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TRIBUNAL DE CUENTAS
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APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA POR ENRESA DEL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN GENERAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, EJERCICIOS 2010 Y 2011

16/02/15

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA POR ENRESA SOBRE EL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN GENERAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS

  • El Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos presentaba al cierre del ejercicio 2011 un saldo de 3.228 millones de euros
  • La cartera de inversiones financieras de ENRESA en la que figuraban colocados la mayor parte de los excedentes del Fondo presentó un rendimiento acumulado del 4,18% en 2010 y del 4,84% en 2011, por encima de la variación que registró el IPC al cierre de ambos ejercicios
  • Las modificaciones del régimen financiero del Fondo que entraron en vigor el 1 de enero de 2010 no garantizan que las dotaciones anuales al Fondo sean suficientes para cubrir las contingencias que se hayan devengado a la fecha de cierre de cada ejercicio económico
  • Con la implantación en 2010 de un modelo de financiación mediante tasas, ENRESA ha dejado de tener una capacidad directa de control sobre los ingresos de la recaudación de estos tributos, que corresponde a la Agencia Tributaria

Madrid, 16 de febrero de 2015.-  El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización de la gestión realizada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. del Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, ejercicios 2010 y 2011”.

La fiscalización ha tenido como objetivo el análisis de las previsiones económico-financieras, actualizadas a 31 de diciembre de 2011, del coste de las actividades contempladas en el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y de la gestión financiera realizada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR durante los ejercicios de 2010 y 2011. En el periodo fiscalizado se produjo la transformación del régimen de intervención del Estado, a través de ENRESA, en la gestión de los residuos radiactivos, trasladándose a la regulación de la financiación de las actividades del PGRR.

A partir de 2010 la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado y el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, se ha configurado como un servicio público esencial reservado a la titularidad del Estado, encomendándose a ENRESA la gestión de este servicio público de acuerdo con el PGRR aprobado por el Gobierno.

Hasta el 31 de diciembre de 2009 ENRESA había destinado las cantidades recaudadas por tarifas, peajes o precios y los rendimientos financieros generados por éstas a dotar una provisión con la que hacer frente a los costes correspondientes a la gestión de los residuos radiactivos producidos por el sector eléctrico. A partir del 1 de enero de 2010 las aportaciones al Fondo proceden de la recaudación de cuatro tasas, dos de las cuales recaen sobre las empresas explotadoras de centrales nucleares (CCNN), otra sobre los titulares de las instalaciones de fabricación de elementos combustibles y la cuarta exigible a los titulares de otras instalaciones radiactivas.

Las modificaciones que entraron en vigor el 1 de enero de 2010 en la regulación de la financiación de las actividades del PGRR garantizan que los costes relacionados con la gestión de los residuos radiactivos recaigan en los titulares de las licencias de explotación de las CCNN y del resto de instalaciones radiactivas.

La regulación vigente faculta, asimismo, al Estado a trasladar a los titulares de las CCNN, además del déficit de financiación que presentaban a 31 de diciembre de 2009 las instalaciones nucleares cerradas, cualquier coste futuro que hubiera de afrontar ENRESA tras el cierre de explotación de las CCNN y de fábricas de elementos combustibles que no se hubiera previsto durante dicha explotación o que fueran consecuencia del cierre anticipado de estas instalaciones por causa ajena a la voluntad de su titular.

No obstante, habida cuenta de que el Fondo acumulado por ENRESA no constituye una provisión contable en sentido estricto, sino que refleja el remanente entre los fondos recibidos y los aplicados por ENRESA a la fecha de cierre de cada ejercicio económico, el cambio regulatorio no garantizaría, como requiere la normativa comunitaria y la legislación nacional de protección del medioambiente, que no se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas. A este respecto, los tipos de gravamen que entraron en vigor el 1 de enero de 2010 no han sido actualizados.

Con la implantación de un modelo de financiación mediante tasas, ENRESA ha dejado de tener una capacidad directa de control sobre los ingresos de la recaudación de estos tributos, que ha recae sobre la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Con efectos 1 de enero de 2010, ENRESA destinó a la financiación de los costes que mantienen la consideración de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento 1.181 millones de euros, del saldo de 2.532 millones que acumulaba a 31 de diciembre de 2009 el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR. Para financiar los costes atribuibles, a partir del 1 de enero de 2010, a las CCNN que estaban operativas en esa fecha se destinaron otros 1.348 millones del remanente acumulado a 31 de diciembre de 2009, asignándose también 2,5 millones para financiar la gestión de los residuos radiactivos derivados de la fabricación de elementos combustibles, de acuerdo con la financiación anticipada a esa fecha por la Empresa Nacional de Uranio, S.A.

Durante 2010 y 2011 se realizaron dotaciones al Fondo por 1.119 millones de euros y se aplicaron gastos por 423 millones, cerrándose el ejercicio 2011 con un saldo de 3.228 millones de euros, que figuraba distribuido entre el fondo correspondiente a las CCNN operativas, con 2.124 millones de euros; el fondo para financiar los costes que siguen integrados en la estructura de peajes del sistema eléctrico, con 1.100 millones de euros; y el fondo asignado a la Fábrica de elementos combustibles de Juzgado, con 3 millones de euros.

Las dotaciones y aplicaciones que se registraron en el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR se ajustaron a las disposiciones generales y particulares que resultaban de aplicación. No obstante, la transformación en el régimen jurídico aplicable a las condiciones en las que ENRESA interviene en la gestión de los residuos radiactivos, no se ha visto acompañada por el establecimiento de medidas financieras que garanticen, suficientemente, que el Fondo constituido con cargo a las dotaciones que deben realizar las empresas titulares de las instalaciones nucleares o radiactivas se adecue en el tiempo a las proyecciones de costes futuros que deberá afrontar ENRESA en la gestión del servicio público que se le ha encomendado.

De acuerdo con la actualización económica financiera del Sexto PGRR realizada por ENRESA en junio de 2012, con los tipos de gravamen que se establecieron para las 3 tasas afectadas a la financiación de las actuaciones relacionadas con la generación de energía nucleoeléctrica, quedarían sin cubrir el 28% de las necesidades de financiación estimadas por ENRESA para hacer frente al flujo de costes previstos en el periodo 2010-2085 por la gestión de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado.

El déficit de financiación de 0,7 millones de euros que atribuyeron los registros analíticos, en el periodo fiscalizado, a la gestión de los residuos radiactivos generados por otras instalaciones, ha sido cubierto por ENRESA con cargo a los rendimientos generados por el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR , siendo insuficientes los ingresos que se recaudan anualmente por la tasa que recae sobre los titulares de estas instalaciones para  para cubrir los costes que ha de asumir ENRESA en la gestión de estos residuos.

De acuerdo con la composición de la cartera de inversiones financieras transitorias de ENRESA en el periodo fiscalizado, las decisiones de inversión de los excedentes del Fondo para la financiación de las actividades previstas en el PGRR se guiaron, hasta 2011, por los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez, así como cumplían con los criterios de inversión desarrollados por el Comité de Seguimiento y Control.

En particular, la inversión de los excedentes del Fondo que realizó ENRESA en el periodo fiscalizado se materializó, en su totalidad, en instrumentos de renta fija a largo plazo en los que colocó 1.106 millones de euros. El 58% de la inversión se materializó en suscripciones de deuda con remuneración fija y el 42% restante en emisiones de bonos con remuneración variable referenciada en su totalidad al Índice de Precios al Consumo (IPC). La remuneración de las nuevas inversiones  se ajustaba, asimismo, al modelo de financiación establecido en el PGRR, al reportarle a ENRESA en 2010 y en 2011 una retribución muy superior a la  variación registrada por el IPC en los meses de diciembre de ambos ejercicios. Ningún emisor no integrado en el sector público concentraba en esas fechas una inversión superior al 7% de la cartera.

Por lo que se refiere a la clasificación crediticia de los emisores, todos los activos financieros a largo plazo de ENRESA al cierre del ejercicio 2011 tenían la categoría de grado de inversión en las fechas en que fueron adquiridos por la Sociedad. Aunque a partir del inicio de la crisis financiera se fue rebajando progresivamente el grado de las calificaciones de buena parte de los emisores de los instrumentos de deuda que componían la cartera a largo plazo a 31 de diciembre de 2011, a esa fecha el 90% de estos activos financieros mantenían todavía la categoría de grado de inversión, mientras el 10% restante figuraban calificados como inversiones de riesgo o especulativas. Las rebajas de grado sobrevenidas con posterioridad a las fechas de inversión fueron sometidas a la autorización del Comité de Seguimiento y Control.

En 2010 la cartera presentó un rendimiento acumulado del 4,18%, que se incrementó al 4,84% en 2011, porcentajes superiores en ambos casos a la variación que registró el IPC al cierre de ambos ejercicios (el 3% y el 2,4%, respectivamente).

En el Informe se incluyen diversas recomendaciones, entre otras las siguientes: en la regulación del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR deberían incluirse disposiciones que obliguen a revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN, en función de las necesidades de financiación futura resultantes de las actualizaciones económico-financieras de las previsiones contenidas en los PGRR. Asimismo, ENRESA debería cargar al fondo imputable a las CCNN en explotación la totalidad de los costes soportados por Asignaciones a Ayuntamientos afectados por CCNN e instalaciones de almacenamiento de combustible gastado o residuos radiactivos, que se han venido repartiendo entre los cuatro fondos en los que figuraba distribuido el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR. Finalmente, sería conveniente que se estableciera un procedimiento formal de comunicación entre ENRESA y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que permita a aquella contrastar los elementos que integran las bases imponibles de las tasas que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN y los registros correspondientes del sistema eléctrico, todo ello sin perjuicio de las potestades de control que, por tratarse de ingresos tributarios, correspondan a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

El contenido íntegro de este Informe se encuentra publicado en la página web del Tribunal de Cuentas.

 

Más información

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

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