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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

El control del Tribunal de Cuentas y los OCEX sobre la contratación pública

15/10/19

Primera jornada del curso sobre la Ley de Contratos del Sector Público, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla

EL CONTROL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y LOS OCEX SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

  • En relación con la detección de indicios de responsabilidad contable, el Fiscal-Jefe de la Institución destacó la importancia de la exigencia a las entidades públicas de la justificación de la contratación, así como el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia, “por cuanto permiten establecer la existencia de perjuicio patrimonial en aquellos supuestos en los que se vislumbra la frustración de los fines últimos perseguidos por la Administración pública, aun cuando el valor económico de los bienes y servicios adquiridos resulte conforme a los valores de mercado”.

Sevilla/Madrid, 15 de octubre de 2019.- Tras la sesión de inauguración, presidida por María José de la Fuente,  Presidenta del Tribunal de Cuentas, comenzaron las sesiones de exposición y debate de la primera jornada cuyo tema genérico fue “El control del Tribunal de Cuentas y de los OCEX sobre la contratación pública”.

La primera intervención corrió a cargo del Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y Director del curso, José Manuel Suárez Robledano, con una ponencia sobre la actuación de la Institución en la contratación del sector público.

Tras resaltar los aspectos generales de la cuestión central de estas jornadas, Suárez Robledano señaló la importancia de esta novedosa Ley tanto en sus objetivos como en sus resultados, puesto que, “la implementación de los aspectos sociales y los medioambientales son considerados desde la fase inicial de la contratación así como en la ejecución de la misma”. Destacó también la actuación del Tribunal de Cuentas en esta materia, que se verá reflejada en esta Jornada con  la aportación que, con su ponencia, realizarán todos los Departamentos de Fiscalización del Tribunal, incluyendo el de Partidos Políticos al interés de estas jornadas; “ya que en ellas se tratarán, someramente, la incidencia de la contratación pública en la fiscalización del sector público, algunas de las decisiones adoptadas por el Tribunal de Cuentas sobre asuntos de responsabilidad contable relacionados con la fiscalización; así como, de su análisis en contraste con la nueva regulación”.

A continuación, y con el objetivo de profundizar en las particularidades de la fiscalización de contratos en el sector empresarial estatal no financiero, la Subdirectora-jefe de la Asesoría Jurídica del Dpto. 4º de Fiscalización del Tribunal, Mª Eugenia de la Fuente, centró su intervención en aquellas empresas estatales que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. En ellas, según señaló la ponente, los procedimientos de contratación se regulan en la normativa específica incluida en la Ley 31/2007 y la Directiva 2014/25/UE. En este sentido, destacó que “la nueva Ley 9/2017 somete,  a un régimen jurídico más estricto a los contratos cuyo valor estimado no supera los umbrales de la Ley 31/2007, que a  aquellos otros cuyo valor estimado es mayor y quedan sujetos a la Ley de Sectores Excluidos”.

Por otra parte, en relación con  los medios propios, Mª Eugenia de la Fuente destacó que “como consecuencia de la interpretación realizada por la IGAE y la Abogacía General del Estado del requisito de actividad incluido en el artículo 32 de la nueva Ley,  parte de  los poderes adjudicadores en el ámbito empresarial estatal  que ostentan la condición de medios propios, van a perder esta condición,  por lo que se  cuestiona su encaje en la doctrina ‘in hause providing’  dado el carácter instrumental de estas entidades”.

Por último, y ya en el ámbito de la responsabilidad contable, la ponente hizo referencia a que, la responsabilidad no puede ser detectada hasta la fase de ejecución de los contratos; por lo que, según concluyó: “debería valorarse la conveniencia de un procedimiento administrativo sancionador de carácter inhibitorio que penalizara las infracciones de la normativa contractual antes de que se produjera el menoscabo a los fondos públicos”.

La Fiscalía ante la contratación administrativa irregular

Posteriormente, intervino el Fiscal Jefe del Tribunal, Miguel Ángel Torres Morato, con una exposición cuyo principal objetivo era el análisis de la conexión existente entre la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas y de los OCEX, en relación con la contratación administrativa, y la exigencia, en su caso, de las pertinentes responsabilidades contables derivadas de dicha contratación. En este sentido, el ponente destacó la importancia que otorga la LCSP a la justificación, exigida a las entidades públicas, de que la contratación esté orientada al cumplimiento y realización de sus fines institucionales, de tal manera que “la observación de las formalidades previstas, en los procedimientos de gasto y administrativos, no excluye que la contratación pueda ser constitutiva de alcance, cuando el gasto se ha realizado con un objeto ajeno a los fines públicos legalmente confiados a la entidad en cuestión”, afirmó Torres Morato.

Asimismo, y en referencia a los principios de eficacia y eficiencia recogidos en diversos textos legales, el Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, afirmó que: “tienen un indudable impacto en el ámbito de la contratación y de la responsabilidad contable, por cuanto permiten establecer la existencia de perjuicio patrimonial en aquellos supuestos en los que se vislumbra la frustración de los fines últimos perseguidos por la Administración pública, aun cuando el valor económico de los bienes y servicios adquiridos resulte conforme a los valores de mercado. En definitiva, se atiende a la finalidad patrimonial del órgano público contratante”.

Por último, Torres Morato, destacó la importancia de la determinación del momento en el que se produce el perjuicio en la institución pública, que ha llevado a cabo la contratación irregular, indicando que “el menoscabo en los caudales o fondos públicos no se produce ni con el pago de la obligación o salida material de fondos ni cuando se aprueba el acto administrativo de reconocimiento de la obligación, sino en el momento en que el acreedor realiza correctamente la prestación a su cargo”, concluyó.

Impacto de la nueva Ley en la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas

La nueva Ley desde la perspectiva de la normativa del Tribunal de Cuentas fue el tema objeto de la ponencia de Carlos Cubillo, Director Técnico del Dpto. 1º de Enjuiciamiento de la Institución. El ponente inició su intervención hablando de las Directivas Comunitarias que inspiran la reciente LCSP y que, en su impulso de incorporar a las normativas nacionales mecanismos de prevención, control y combate de la corrupción, vienen a condicionar los contratos de la Administración Pública, por cuento la nueva Ley obliga al cumplimiento de unos requisitos concretos de legalidad, buena gestión financiera, equidad, transparencia, sostenibilidad ecológica. En este contexto, y dado que el incumplimiento de los citados requisitos puede provocar importantes efectos jurídicos e incluso de responsabilidad contable, Carlos Cubillo, pasó a analizar el impacto de la nueva LCSP en la normativa reguladora de las funciones de fiscalización y enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

Respecto de la primera, Cubillo recordó cómo en la supervisión de la actividad económico-financiera del sector público que el Tribunal realiza sobre determinados aspectos de la misma: legalidad, buena gestión financiera (eficacia, eficiencia y economía), transparencia, sostenibilidad, medioambiental e igualdad de género; para continuar sobre las nuevas competencias que la nueva le otorga la reciente LCSP, sobre Institución competente para la prevención y lucha contra el fraude.

El control de la actividad contractual  de los partidos políticos

El Director Técnico del Dpto. de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas, José Antonio Monzó, inició su intervención sobre el control de los partidos políticos con especial referencia a la actividad contractual, refiriéndose a que la incorporación de los partidos políticos al ámbito subjetivo de la LCSP resulta coherente tanto por su posición dentro del sistema constitucional como por las actuales exigencias sociales que requieren una mayor trasparencia y control en todos los ámbitos de actuación de las fuerzas políticas, especialmente en su financiación y en su actividad contractual.

Los partidos políticos, que son asociaciones privadas que sirven a un fin de interés general -como es el pluralismo político y la formación y manifestación de la voluntad popular-, celebran contratos en la esfera privada, si bien deben aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación que se inspirarán en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente.

El ponente analizó las instrucciones internas de contratación que han sido aprobadas por los partidos políticos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, dentro del objetivo general de comprobar el cumplimiento de la legalidad en las fiscalizaciones que dicha Institución realiza a los partidos con una periodicidad anual. Así, de las treinta formaciones políticas fiscalizadas en el ejercicio 2017, veintiuna de ellas habían aprobado unas IIC y las restantes nueve habían incumplido dicha obligación. Es decir, solo el 70 por ciento de los partidos políticos fiscalizados disponían de IIC. En lo referente a la transparencia de las IIC, dieciocho partidos las habían publicado en su página web y los tres restantes no habían procedido a hacerlo en el momento de la fiscalización. La exposición continuó desgranando las principales carencias y puntos de mejora que, desde su punto de vista, cabría proponer respecto de las instrucciones de contratación.

JORNADA de mañana

Bajo el título de “La fiscalización y las consecuencias jurídicas de la contratación pública”, mañana intervendrán entre otros, Presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas Javier Medina, con una ponencias sobre “La experiencia de la fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la contratación pública”, y el Consejo de Fiscalización del Área de Administración Económica del Estado de la Institución, Manuel Aznar, quien disertará sobre “La modalidad contractual de colaboración público-privada a la luz de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: su fiscalización”.

Se celebrarán, asimismo, dos mesas redondas sobre las “Prerrogativas de la Administración Pública”, y “la visión parlamentaria de la contratación del sector público: las posibles modificaciones parciales a la regulación vigente surgida de la aplicación práctica de la Ley y los desafíos legislativos del futuro”. En esta última que será moderada por el Presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Javier Medina, intervendrán: Mª Jesús Serrano, del Grupo Parlamentario Socialista; Eloy Suárez, del Grupo Parlamentario Popular; Vicente Ten, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Roberto Uriarte, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

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