Inicio / es/ Comunicación y Espacio Divulgativo / El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, ejercicio 2017

Comunicación y Espacio Divulgativo

Nota de Prensa Temas sala de prensa Gestión y control Ingresos y gastos

El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, ejercicio 2017

24/01/2020

Informe realizado a iniciativa de la Institución

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, EJERCICIO 2017

Madrid, 23 de enero de 2019.- Esta fiscalización, de carácter integral, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas y que ha sido realizada a iniciativa de la Institución, ha tenido entre otros objetivos los siguientes: comprobar si la gestión económica y financiera de la Gerencia se ha reflejado adecuadamente en el sistema contable del mismo; así como la fiabilidad y representatividad de la información contenida en las cuentas rendidas, de acuerdo con los principios y criterios contables que resultan de aplicación; evaluar su sistema de control interno; examinar si la gestión de la Gerencia se adecua a los principios de eficacia, eficiencia y economía. Asimismo, esta fiscalización ha analizado el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; de las prescripciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y de la normativa sobre sostenibilidad ambiental, en todo aquello en que lo dispuesto en estas regulaciones pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) es un organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad dependiente del Ministerio del Interior, cuyas actividades principales son: la obtención de recursos, mediante la enajenación de inmuebles puestos a su disposición por el Ministerio del Interior o a través de cesiones de inmuebles por parte de otras entidades, y la ejecución de inversiones de infraestructuras para la Seguridad del Estado.

Tras la fiscalización, el Informe recoge entre otras conclusiones las siguientes:

En cuanto a la rendición de cuentas, el organismo rindió, en tiempo y forma, sus cuentas correspondientes a 2017. No se han presentado limitaciones para el normal desarrollo de las comprobaciones programadas en la fiscalización y el personal de la GIESE ha prestado toda la colaboración que le ha sido requerida por el Tribunal.

En el análisis del sistema de control interno de la GIESE, se pone de manifiesto que el sistema de contabilización de las operaciones en el ámbito de gestión patrimonial se basa en criterios  que el Tribunal no considera adecuados. Con independencia de lo anterior, el análisis del sistema de control interno sobre la gestión interna del organismo se considera suficiente y fiable.

El Tribunal de Cuentas considera que los estados financieros de la Gerencia correspondientes al ejercicio 2017 reflejan adecuadamente la situación financiera de la entidad fiscalizada, así como los resultados de sus operaciones, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo, excepto por las salvedades que se indican en el informe, derivadas en su mayor parte del criterio contable seguido por el organismo para ciertas operaciones patrimoniales, que el Tribunal no considera adecuado.

El remanente de Tesorería calculado al cierre de cada ejercicio presenta un incremento sostenido desde 2013 hasta 2017, siendo de 3,5 millones de euros en el primero de estos años y de 24,8 millones, en el último. Este aumento se deriva de un exceso de prudencia de la GIESE, en la programación y ejecución de las inversiones, y que condiciona la gestión del organismo y el ejercicio de sus competencias; lo que podría perjudicar su nivel de eficacia.

La liquidación del presupuesto de gastos de la GIESE de 2017 presenta un grado de ejecución del 17,2% debido principalmente al capítulo de “Inversiones reales”, con un grado de ejecución del 11,7%, y de los créditos al de “Transferencias de capital” que no han llegado a ejecutarse. En este punto, el Informe señala que esta desviación en la ejecución del primero de estos capítulos, vienen repitiéndose desde 2013 hasta 2017 (grado de ejecución entre el 4,5% y el 12,4%), mientras que en el periodo 2010-2012 la ejecución superaba el 46%, sin que se hayan adoptado medidas para solventar esta situación.

En cuanto al presupuesto de ingresos de 2017, se reconocieron derechos por 12,8 millones de euros, de los cuales 10,1 millones corresponden al capítulo “Enajenación de inversiones reales”. En ejercicios anteriores, desde 2010, el grado de ejecución de los ingresos previstos en el citado capítulo es similar al de los gastos (del 7,4% al 20,4%).

La plantilla de personal del organismo, a 31 de diciembre de 2017, era de 27 funcionarios y un laboral (once pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil y siete al Cuerpo Nacional de Policía). El Informe señala que, tras el examen la totalidad de los expedientes de personal y la acreditación y pago de las retribuciones en las nóminas, así como los pertinentes descuentos, no se han observado deficiencias significativas.

De acuerdo con la información facilitada por la GIESE, en el ejercicio 2017 estaban vigentes en el organismo 30 contratos administrativos de gasto (8 de obras, 7 de suministros y 15 de servicios). De estos, los 21 más relevantes -que suman el 98% de los importes de adjudicación-, se engloban en cinco actuaciones de inversión, todas ellas de rehabilitación e iniciadas en ejercicios anteriores. En 2017 no se inició ninguna actuación inversora de importancia. Tras el análisis de todos los expedientes de contratación, el Informe concluye que no se han observado deficiencias significativas, salvo retrasos en los plazos de ejecución de las obras, bajas de licitación desproporcionadas (en torno al 40%) y liquidación de los contratos con incrementos sobre el precio adjudicado lindantes con el límite del 10% admitido por la normativa contractual.

Por lo que se refiere a la eficacia y eficiencia de la gestión, el Informe destaca la ausencia de planificación y de información básica sobre previsiones y resultados. Ante esa circunstancia, el Tribunal solo ha podido efectuar un análisis de eficacia limitado, con base, por una parte, en el presupuesto por programas y, por otra parte, en los datos incluidos en las actas del Consejo Rector, de los que se pueden deducir ciertos objetivos e indicadores implícitos.

El programa presupuestario en el que participa la GIESE es el 132.A “Seguridad Ciudadana”, junto con la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil, siendo relevante su participación en el programa del capítulo “Inversiones reales” (el 11,9% de los créditos iniciales).

Tanto en términos de créditos comprometidos, como de obligaciones reconocidas, ambos indicadores presentan un importante descenso desde 2010.

Los créditos comprometidos anualmente caen desde los 20,1 millones en 2010 hasta alcanzar un mínimo de 0,8 millones en 2014, recuperándose muy ligeramente en ejercicios posteriores. La ejecución en términos de obligaciones reconocidas se mantiene en niveles muy bajos (entre el 4,5% y el 12,6%), siendo el promedio de 2013-2017 de solo el 9%. No cabe achacar estos bajos porcentajes de ejecución a la insuficiencia de recursos de tesorería, puesto que estos han aumentado considerablemente en el periodo. De todo ello resulta un grado de eficacia de la GIESE muy bajo en el periodo considerado, en el ejercicio de sus competencias de ejecución de inversiones para la Seguridad del Estado.

El organismo presenta un total de recursos generados en el periodo 1999-2017 de 270,9 millones de euros, procedentes de: ingresos ordinarios por enajenación de inmuebles (219 millones de euros); y de ingresos extraordinarios (51,9 millones procedentes del ingreso en 2004 de 23,2 millones de euros procedentes de la extinción del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil y de 28,7 millones de financiación de inversiones por el FEDER).

Por lo que se refiere a la enajenación de inmuebles, a partir de 2008 se aprecia una importante disminución en el número de inmuebles enajenados, lo que se traduce en cifras totales de ingresos en constante caída. Ahora bien, al contrario de lo que ocurre en el caso de la ejecución de inversiones, que únicamente dependen de la eficacia de gestión del organismo, en el caso de las ventas de inmuebles hay que considerar la situación del mercado inmobiliario, que a partir precisamente de 2008 ha sufrido una importante contracción.

En cuanto a la aplicación de los recursos obtenidos en el mismo periodo, 1999-2017, la inversión fue de: 62,9 millones de euros, compras de inmuebles; y 174,4 millones en obras de inversión. Por lo que respecta al periodo 2000-2009 se gestionaron, por los dos tipos de operaciones, un volumen total de 231,7 millones de euros (media anual de 23,2 millones), mientras que en el periodo 2010-2017 el mismo dato fue de solo 5,6 millones (media anual de 0,7 millones).

En relación con el cumplimiento de las normativas sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la fiscalización concluye que, en el caso de la primera, la fiscalización no ha detectado incidencias de relevancia; en cuanto a la segunda, observa ciertos incumplimientos por parte del organismo, destacando la inexistencia de un portal propio de transparencia, la falta de publicación de algunas informaciones exigidas por la Ley y la falta de un procedimiento para garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.

A la vista de los anteriores resultados, el Tribunal incluye en su Informe, entre otras, las siguientes recomendaciones:

  • A la Secretaría de Estado de Seguridad que fortalezca la coordinación de los órganos intervinientes en la gestión de las infraestructuras de la Seguridad del Estado (GIESE, Dirección General de la Guardia Civil y Dirección General de la Policía), en las sucesivas etapas de programación y ejecución de las inversiones, formalizando al efecto, con anterioridad a la tramitación de las mismas, los oportunos programas plurianuales con participación y conocimiento de los citados órganos gestores, que regulen desde el inicio los aspectos más significativos de las mismas, como la financiación, los responsables de su ejecución, los costes y plazos previstos, el seguimiento, etc.
  • A la GIESE que subsane las deficiencias de control interno y de gestión señaladas en el presente Informe, y en especial las relativas a los criterios y procedimientos de registro contable de las operaciones de gestión patrimonial. Asimismo, el Tribunal recomienda a la Gerencia la creación y mantenimiento en su página web, incluyendo su propio portal de transparencia, al objeto de cumplir debidamente las obligaciones de información pública sobre los aspectos esenciales del organismo. Dicha página, además, debería servir para potenciar la gestión de las enajenaciones, incrementando la información pública sobre los inmuebles en venta.
  • A la GIESE y a la Secretaría de Estado de Seguridad que ponga la puesta en práctica de un sistema de planificación adecuado a las competencias del organismo, que parta del conocimiento riguroso del estado de las infraestructuras de Seguridad del Estado y del estudio de las necesidades y prioridades de actuación sobre las mismas, estableciendo objetivos concretos, indicadores adecuados y demás requisitos exigibles para la adecuada programación de su actividad, tanto en el ámbito de las enajenaciones y otros recursos, como en el de los proyectos de inversión, atendiendo de forma realista y eficaz a las posibilidades de gestión del organismo.
  • A la IGAE que tramite una modificación del Plan General de Contabilidad Pública en cuanto a la regulación del movimiento de la cuenta 370 “Activos construidos o adquiridos para otras entidades”, a fin de subsanar tanto las disfunciones contables que provoca como sus discrepancias con las cuentas que registran las transferencias en especie.

El contenido del presente Informe (nº1.347) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:
Marisol Gálvez 
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es

¿Qué estás buscando?