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El Tribunal de Cuentas concluye que las líneas de avales ICO COVID fueron eficaces para apoyar la supervivencia empresarial y la liquidez
El informe identifica debilidades en los sistemas de gestión y seguimiento de las operaciones y analiza su impacto sobre la supervivencia de las empresas, el empleo y la reactivación económica.
El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización sobre las líneas de avales gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.
La fiscalización analiza la gestión, el seguimiento y los resultados de las líneas de avales puestas en marcha entre 2020 y 2022, cuyo objetivo era facilitar liquidez y acceso a la financiación a empresas y autónomos durante la pandemia.
Según recoge el informe, las líneas de avales permitieron movilizar un volumen muy elevado de financiación y “constituyeron un instrumento eficaz de apoyo financiero para la supervivencia empresarial y mejora de la liquidez”, especialmente en microempresas y pequeñas y medianas empresas.
El informe recoge además que estas líneas dieron lugar a la formalización de más de 1,19 millones de operaciones que movilizaron una financiación superior a los 140.736 millones de euros con un importe avalado superior a 107.020 millones. A 30 de septiembre de 2025, el saldo vivo avalado pendiente de amortizar se situaba en 38.187 millones de euros (el 36 % del importe inicial). La fiscalización añade que, si bien los avales fueron eficaces para la supervivencia, las empresas “aumentaron su endeudamiento, con impactos limitados y puntuales en el empleo y la reactivación económica”. Según el informe, el 78 % de las empresas beneficiarias (388.420) continuaban activas en 2025.
Además, a 30 de septiembre de 2025, 707.287 operaciones avaladas continuaban en cumplimiento, otras 366.135 ya habían sido amortizadas y 116.450 habían comunicado impagos.
El Tribunal de Cuentas identifica, no obstante, “debilidades en los sistemas de gestión, control, seguimiento de las operaciones y en los sistemas de información”. En concreto, el informe señala incidencias relacionadas “principalmente en relación con las validaciones automáticas aplicadas en las extensiones de las operaciones, en las comunicaciones a la BDNS y en la fiabilidad de algunos datos registrados en la aplicación Banc@ico”.
El informe recoge también “retrasos en los procesos de revisión de las operaciones, singularmente de las que tenían impagos, que en algunos casos dieron lugar al abono de avales correspondientes a operaciones que posteriormente fueron invalidadas y a otros riesgos de control”.
La fiscalización estima que, si se cumplen las mismas condiciones de ingresos e impagos, el importe de los avales que abonaría el ICO podría ascender a 6.795 millones de euros. Asimismo, el informe calcula en estas circunstancias el coste final de la medida para el Estado podría alcanzar los 3.800 millones de euros (6.795 millones de euros menos 3.000 millones del fondo creado para pagar los avales).
El Tribunal de Cuentas recomienda “reforzar aspectos concretos de los sistemas de gestión, transparencia y evaluación para la gestión de posibles futuras líneas de avales”.