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APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2012
EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, 2012
Madrid, 8 de abril de 2015. El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2012”, iniciativa que se incluyó en el Programa de Fiscalizaciones de la Institución tras la supresión de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad.
La fiscalización tiene como objetivos específicos: verificar el cumplimiento por las entidades locales de la Comunidad del deber de remitir al órgano fiscalizador la documentación contractual que establece la normativa –la relación anual de contratos y un extracto del expediente de los contratos celebrados en el ejercicio-, así como analizar la observancia de los requisitos legales en la contratación formalizada en 2012.
En el examen del cumplimiento de dichos requisitos en las distintas fases de preparación, adjudicación, afianzamiento, formalización y ejecución de los contratos se ha verificado tanto su adecuación formal y material a la normativa aplicable, señalándose las incidencias producidas, como las repercusiones y la coherencia de las prácticas de las entidades con los principios específicamente aplicables a la contratación y, en general, con los exigibles en el ejercicio de la gestión pública, y cuya observancia debe ser un empeño permanente para las entidades públicas al resultar esenciales para conseguir actuaciones solventes y eficientes.
El Informe señala entre sus conclusiones que sólo el 31% de las entidades locales de Castilla-La Mancha había efectuado en plazo la remisión de la documentación contractual requerida por las normas, porcentaje que se incrementó hasta el 91% tras el Plan de Actuaciones llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas durante el segundo semestre de 2014 para promover su envío.
Entre las incidencias que se recogen en el Informe figuran la no constancia en diversos expedientes de los documentos justificativos de la necesidad de la contratación; la existencia de deficiencias en el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, fundamentalmente, en lo que se refiere a la adecuada determinación de los presupuestos y del objeto de los contratos, y a la fijación de criterios de valoración de las ofertas claros y precisos; así como la emisión de informes jurídicos y de intervención meramente descriptivos. Se destaca igualmente que, en ocasiones, los informes de valoración de las ofertas no recogían de manera suficiente la motivación de la valoración efectuada, y que en los contratos adjudicados mediante procedimientos abiertos con múltiples criterios de adjudicación se ponderaban escasamente las bajas económicas de las ofertas. También se aboga en el Informe por una mejor justificación de los fraccionamientos de los contratos y de la utilización de la tramitación de los expedientes por el procedimiento de urgencia.
Respecto de los contratos de obras y de gestión de servicios públicos se aprecian deficiencias en las actuaciones preparatorias que les son propias y que, con frecuencia, redundaron en demoras y ampliaciones no justificadas de los plazos de ejecución y en retrasos en los pagos.
Con carácter general, las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no hicieron uso de las previsiones contenidas en la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, al no establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos a las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad o condiciones especiales de ejecución con el fin de promover dicha igualdad en el mercado de trabajo, recomendándose específicamente la promoción de estos instrumentos.
Se indica en el Informe que, además de los incumplimientos legales que las incidencias señaladas representan, estas prácticas no contribuyen a hacer efectivos los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia en la contratación, ni los de economía, eficacia y eficiencia propios de la gestión pública.
El Tribunal de Cuentas incluye en el Informe una serie de recomendaciones para contribuir a la mejora de la contratación, en particular, promueve el establecimiento por las entidades locales de mecanismos que impulsen y garanticen el envío regular al Tribunal de Cuentas de la información relativa a su actividad contractual, la observancia de una mayor precisión en la preparación y tramitación de los expedientes de contratación y de más vigilancia y control de su ejecución, así como el reforzamiento de los principios de economía, diligencia y eficiencia en la gestión del gasto derivado de las contrataciones.
El contenido íntegro de este Informe, que se ha elevado a las Cortes Generales, se encuentra publicado en la página web del Tribunal.
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Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
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