada uno de los ayuntamientos y para el gobierno autonómico, dirigidas a mejorar la planificación estratégica, el uso del suelo público, la gestión del parque de vivienda y la cooperación institucional en este ámbito.

El informe recoge que el Ayuntamiento de Castro-Urdiales incumplió su deber legal de colaboración con el Tribunal de Cuentas, al no aportar gran parte de la documentación solicitada durante los trabajos de fiscalización. Como consecuencia, el Pleno acordó la imposición de una multa a la alcaldesa del municipio.

Más información en los siguientes enlaces al Resumen y al Informe.