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El Pleno aprueba el informe de fiscalización del Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021
Madrid, 24 de julio de 2024
El Pleno ha aprobado el Informe de fiscalización de las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2018-2021. Con este informe el Tribunal de Cuentas impulsa la fiscalización de las grandes políticas públicas y de impacto social.
Las CCAA tienen asumidas las competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, sin perjuicio de las competencias que asimismo corresponden a las entidades locales. Sin embargo, corresponde al Estado la dirección de la política general en relación, en este caso, con el sector de la vivienda a través del Plan Estatal de Vivienda. Así, pues, el Informe abarca exclusivamente las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación realizadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 dispuso de 1.872 millones de euros, de los que 1.473 correspondían a la financiación estatal (el 78,70%) y 398 a la cofinanciación por las CCAA (el 21,30%).
Entre los resultados más relevantes el informe detecta la existencia de una desconexión entre el PEV 2018-2021, como principal estrategia nacional en materia de vivienda, y las correspondientes estrategias nacionales para la implementación de la Agenda 2030. relacionadas con este ámbito, situación que se mantiene en la actualidad.
El informe refleja diversas debilidades en la planificación y diseño del Plan, derivadas, especialmente, de su desconexión con las estrategias nacionales para la implementación de la Agenda 2030 y de una insuficiente coordinación y cooperación entre los agentes implicados como son el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y el Tercer Sector. Estas debilidades afectan a la coherencia del Plan, y propician la falta de homogeneidad de criterios en la aplicación de las medidas en materia de vivienda por las diferentes CCAA, incrementando el riesgo de que se produzcan desigualdades.
Por otro lado, el informe concluye que los objetivos definidos en el PEV 2018-2021 no estaban cuantificados lo que dificulta la adopción de medidas correctoras en caso de desviaciones o la imposibilidad de diseñar, adecuadamente, futuras estrategias en materia de vivienda.
Además, los plazos previstos para la ejecución de las actuaciones de los distintos planes se extendieron más allá de los cuatro años correspondientes a su vigencia y fueron objeto de prórrogas sucesivas. Esta situación propicia que los diferentes planes se solapen entre sí (de hecho, en 2024 permanecían vivos tres planes: PEV 2013-2016, PEV 2018-2021 y PEAV 2022-2025), lo que no solo dificulta las actuaciones de seguimiento de la Administración General del Estado sobre la ejecución de los programas de ayudas por las CCAA, sino que impide hacer una evaluación del impacto de las ayudas correspondientes a cada Plan al finalizar su vigencia.
El procedimiento establecido para que el MITMA efectuara el seguimiento de la efectiva ejecución por las CCAA de los programas en los que se estructuró el Plan 2018-2021, adolece de múltiples deficiencias que se analizan en el informe.
El informe realiza una serie de recomendaciones dirigidas al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que este coordine los futuros planes estatales de vivienda con las demás estrategias que inciden en este tema, en particular, con la Estrategia de Desarrollo Sostenible y que refuerce la cooperación y coordinación interadministrativa con el fin de alcanzar un enfoque integral de la política de vivienda y una participación real de los diferentes niveles de la Administración y de los distintos actores interesados.
Además, recomienda establecer un sistema de seguimiento efectivo de los planes de vivienda con objetivos y metas cuantificados, tablas de indicadores e informes periódicos de seguimiento, para diseñar los programas de actuación realmente ajustados al horizonte temporal de cuatro años y para emplear un mayor rigor en el seguimiento de los compromisos asumidos por las CCAA en los convenios de colaboración.