El Tribunal de Cuentas aprueba el primer informe sobre los Fondos Next Generation

• El informe aborda las medidas preparatorias que han implementado las Comunidades y Ciudades Autónomas para afrontar la gestión de estos recursos provenientes de la Unión Europea. La fiscalización se ha llevado a cabo de forma conjunta entre el TCu y todos los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas.
• El Pleno ha aprobado en total cinco informes de fiscalización. Uno de ellos cuantifica en 71.833 millones de euros el coste de reestructuración bancara en el periodo 2009-2021 y otro analiza el grado de cumplimiento de la normativa de prevención de incendios forestales en Cantabria y Extremadura.
• El informe de fiscalización del Plan de Fomento de la lectura 2017-2020 analiza si las medidas desarrollas fueron acordes para la consecución de los objetivos del Plan y el informe de la Fundación Thyssen Bornemisza se refiere a su gestión económico-financiera durante el ejercicio 2020.

 Madrid, 27 de abril 

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el primero de una serie de informes de fiscalización que abordarán, en distintas fases y en los próximos años, la implementación, la ejecución y la evaluación de los Fondos Next Generation. Entre 2021 y 2026 España podría recibir hasta 140 mil millones de euros en transferencias y préstamos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, elemento central de los Fondos Next Generation. 

En esta primera fase, la de implementación y puesta en marcha de los fondos, el TCu tiene previsto concluir 4 informes entre los que figura el que se ha aprobado hoy. En una segunda fase, más centrada en la ejecución, ya se ha planificado la realización de otras 6 fiscalizaciones a las que se podrían sumar otras futuras.

El Pleno ha aprobado el Informe de Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de una fiscalización que se ha realizado de forma conjunta entre el TCu y todos los Órganos de Control Externo de las CCAA, por lo que ofrece una visión global del conjunto del territorio.

Hasta finales de 2022 el Gobierno de España había asignado más de 20.600 millones de euros a las Comunidades y Ciudades Autónomas. El Gobierno calcula que a lo largo del periodo plurianual de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), las Comunidades Autónomas gestionarán el 54% del total de los fondos europeos asignados a nuestro país.

El objetivo de esta fiscalización, que se centra en la fase de la puesta en marcha de los fondos, es examinar las medidas que se han adoptado en el Sector Público Autonómico para gestionar de forma ágil los proyectos del PRTR. Tales medidas constituyen los cimientos sobre los que se asienta la gestión de estos fondos, y por tanto, un importante factor de su éxito. Esta fiscalización persigue identificar posibles necesidades y oportunidades de mejora en un momento en que las entidades fiscalizadas disponen aún de margen de reacción para su corrección.

El informe aprobado por el Pleno recomienda a las Comunidades y Ciudades Autónomas una mejora en la planificación para la gestión del PRTR y que esta se acometa de forma coordinada por todas las consejerías de cada territorio. Esta planificación permitiría contar con un estudio de prioridades, medios y necesidades, realizando las redistribuciones y refuerzos de recursos que resultasen necesarios. El informe concluye que, salvo en cuatro Comunidades, el resto no ha acometido de manera dirigida y coordinada esta planificación.

Ligado a lo anterior, uno de los retos más destacados al que se enfrentan las administraciones fiscalizadas para la ejecución del PRTR es precisamente la cobertura de las necesidades de personal para poder acometer su gestión. En este sentido, el informe recomienda incluir en la planificación estratégica un análisis que permita conocer las necesidades agregadas de recursos humanos para poder cubrirlas adecuadamente.

Además, el Pleno recomienda a los gobiernos de las Comunidades y Ciudades Autónomas publicar en los sitios webs autonómicos dedicados al PRTR información detallada y actualizada sobre la ejecución de los fondos. El informe concluye que resulta necesario mejorar la transparencia en la gestión de los fondos europeos, máxime cuando se está entrando en las fases centrales de su ejecución. En este sentido, si bien todas las CCAA habían habilitado espacios web propios sobre el PRTR, resulta preciso ir completando la información ofrecida a través de estos canales ya que en 2022 únicamente ocho Comunidades habían publicado en los mismos los datos referidos a los importes que habían ejecutado en su ámbito, sumándose otras dos comunidades en 2023. El informe también recomienda la publicación en tales sitios web de información sobre las convocatorias y licitaciones, presentes y futuras, como medida para fomentar la concurrencia.

Esta fiscalización se ha desarrollado en estrecha colaboración entre el Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos con el objetivo de disponer de una visión comparada y global sobre las medidas implementadas hasta el momento y poder identificar buenas prácticas e iniciativas relevantes.

Enlace al informe y al resumen.

El TCu actualiza hasta los 71.833 millones de euros el coste de la reestructuración bancaria 

 El Tribunal de Cuentas estima en 71.833 millones de euros el coste de los recursos públicos empleados durante el proceso de reestructuración bancaria hasta el 31 de diciembre de 2021. Del coste de los recursos públicos empleados 50.622 millones de euros corresponden al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y 21.273 millones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), importes que se reducen en 62 millones generados por el Banco de España al haber sido superiores los intereses y comisiones percibidos a los gastos que ha asumido en el proceso de reestructuración.

Estos son algunos de los principales resultados que recoge el Informe de Fiscalización de las actuaciones del FROB y del Banco de España en la fusión entre Caixabank y Bankia y de la situación del proceso de reestructuración bancaria a 31 de diciembre de 2021 que ha aprobado el Pleno.

A lo largo del periodo fiscalizado, el FROB había recuperado a través de distintas actuaciones judiciales un total de 40 millones de euros por ingresos derivados de sentencias y costas. Por su parte, el FGDEC había ingresado 14 millones por uno de los procedimientos judiciales iniciados en su día por el FROB contra directivos de otra entidad financiera.

El informe establece que el Banco de España y el FROB han cumplido de forma adecuada la normativa en relación con el proceso de fusión de Bankia y Caixabank, perfeccionada en marzo de 2021, y la operación de fusión se ha desarrollado, en todas sus fases, con arreglo a la normativa aplicable.

El informe también señala que las actuaciones de seguimiento y de control por parte del FROB de la gestión de las entidades participadas BFA, Bankia y Caixabank (esta última tras la fusión) han sido adecuadas.

Por lo que respecta a las actuaciones de seguimiento y control de desinversión en BFA/Caixabank, el informe establece que presentan una oportunidad de mejora. En su valoración global señala que, “con el objeto de maximizar la recuperación de las ayudas públicas concedidas, el FROB dispone de una estrategia de desinversión de las acciones de CaixaBank a través del Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Con esta misma finalidad el FROB debería elaborar un análisis de las distintas opciones de actuación de las que dispondrá en relación con BFA”.

 Este informe de fiscalización es el cuarto que realiza el Tribunal de Cuentas sobre el proceso de reestructuración bancaria. Los motivos han sido la conveniencia de actualizar el coste, la formalización de la fusión de Bankia con Caixabank y la conveniencia de realizar un seguimiento de las recomendaciones anteriores.

El informe concluye que el coste total estimado de la reestructuración bancaria no puede considerarse definitivo a causa de posteriores operaciones que podrían suponer un alza o una disminución del importe global.

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El TCu aprueba un informe de fiscalización “exprés” sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de incendios forestales

 Madrid, 27 de mayo

España registró durante el verano de 2022 un considerable aumento del número de grandes incendios forestales (GIF). Se quemaron 267.947 hectáreas, un 214 % más que el año anterior. Esta situación vino motivada por la sucesión de tres olas de calor, un año hidrológico seco y temperaturas en suelo superiores a los 40 grados centígrados.

Tras constatar la situación de emergencia, el Gobierno de España aprobó el 1 de agosto de 2022 el Real Decreto-ley 15/2022 que incluía modificaciones en la Ley 43/2003 de Montes. Dicho Real Decreto-ley otorgaba a las Comunidades Autónomas un plazo de cinco meses (hasta el 31 de diciembre de 2022) para elaborar y aprobar un Plan Anual de Prevención que, entre otros aspectos, incluyera diez medidas de prevención de incendios forestales.  

El Tribunal de Cuentas consideró conveniente efectuar una fiscalización “exprés” con el objetivo de constatar el cumplimiento de las medidas urgentes ordenadas por el Gobierno, contribuyendo a que las Comunidades Autónomas fiscalizadas (en esta ocasión, Extremadura y Cantabria) adoptaran las medidas correctoras oportunas en el ámbito de la prevención de incendios forestales, antes del periodo de riesgo de 2023.

El Pleno ha aprobado el Informe de fiscalización ¿Han adoptado las Comunidades Autónomas de Cantabria y Extremadura sus Planes de Prevención, Vigilancia y Extinción de incendios forestales a las condiciones actuales de expansión y desestacionalización de incendios?

Respecto a la Comunidad Autónoma de Cantabria el informe concluye el incumplimiento de la obligación de elaborar un Plan Anual de Prevención prevista en el Real Decreto-ley. No obstante, Cantabria cuenta con otros instrumentos de planificación de la prevención de incendios forestales de carácter plurianual.

En el caso de Extremadura el informe concluye que esta Comunidad Autónoma sí aprobó el Plan Anual de Prevención, si bien en el mismo no se incluyeron algunas de las medidas contempladas en la modificación de la Ley de Montes. 

El informe establece que Extremadura incluyó en su Plan Anual de Prevención seis de las diez medidas previstas. Respecto a Cantabria, dos de las medidas ya estaban incluidas en instrumentos de prevención previos, dos no estaban recogidas, tres estaban contempladas en normas autonómicas y las tres restantes se habían previsto parcialmente.

El Tribunal de Cuentas recomienda a la Comunidad de Cantabria adoptar en el menor plazo posible las medidas oportunas para el desarrollo de la acción prevista en su instrumento de prevención plurianual, relativa a la elaboración e implementación de los Planes Anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios.

Además, el Tribunal de Cuentas recomienda a Cantabria y a Extremadura iniciar los procedimientos necesarios para incluir de forma expresa en sus Planes Anuales de Prevención todas las medidas previstas en los reformados artículos 48.4 y 48.5 de la Ley de Montes, aun cuando medidas similares figuren reguladas en su normativa autonómica o en otros instrumentos de planificación.

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El Pleno aprueba el Informe de Fiscalización del Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020

 El Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 se presentó en el Ministerio de Cultura en mayo de 2017. Entre sus propósitos figuraba incrementar el gusto por los libros y la mejora de los índices de lectura y entre sus objetivos figuraba la promoción de los hábitos lectores, el refuerzo de las bibliotecas o el fortalecimiento del sector del libro, entre otros. Los planes de fomento de la lectura están planteados como instrumento cuatrienal y hasta la fecha han existido cuatro: 2002-2004 “Leer te da más”, 2005-2008 “Si tú lees, ell@s leen”, 2017-2020 “leer te da vidas extra” y 2021-2024 “Lectura Infinita”.

 El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización del Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 y su incidencia en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo del informe ha sido verificar si las medidas desarrollas para la ejecución de las líneas estratégicas del Plan, así como su seguimiento y valoración, han sido acordes con los objetivos previstos por el Ministerio de Cultura.

 El informe concluye que el Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 presenta deficiencias en su diseño puesto que no se detallan los recursos económicos y personales que serían necesarios para su ejecución, ni un calendario de actuaciones, ni un esquema válido de indicadores y mecanismos para su evaluación. El Plan 2021-2024 presenta las mismas deficiencias en su diseño.

Durante la fiscalización se ha constatado que la ejecución del Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 se ha reducido principalmente a una continuación de las acciones que, de forma recurrente ya estaba realizando la Dirección General del Libro y las Letras, sin que el Plan haya sido su marco de referencia.

No obstante, pese a esta falta de concreción y valoración económica del Plan, el Tribunal de Cuentas ha realizado una estimación de la magnitud de créditos empleados en su desarrollo, concluyendo que, en los cuatro ejercicios analizados, la actividad ejecutada en desarrollo del Plan habría supuesto, al menos, 17,58 millones de euros. De este importe, el 98 % corresponderían a subvenciones destinadas a financiar iniciativas de fundaciones, asociaciones y ONG por su participación en ferias del libro, festivales literarios y otros eventos, de edición de libros y revistas y de bibliotecas municipales.

En el análisis de dos de las líneas de subvenciones se han detectado deficiencias tales como el establecimiento de criterios para la evaluación de los proyectos y selección de los beneficiarios muy generales y, en su mayoría, subjetivos, la falta de instrucciones o manuales para la comprobación de la justificación o la ausencia de un régimen de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos de las subvenciones.

El informe concluye que no se ha realizado ningún estudio ni seguimiento de la ejecución del Plan, a pesar de que el mismo disponía que se haría con carácter anual, por lo que ha sido imposible determinar si los objetivos previstos en el mismo se han visto cumplidos o no.

Como consecuencia de las deficiencias observadas, el informe de fiscalización recomienda diseñar programas y líneas de actuación más precisos que contemplen los plazos de ejecución, la dotación presupuestaria y la asignación directa de responsables para su ejecución, así como la elaboración de un sistema de indicadores bien definidos y un sistema de medición y evaluación de estos, para realizar un seguimiento y control de los planes de fomento de la lectura que permita detectar las desviaciones y medir la consecución de los objetivos.

El informe también recomienda incluir en los PFL, además de una referencia los ODS a los que afecta, una referencia a las metas e indicadores, así como las actuaciones propuestas para su consecución. Respecto a los indicadores referidos a la competencia lectora, se pone de relieve que existe un gran retraso en su elaboración y publicación, siendo los últimos de 2018, los cuales reflejan una reducción de dicha competencia.

Enlace al informe y al resumen.

El TCu formula una serie de recomendaciones a la Fundación Thyssen-Bornemisza

 El Pleno ha aprobado el Informe de fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza (FCTB), ejercicio 2020. El informe fiscaliza la gestión económico-financiera de la Fundación y establece una serie de recomendaciones entre las que figura la adopción de medidas que aseguren que los préstamos de obras de arte de la Colección Permanente y de la Colección Carmen Thyssen Bornemisza respeten con rigor lo establecido en los Estatutos en materia de número de obras prestadas y de plazo de préstamo. Además, recomienda evitar que el Consejo Asesor pueda tener capacidad decisoria sobre las prórrogas de préstamos ya que esta competencia está reservada al Patronato.

El Tribunal de Cuentas recomienda a la FCTB intensificar el esfuerzo en el cumplimiento de la normativa contable y justificar la necesidad e idoneidad de los contratos y la insuficiencia o falta de idoneidad de los recursos internos. Además, recomienda elaborar una plantilla realista. 

La Fundación Thyssen-Bornemisza es una fundación del sector público estatal encargada de albergar la Colección Permanente Thyssen-Bornemisza adquirida por el Estado en 1993 y la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza que en 2002 estaba regulada por un contrato de préstamo gratuito y en la actualidad por un préstamo remunerado.

Por este motivo, el informe también recomienda al Ministerio de Cultura introducir mecanismos de control sobre la cuantía del déficit dotable estimada por la FCTB en sus presupuestos iniciales, a fin de incrementar o reducir la dotación ante la eventual existencia de variaciones sustanciales en los fondos de tesorería que vayan conociéndose a lo largo del ejercicio.

 Enlace al informe y al resumen.

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Yolanda López Ribera
Directora de Comunicación
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