APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2010-2011

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión de 27 de marzo de 2014, ha aprobado el “Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2010 y 2011”.
La fiscalización se ha llevado a cabo en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y ha tenido por objeto el control de la gestión y de la actividad económico-presupuestaria desarrollada por la Universidad de Extremadura durante los ejercicios fiscalizados y su adecuación a los principios de legalidad, economía y eficiencia.
En el Informe se realiza un examen sobre los cambios legislativos más significativos acaecidos en la normativa aplicable a las Universidades, en especial, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los cuales vienen motivados, por un lado, por la armonización de los sistemas educativos superiores, en el marco del proceso denominado “Declaración de Bolonia”, por el que se sientan las bases del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); y, por otro, por la necesidad de introducir elementos de racionalidad y eficiencia en la prestación de este servicio público que coadyuve a la consecución del equilibrio presupuestario compatible con el objetivo de estabilidad presupuestaria.
El Informe, después de describir los aspectos más relevantes de la organización y del control interno de la Universidad, recoge los resultados más significativos de la actividad desplegada por la misma, tanto desde el punto de vista de su gestión económica y financiera con un lugar destacado respecto del presupuesto aprobado, sus modificaciones y ejecución, el remanente de tesorería y los resultados presupuestarios obtenidos , como desde el punto de vista de la actividad docente e investigadora, analizando una serie de indicadores relevantes y su respectiva evolución. En relación con estos ejercicios se ha dado un tratamiento especial a cuestiones relacionadas con el personal, su normativa conformada por la concurrencia de competencias repartidas entre el Estado y la Comunidad Autónoma, la aplicación de las normas estatales y autonómicas de reducción del déficit por la vía de la contención del gasto de personal y otros aspectos no menos relevantes derivados de los instrumentos de gestión contenidos en aquellos acuerdos propios de la negociación colectiva alcanzados por los órganos rectores de la Universidad y, finalmente, el importante apartado dedicado a la contratación.
El Informe termina con una serie de conclusiones y recomendaciones derivados de los citados resultados de fiscalización.
El contenido del Informe podrá ser consultado a partir de los próximos días en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).