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APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III
La fiscalización realizada a iniciativa del Tribunal analiza los ejercicios 2012 y 2013
EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III
Madrid, 19 de mayo de 2015.- El Pleno de Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), de los ejercicios 2012 y 2013.
El CNIO es una fundación del sector público estatal de las contempladas en la Ley General Presupuestaria y en la Ley de Fundaciones, que se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad a través del Organismo Autónomo Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Su objeto es el fomento de la investigación oncológica y, en cuanto a sus recursos económicos, éstos provienen, principalmente, de las subvenciones de explotación y de capital de entidades públicas y privadas, de las que aproximadamente el 50% corresponden a las del Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto de Salud Carlos III.
Según recoge la cuenta de resultados del ejercicio 2013, la Fundación cuenta con unos ingresos totales de 53 millones de euros, de los que 47 millones corresponden al importe de las subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio; y 5 millones a las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil por los servicios de investigación de la Fundación. Entre los gastos, destacan los de personal, que ascendieron a 19 millones de euros y los de la actividad ordinaria, por importe de 11,5 millones, que corresponden prácticamente en su totalidad a servicios exteriores, El excedente del ejercicio 2013 tuvo un resultado positivo, después de ingresos y gastos financieros, de un millón de euros, frente a un resultado negativo de 5 millones de euros en 2012.
Las cuentas anuales del CNIO correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013 reflejan, en sus aspectos significativos, la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y de los resultados de ambos ejercicios, de acuerdo con los principios y criterios contables que le eran de aplicación, excepto por que la Fundación no dotó en los ejercicios fiscalizados provisión alguna por las posibles indemnizaciones por finalización de contratos temporales, o por la superación de los plazos legales para este tipo de contratación, que afecta al 64% de la plantilla de la Fundación. A principios de 2014, la propia Entidad reconoció que dichas indemnizaciones podrían alcanzar en los próximos ejercicios un importe de 1,4 millones de euros.
Entre las restantes conclusiones, la fiscalización señala la excesiva utilización que la Fundación realiza de los contratos menores. En total, se efectuaron 60.949 contratos menores entre los dos años fiscalizados, por un importe de 24 millones de euros, lo que representa el 67,78% del total contratado. El Informe señala también que no existe, desde 2009, de un Acuerdo laboral que regule las tablas salariales, conceptos retributivos y beneficios sociales de los distintos tipos de personal y categorías. Se destaca, asimismo, la existencia de un importe pendiente de regularizar correspondiente a retribuciones cobradas en exceso por dos directivos, debido al retraso en la adaptación de tales retribuciones a la normativa aprobada en 2012.
La Fundación dispone de un Código de Conducta aprobado por el Patronato el 19 de julio de 2013, de acuerdo con el modelo establecido por la CNMV. Se ha comprobado que, con carácter general, las inversiones financieras de la Fundación se realizan conforme al referido Código de Conducta, si bien se han detectado algunas imposiciones por el mismo importe y para el mismo plazo con distinto tipo de interés, no habiéndose seleccionado la oferta más ventajosa.
El Plan de Viabilidad de la Fundación para el periodo 2013-2016, aprobado por el Patronato el 17 de diciembre de 2012, logró en el primer año de su puesta en marcha la corrección del resultado negativo obtenido en 2012 y la tendencia a la disminución de sus saldos de tesorería, que se venía poniendo de manifiesto desde 2009. Las medidas adoptadas en relación con la disminución de gastos en aprovisionamientos y, especialmente, el logro de los objetivos de reducción de personal en los primeros meses de 2014, acordada con los sindicatos con fecha de 20 de diciembre de 2013, han dado lugar a unas previsiones de mantenimiento de los resultados positivos. No obstante, continúa el riesgo de deterioro de los resultados en función de la evolución de las subvenciones competitivas y de mecenazgo en los próximos ejercicios, y de la capacidad de la tesorería no comprometida en la financiación de los proyectos de investigación, para atender los pagos anuales de la deuda por los préstamos reembolsables de la Entidad.
Entre las principales recomendaciones dirigidas a la Entidad fiscalizada, a partir de los resultados del Informe, se encuentran las siguientes:
La necesidad de que elabore y presente anualmente, junto con las cuentas anuales, el plan de actuación previsto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.
En cuanto a los contratos, el Tribunal recomienda que disponga de un procedimiento objetivo para la valoración de las diferentes ofertas presentadas en las Solicitudes de Ofertas, ligadas a contratos menores; así como que acumule, en lo posible, las órdenes de compra de productos similares, para efectuar su adquisición siguiendo los procedimientos de las Instrucciones Internas de Contratación, tendiendo a disminuir, de esta forma, la figura del contrato menor.
Se recomienda, además, que tome las medidas oportunas para poder disponer, en el plazo más breve posible, de un Acuerdo laboral que regule las condiciones retributivas y complementos salariales de su personal; que revise las funciones del Director y del Gerente, aprobando instrucciones escritas sobre las funciones relativas a la gestión, supervisión y utilización de fondos: y que finalice los trabajos necesarios para disponer de un Plan Director de Seguridad y realice la auditoría contemplada en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, así como que finalice la adecuación de sus sistemas de información a lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad.
El contenido íntegro de este Informe, que se ha elevado a las Cortes Generales, se encuentra publicado en la página web del Tribunal.
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Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
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