Escudo Oficina de Prensa


TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización del área de Recursos Humanos de las Empresas Estatales no financieras del Grupo Patrimonio, ejercicios 2016 y 2017

22/06/21

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LAS EMPRESAS ESTATALES NO FINANCIERAS DEL GRUPO PATRIMONIO, EJERCICIOS 2016 Y 2017

Madrid, 22 de junio de 2021.- Esta fiscalización, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, analiza la implementación de las políticas de gestión de Recursos Humanos y evalúa su funcionamiento, al objeto de verificar que son acordes con los principios de trasparencia, mérito, capacidad y de buena gestión, con el  objetivo general de verificar la legalidad de la gestión del área de recursos humanos (RRHH), su correcto reflejo contable, así como valorar si los procedimientos de gestión se adecúan a los principios de economía, eficiencia y eficacia y de buen gobierno.

La fiscalización se ha realizado sobre las 16 sociedades del Grupo Patrimonio que no tienen la consideración de sociedades de crédito y de seguros. Durante el período fiscalizado, contaron con una plantilla media de 5.844 empleados y registraron un gasto medio anual en RRHH de 210 millones de euros, que incluye las retribuciones al personal, las cotizaciones y gastos sociales y las dietas por asistencia a los Consejos de Administración.

Entre las principales conclusiones que se recogen en el Informe se encuentran las siguientes:

  • En relación con el cumplimiento de la legislación social y laboral se destacan los siguientes aspectos:
    • En general, las Sociedades respetaron los límites al número de miembros del Consejo de Administración y de directivos, los de las retribuciones de los máximos responsables y de alta dirección, así como las cuantías máximas anuales de las dietas de asistencia, para cada Grupo de clasificación, fijados en la normativa. No obstante, al no haberse fijado el importe de la dieta individual por asistencia, cada Sociedad efectuó el reparto anual siguiendo sus propios criterios, difiriendo entre sociedades de un mismo grupo su importe e incluso los importes abonados por sesión dentro de una misma Empresa.
    • La ausencia de formalización de la adaptación de los contratos de alta dirección al Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, por parte de los directivos que mantenían previamente una relación laboral de régimen común, ha dado lugar a procedimientos contenciosos con resultado adverso en la mayoría de las ocasiones para las Sociedades, al considerar los Tribunales que no existe una relación laboral especial.
    • Con carácter general, los contratos de alta dirección no estaban adaptados a las condiciones particulares de cada directivo, en especial, la antigüedad. Además, algunos contratos se formalizaron con posterioridad a la fecha de alta de los directivos y, en ocasiones, algunas Sociedades incrementaron las retribuciones con efectos retroactivos, sin la autorización de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y superando los porcentajes máximos de incremento autorizados por las Leyes de Presupuestos.
    • En lo que respecta a las retribuciones de la alta dirección, una Sociedad incrementó en 2016 las retribuciones con carácter previo a contar con autorización; otra no actualizó las retribuciones con los incrementos permitidos en la Ley de Presupuestos; y algunos directivos de una Sociedad percibieron retribución en especie sin estar recogida en sus contratos.
    • Con carácter general, las Sociedades contaban con normativa interna reguladora del régimen de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos, que se ajustaba al marco normativo aplicable.
    • Todas las Sociedades tramitaron la masa salarial de acuerdo con lo previsto en la normativa; no obstante una Sociedad se reservó el crédito correspondiente a ese incremento, lo que generó un perjuicio de sus empleados al no consolidar estos dicho incremento en sus retribuciones; a partir de la prohibición contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, otra Sociedad abonó a su personal un complemento salarial sustitutorio de las aportaciones a planes de previsión, pero como esas cantidades no estaban autorizadas en las masas salariales, requirió su reintegro a los trabajadores, que presentaron demanda colectiva.
    • Sobre la contratación temporal, se han detectado deficiencias o incumplimientos como superar el límite temporal previsto en el Estatuto de los Trabajadores, lo que ha llevado a la conversión de contratos temporales en indefinidos no fijos; o por proceder a la contratación temporal mediante bolsas de trabajo no documentada, con el riesgo de incumplimiento de la legislación laboral que conlleva; en otras ocasiones, las cláusulas de los contratos temporales eran muy genéricas, no se ajustaban al requisito de validez necesario al no quedar definido el servicio u obra que constituye su objeto.
    • En materia de prevención de riesgos laborales, las Sociedades cumplen, en general, la legislación vigente, si bien se han detectado algunas debilidades, entre otras, en el control y seguimiento o en la formación en esta materia.
  •  En cuanto a la gestión de los recursos humanos y los sistemas de control interno y de selección del personal, el Informe concluye, entre otras cuestiones, que:
    • En los ejercicios fiscalizados, las Sociedades mercantiles del Grupo Patrimonio gastaron 210,4 y 209,9 millones de euros, respectivamente, en RRHH. En casi todas las Sociedades, los salarios experimentaron la subida del 1% en cada uno de los ejercicios permitida por las LPGE y, además, en 2016 abonaron el 49,73% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, por las cantidades aún no recuperadas.  Se observa también, que los ingresos por cifra de negocios medios por empleado fueron muy desiguales entre las 16 Sociedades del Grupo Patrimonio.
    • El coste medio por empleado, que incluye las cargas y los gastos sociales, se situó en cada uno de los años del período fiscalizado en 55.690 y 53.940 euros, respectivamente, y el salario medio por empleado del conjunto de las empresas del Grupo ascendió a 36.576,60 y 37.019,81 euros, respectivamente.
    • Las Sociedades del Grupo Patrimonio, a excepción de dos de ellas, no contaban con un Plan Estratégico o de Empresa con un horizonte temporal a medio plazo en el que se definieran con claridad los objetivos a alcanzar y una planificación organizativa para lograrlos que sirviera de herramienta de control y de gestión. Tampoco, excepto dos sociedades, habían elaborado informes de control interno del área de RRHH. 
    • Las Sociedades del Grupo Patrimonio contaron en los dos ejercicios fiscalizados con un total de 7.379 y 7.274 trabajadores, y carecían de un catálogo o relación de puestos de trabajo, lo que impedía el diseño de una planificación estratégica de RRHH y afectaba directamente a los principios de concurrencia, transparencia, mérito y capacidad.
    • La ausencia de edad de jubilación obligatoria para los trabajadores de estas Empresas ha provocado que, en ocasiones, cuenten con personal de muy avanzada edad y elevadas retribuciones, no realizándose informes de absentismo laboral, que afecta en especial a este colectivo.
    • Los sistemas de elección y cese de los máximos responsables y directivos de las Empresas no requieren motivación, lo que provoca una elevada volatilidad en los principales puestos organizativos e inestabilidad en la estrategia y el funcionamiento de las Sociedades. Así mismo, las estipulaciones de los contratos formalizados con el personal directivo no especifican el contenido de las funciones asignadas y el alcance de su responsabilidad, siendo una dificultad para determinar si se cumplen los requisitos para considerar que se trata de una relación laboral especial de alta dirección o de una relación laboral común, lo que ha desembocado en contenciosos ante la jurisdicción social.
    • En general, a los funcionarios que ocupan puestos directivos en estas Sociedades se les ha considerado en servicios especiales cuando debería estar en excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
    • Se observan también ceses del personal directivo sin respetar los plazos de preaviso estipulados en los contratos de alta dirección, lo que ha ocasionado el abono de las correspondientes indemnizaciones.
    • Los procesos de fusión de las Sociedades del Grupo Patrimonio no han ido acompañados de políticas organizativas para adecuar los RRHH a las necesidades, lo que ha generado solapamientos o duplicidades de funciones, en particular, en el personal directivo de algunas Sociedades.
    • La falta de políticas organizativas ha provocado una regulación de las relaciones laborales muy heterogénea, incluso dentro de una misma Empresa, generando distorsiones y discriminaciones retributivas entre los empleados.  Además, la mayor parte de las Sociedades no contaban con un manual de procedimientos de gestión integral de RRHH ni disponían de unas instrucciones para la selección de personal. En relación con la programación de la formación, con carácter general, las sociedades no contaban con un Plan de Formación.
    • Los expedientes de personal, en general, están debidamente custodiados, aunque incompletos. A excepción de 3 Sociedades, no hay constancia de la publicidad de la oferta y del procedimiento de selección empleado; tampoco están documentados los cambios de categoría, ascensos, reconocimiento de antigüedad, bajas, permisos, licencias y otras incidencias o circunstancias laborales.
    • Con frecuencia, las incorporaciones a las plantillas de personal con contrato indefinido proceden de la conversión de contratados temporales en indefinidos, lo que afecta al principio de concurrencia.  El perfil de los puestos a cubrir se ajustaba al de los empleados que fueron contratados con carácter temporal.
    • La revisión de las nóminas de las Sociedades ha arrojado debilidades y deficiencias en 7 Sociedades. Sólo 7 Sociedades tienen plan de formación en vigor. En 4 Sociedades se mantuvieron en vigor diversos contratos de asesoría adjudicados directamente y de larga antigüedad, lo que no favorece los principios generales de contratación de publicidad y libre concurrencia y supone un fraccionamiento indebido de su objeto al prorrogarse tácitamente de forma indefinida.
  • Por lo que se refiere al registro contable de las operaciones relacionadas con la gestión de los RRHH, el Informe señala que, en general, se recogen los aspectos significativos de las citadas operaciones y los resultados de las mismas de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable y con los principios y criterios contables.
  • En relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la posible discriminación salarial por razón de sexo, se indica que el número de Consejeros designados por la Junta General de Accionistas para el conjunto de las Sociedades fiscalizadas del Grupo Patrimonio no alcanzó el 40% de representación de cada sexo que establece la normativa. A 31 de diciembre de 2016, de los 168 vocales, el 38% eran mujeres; y a finales de 2017, el porcentaje fue del 37%. Tan solo 6 sociedades respetaron el principio de presencia equilibrada, tanto en la composición del Consejo de Administración como en su renovación; y en 4 la representación de mujeres en los Consejos de Administración no alcanzó el 40% en el período fiscalizado.
    Los puestos de trabajo de las Sociedades ocupados por mujeres superaron en ambos ejercicios el 50%, disminuyendo a medida que se asciende en la categoría profesional con una representación de mujeres en los puestos directivos cercana al 20%.
    Las Sociedades con una plantilla superior a 250 trabajadores disponen del preceptivo plan de igualdad.
  • En relación con la transparencia, el Informe señala que las Sociedades fiscalizadas cumplían de forma razonable con las exigencias de publicidad activa establecidas en la normativa sobre la composición de sus órganos, incluyendo los datos profesionales y las retribuciones de los máximos responsables y directivos, aunque todas presentaban algunas carencias. Además, proporcionaban información en las cuentas anuales sobre la composición del Consejo de Administración, excepto en 3 casos y todas informaron de las situaciones de conflicto de interés de los miembros del Consejo con la Sociedad.

El Informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas a la Dirección General de Patrimonio del Estado y a las Sociedades mercantiles fiscalizadas, al objeto de corregir las debilidades y deficiencias detectadas en la fiscalización.

El contenido del presente Informe (nº. 1.431) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es

 


LISTADO DE CATEGORIAS

Nota de Prensa

LISTADO DE TEMAS

Ingresos y gastos