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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ejercicios 2016 y 2017

18/03/19

Madrid, 18  de marzo de 2019.- Esta fiscalización, realizada a iniciativa de la Institución y aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido los siguientes objetivos: comprobar que las cuentas anuales de los ejercicios 2016 y 2017 representan adecuadamente la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto, de conformidad con los principios y criterios contables y presupuestarios de aplicación; verificar que se han cumplido las disposiciones legales y reglamentarias a que están sometidas las actividades del Consejo y su gestión económico-financiera; y proporcionar una valoración de las operaciones y de los procedimientos de gestión establecidos, en cuanto a su racionalidad económico-financiera y su sometimiento a los principios de buena gestión; incluyendo la evaluación de la adecuación del sistema de gestión a los objetivos que el CTBG debe cumplir.

Asimismo, en la fiscalización se han comprobado las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la normativa sobre la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de las prescripciones de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la medida en que han guardado relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 

Tras los resultados de la fiscalización, el Informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones:

En la fiscalización se han puesto de manifiesto tres factores que han marcado sustancialmente la gestión desarrollada por el Consejo. El primero se refiere a la insuficiente plantilla de personal que ascendía a 20 y 19 empleados, a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2017, respectivamente; lo que condiciona cuantitativa y cualitativamente el ejercicio de sus funciones, así como el marco establecido para la supervisión de las actuaciones.

El segundo se refiere al hecho de que la Presidencia de esta Institución ha estado, y continúa estando, vacante desde el mes de noviembre de 2017, lo que dificulta, entre otros aspectos, la toma de decisiones. Por último, la composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno no se ha adecuado, durante más de tres años, a lo establecido en el artículo 13 del Estatuto, al encontrarse vacantes los puestos de los representantes del Congreso de los Diputados, del Senado y de la Secretaría de Estado de Función Pública. El pasado 1 de febrero de 2019 el Consejo de Ministros ha procedido a la designación de nuevos vocales de la Comisión para cubrir los puestos que estaban vacantes.

Por otra parte, la fiscalización destaca la carencia de un desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia que, entre otros aspectos, influye en el ejercicio de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad que debe realizar el Consejo.

En el marco de la fiscalización financiera, la opinión recogida en el Informe sobre la representatividad de las cuentas anuales del Consejo es favorable; si bien, con dos salvedades derivadas de sendos incumplimientos de principios y criterios contables cuyo efecto sobre los estados financieros no ha podido ser cuantificado. La primera de ellas se refiere al hecho de que no se ha registrado en el balance el valor del mobiliario que fue cedido al Consejo por el antiguo Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA); lo que determina que el inmovilizado no financiero esté infravalorado. La segunda salvedad deriva de la contabilización en una cuenta de gastos, en lugar de en una de inmovilizado material del Balance, del valor correspondiente al equipamiento y aplicaciones informáticas recibidas por el Consejo a través de un convenio de colaboración suscrito con la Administración General del Estado, de fecha 25 de junio de 2015.

En relación con el análisis del cumplimiento de la normativa aplicable, se ha puesto de manifiesto que en la tramitación de los convenios se han registrado algunas deficiencias semejantes a las recogidas por este Tribunal en la “Moción sobre el marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas”, aprobada el 30 de noviembre de 2010. En concreto, entre las deficiencias observadas destaca que no figure información sobre los criterios por los que se fija la aportación económica a realizar por el Consejo y no se formalice acta de entrega y recepción de las actuaciones convenidas. En el convenio celebrado con la Administración General del Estado, relativo al equipamiento y aplicaciones informáticas recibidas por el Consejo, la delimitación que se realiza del objeto es escasa, resultando excesivamente genérica la descripción de las actividades a realizar. Además, algunas de las prestaciones acordadas soslayan la aplicación de la legislación contractual regulada en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En materia de personal, no se ha dado publicidad a las cantidades abonadas en concepto de productividad, ni figuran adecuadamente descritas las actividades fuera de la jornada laboral, que se han retribuido con gratificaciones por servicios extraordinarios.

En el ámbito contractual destaca que la liquidación del importe total o parcial de los servicios de asistencia jurídica -en concepto de provisión de fondos y sin la emisión de la correspondiente factura justificativa del gasto-, infringe la normativa legal relativa al pago del precio.

Por otra parte,  se ha observado que el Portal de Transparencia del Consejo cumple, con carácter general, lo dispuesto en el título I de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si bien tras el análisis de la información que figuraba en el mismo, la fiscalización observa que no estaba completa; destacando, por un lado, que no se hubieran publicado todos los contratos formalizados en los ejercicios fiscalizados y, por otro, que no existiera información actualizada de los mismos.

En el marco de la fiscalización operativa, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha establecido, en razón de sus objetivos, una planificación estratégica de su actividad, que se concreta en ocho ejes temáticos definidos en el Plan Estratégico para el periodo 2015-2020.

En la elaboración y seguimiento del Plan se ha observado que no se han aprobado las acciones y medidas concretas a realizar en el periodo 2017-2020, ni se ha elaborado un plan de actuaciones anual.

Por último, en cuanto al análisis de los procedimientos de gestión económico-financiera, el Consejo no cuenta, dada la insuficiencia de medios personales, con una segregación de funciones apropiada, lo que puede originar errores involuntarios y deficiencias en los controles a realizar.

Tras los resultados de la fiscalización, el Informe recoge una serie de recomendaciones dirigidas tanto al Gobierno como al Consejo de Transparencia:

  • Respecto al Gobierno, las recomendaciones se refieren a la conveniencia de tomar las medidas oportunas para proceder a los nombramientos de un nuevo Presidente o Presidenta del Consejo, así como promover el desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia.
  • Respecto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tienen como principal objetivo la subsanación de las salvedades y deficiencias puestas de manifiesto en el Informe, así como el establecimiento de una programación de actividades eficaz y eficiente, adecuada a las posibilidades de financiación y de medios personales y materiales con que cuenta la Institución.

El contenido del presente Informe (nº 1.313) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:

Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es


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