Aprobada la Declaración de la Cuenta General del Estado 2024

El Tribunal de Cuentas ha aprobado la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024 con una opinión favorable. No obstante, el Pleno manifiesta salvedades o incidencias e insta a su corrección.

Entre estas salvedades figura la sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado en 4.090,3 millones de euros por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos durante el ejercicio fiscalizado. Además, se pone de manifiesto la existencia de pagos a justificar pendientes de justificación o aprobación, por 1.627,1 millones de euros, que han superado los plazos establecidos en la normativa a estos efectos.

La Declaración hace referencia a otras incidencias, como las relativas a los inventarios de inmovilizado de la Administración General del Estado, la falta de registro contable de las aplicaciones informáticas desarrolladas con medios propios de la Seguridad Social o la incertidumbre en la valoración del inmovilizado material de RENFE Mercancías por valor de 371,6 millones de euros.

Además, se reflejan deficiencias en los deudores y en sus correcciones valorativas, tales como la sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios por 11.263 millones de euros, la infravaloración de deudores de la Seguridad Social, SEPE y FOGASA por 2.643,9 millones de euros, la falta de contabilización de los intereses de demora de las deudas por cuotas de la Seguridad Social por 781 millones de euros y la existencia de dudas razonables sobre la cobrabilidad de la deuda por cotizaciones sociales de las instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, objeto de moratoria desde 1995, por 672,3 millones de euros.

Efectos de la prórroga presupuestaria

La falta de presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 determinó que durante todo el ejercicio estuviesen en vigor los prorrogados de 2023, como consecuencia de lo cual ha existido una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria.

Tras la tramitación de las oportunas modificaciones presupuestarias, los créditos definitivos superaron en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, de los cuales el 95 % se tuvieron que financiar apelando a la variación del saldo vivo de la deuda, aunque el buen comportamiento de los ingresos permitió que dicha variación del saldo vivo de la deuda no alcanzase este importe.

Asimismo, la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del servicio 50 “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, al considerar que no comprometían el cumplimiento del PRTR ni la capacidad de absorción del MRR. A juicio del Tribunal, esta actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados, dado que existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes en el servicio 50, para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.

Deuda pública y deuda de la Seguridad Social

La Declaración también indica que el saldo del principal de la Deuda del Estado ascendía, a 31 de diciembre de 2024, a 1,46 billones de euros.

Asimismo, enfatiza que el balance de la Seguridad social recoge por octavo año consecutivo un patrimonio neto negativo (a 31 de diciembre de 2024, 106.138,7 millones de euros), financiado principalmente a través de préstamos del Estado cuyo importe acumulado en 2024 asciende a 126.170,2 millones de euros, un 7,91 % del PIB. El Tribunal de Cuentas viene advirtiendo sobre esta situación en las sucesivas Declaraciones, indicando la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del Sistema a medio y largo plazo.

Y también se destaca la existencia de un importante déficit estructural en el ámbito de la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, el cual alcanza los 2.677,3 millones de euros.

A la vista de lo señalado anteriormente, el Tribunal de Cuentas sugiere a las Cortes Generales que insten al Gobierno a la subsanación de las salvedades e incidencias señaladas y que, además, modifiquen la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas para poder elaborar la Declaración sobre la Cuenta General en el plazo más cercano posible al ejercicio al que se refiera. También se propone la adopción de medidas para resolver la situación del endeudamiento de la Seguridad Social.

La Declaración ha sido aprobada con un voto particular en contra y dos votos concurrentes explicativos, uno de ellos firmado por cuatro consejeros/as.

Más información en el Resumen y en la Declaración