APROBADO EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES CORRESPONDIENTES AL ÁREA ECONÓMICA DEL ESTADO

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE DETERMINADAS OPERACIONES O ÁREAS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES A ÓRGANOS U ORGANISMOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, QUE HAN SIDO OBJETO DE RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN AÑOS ANTERIORES

Madrid, 27 de enero de 2016.- El Pleno del Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de “Fiscalización de determinadas operaciones o áreas de gestión correspondientes a órganos u organismos pertenecientes al Área de la Administración Económica del Estado que han sido objeto de recomendaciones del Tribunal de Cuentas en años anteriores”.

Esta fiscalización ha contemplado el análisis de las operaciones, así como de los sistemas y procedimientos de gestión llevados a cabo por las entidades para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas o, en su caso, por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. El análisis se ha realizado sobre  catorce organismos autónomos que fueron objeto de fiscalización en informes anteriores dentro del ámbito temporal comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre 2013.

En sus conclusiones, el informe expone tanto aquellas que están relacionadas con el seguimiento de las recomendaciones del Tribunal, y que eran comunes a varios organismos, como aquellas que se derivan del estudio del seguimiento de las recomendaciones que, de forma específica, la Institución realizó a determinadas entidades.

En cuanto a las primeras, que el Tribunal considera que fueron satisfactoriamente cumplidas, en encuentran las siguientes:

1. De acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, por Real Decreto 401/2012 fueron suprimidos los organismos autónomos Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de Pesca y los Cultivos Marinos (FROM) y Parque de Maquinaria. La supresión se hizo efectiva el 1 de julio de 2012.
2. En sus informes de fiscalización sobre un total de 10 organismos, el Tribunal recomendaba adoptar las medidas que fueran necesarias para que en sus inventarios de inmovilizado se recogiera suficiente información de los elementos que incluían, así como su conciliación con los registros contables y todos aquellos otros datos que fueran necesarios para la gestión y control de estos bienes.

Todos los organismos afectados por la recomendación, excepto el Comisionado para el Mercado de Tabacos, han adoptado las medidas o están realizando las operaciones necesarias para migrar la información de sus inventarios al módulo de Gestión de Inventarios del sistema SOROLLA2, o están evaluando la conveniencia de utilizar este módulo proporcionado  por la IGAE, que reúne los requisitos para el registro de la información requerida por el Plan General de Contabilidad Pública.

1. En el área de personal de ocho organismos, el Tribunal realizó recomendaciones referidas, en su mayor parte, a la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios que habían sido contratadas por la Administración pudieran convertirse en personal laboral de la misma, en virtud de sentencia judicial, debido a las condiciones en las que se desarrollaba la actividad contratada, de acuerdo con la Moción sobre estos aspectos, aprobada por el Pleno el 26 de febrero de 2009.

En respuesta a esta recomendación, en diciembre de 2012, las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos dictaron unas “Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores”, para establecer los criterios comunes de aplicación para la correcta ejecución de los servicios externos contratados.

Desde la aprobación de estas Instrucciones, los organismos han resuelto esta situación -bien con su aplicación o con la aprobación de normas internas en consonancia con las mismas-, de tal forma que los contratos de servicios celebrados determinan con precisión las prestaciones que se deben realizar, quedando perfectamente diferenciadas de las tareas desarrolladas por los organismos, y que en ningún caso suponen el ejercicio de autoridad o de potestades administrativas que estos tienen asignadas.

Hay que señalar que no ha habido demandas ni reclamaciones judiciales, por el personal externo que trabaja en los organismos a los que se les hizo recomendaciones, de las que deriven pretensiones relativas a acceder a puestos de trabajo de carácter fijo.

Por su parte, entre las conclusiones más relevantes referidas al seguimiento de las recomendaciones específicas a determinados organismos, el informe destaca las siguientes:

1. Las incidencias de gestión que se ponían de manifiesto en el informe sobre el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), referido al ejercicio 1998, se consideran resueltas.
2. El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) ha contabilizado como inmuebles adscritos los que señalaba el informe del Tribunal de Cuentas, si bien figuran por un valor de adscripción de cero euros, al no constar en las actas de inscripción ningún importe, ni encontrarse incluidos en la relación de los bienes adscritos al organismo por la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Sin embargo, TURESPAÑA no ha cumplido las recomendaciones relativas a la necesidad de hacer más eficaces los sistemas y procedimientos establecidos para el cobro de los ingresos, ni a la de evitar grandes retrasos en la aprobación de las cuentas justificativas rendidas por las Oficinas de Turismo en el Exterior.

1. El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) han cumplido todas las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en sus informes referidos al ejercicio 2002. Si bien, con algunas excepciones. En el caso del CEDEX, este no ha implantado un sistema de costes para hacer el presupuesto y seguimiento de la ejecución de los convenios. En el caso de la OEPM, esta no ha llevado a cabo el ajuste a la realidad de las previsiones presupuestarias de ingresos y gastos, ni la inclusión del remanente de tesorería en el presupuesto de ingresos como recurso para financiar los gastos previstos.
2. En cuanto al Comisionado para el Mercado de Tabacos, en la fiscalización no se ha podido constatar, documentalmente, que este haya exigido a los adjudicatarios del software de gestión y de la realización del inventario físico, el cumplimiento de las especificaciones de sus ofertas y la realización del inventario de los bienes del organismo, tal y como se recomendaba en el informe del Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2006. En la actualidad, la aplicación informática no está en uso ni es accesible, al haber desaparecido del mercado la empresa que desarrolló el software y el organismo ha seguido manteniendo una presupuestación desequilibrada y acumulando importantes remanentes.
3. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (INMUJER) ha modificado toda su política relacionada con los convenios de colaboración. Esto ha tenido como resultado la extinción de la mayor parte de los convenios que tenía suscritos con entidades privadas, así como la consideración de las acciones contenidas en los mismos como más propias de la contratación o de la actividad subvencional.

Respecto de los convenios suscritos con entidades locales, para el desarrollo de programas singulares y específicos, el organismo ha establecido un protocolo, de tal forma que, anualmente, se produce un procedimiento de selección, siguiendo criterios objetivos y transparentes, que es publicado en la página web del Instituto.

En relación con la recomendación relativa a la publicidad en el BOE, el criterio seguido por el Instituto ha sido el de publicar únicamente los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas, por considerar que la Ley obliga exclusivamente a la publicación de tales convenios. No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el organismo publica en su página web los convenios suscritos.

1. La Confederación Hidrográfica del Tajo está trabajando en la identificación de todos sus bienes, así como en la revisión catastral de sus inmuebles. La Confederación, siguiendo la recomendación del Tribunal, ha regularizado la situación de varios de los inmuebles ocupados por comunidades de regantes, actualizando o, en algunos casos, haciendo un nuevo título jurídico concesional que permita la ocupación del bien inmueble con plenas garantías jurídicas y de acuerdo con la actual legislación en materia patrimonial. 

Finalmente, en relación con el cumplimiento general de las recomendaciones, el informe concluye que: el 47% de ellas han sido cumplidas de forma adecuada; un 34% pueden considerarse parcialmente cumplidas; y un 19% no han sido cumplidas. No obstante, en el caso de siete de las recomendaciones (un 8%), la falta de cumplimiento puede deberse a que no se ha tenido tiempo suficiente para su aplicación.

Como conclusión general, aunque se han adoptado y aplicado las medidas recomendadas en los informes en un porcentaje significativo, el hecho de que casi una quinta parte de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas no se haya atendido y una tercera parte solo lo haya sido parcialmente, lleva a considerar que el cumplimiento de dichas recomendaciones no ha sido plenamente satisfactorio.                                         

El contenido íntegro de este Informe, que se ha elevado a las Cortes Generales, se encuentra publicado en la página web del Tribunal (www.tcu.es)

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Marisol Gálvez

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