Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento

Sala de Justicia

El Presidente de la Sección de Enjuiciamiento dirige y coordina dicha Sección. Convoca las reuniones de la misma, acompañando a la convocatoria el correspondiente orden del día. Cuando existan razones  que lo aconsejen, el Presidente podrá convocar reuniones extraordinarias. Forma parte de la Comisión de Gobierno junto con el Presidente de la Sección de Fiscalización y el Presidente del Tribunal de Cuentas. Forma parte del Pleno junto con los demás Consejeros y al Fiscal.

El Presidente de la Sección de Enjuiciamiento, al igual que el Presidente de la Sección de Fiscalización, será designado por el Tribunal entre los Consejeros de Cuentas a propuesta del Pleno por un período de tres años en la misma sesión en que se haya de elegir al Presidente del Tribunal por el mismo procedimiento y a continuación de la de éste. En la misma sesión plenaria del Tribunal que haya de efectuar la propuesta de Presidente, se examinará la legalidad de la elección de los Presidentes de Sección y se harán los correspondientes nombramientos. Los Presidentes de Sección tomarán posesión de su cargo en la reunión del Pleno en que lo efectúe el Presidente y a continuación de la de éste. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo de imposibilidad legal, los Presidentes de las Secciones serán sustituidos por el Consejero de más edad de cada una de ellas.

Presidente de la Sección de Enjuiciamiento: Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano. Madrid, 1955

Designación como Consejero de Cuentas: Acuerdo de 18 de julio de 2012, del Pleno del Senado (BOE 21-VII-2012).

Nombramiento como Presidente de la Sección de Enjuiciamiento: Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de 24 de julio de 2018

Formación académica y profesional

  • Licenciado en Derecho (Universidad Complutense de Madrid, 1977).
  • Ingreso por oposición en la Carrera judicial (1979).
  • Diploma de Suficiencia Académica (2009).
  • Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense en 2016.
  • Profesor Asociado de derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (2010).

Trayectoria profesional

  • Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (desde julio de 2018).
  • Consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del Congreso de los Diputados desde (julio de 2012).
  • Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (desde el año 2002 hasta julio de 2012).
  • Presidente de la Sección 11ª (de lo Civil) de la Audiencia Provincial de Madrid (1991 a 2002).  
  • Magistrado de la Sección 14ª (de lo Civil) de la Audiencia Provincial de Madrid (1989-1991).
  • Magistrado de la Sala 3ª de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid (1989).
  • Magistrado de la Sección 2ª (de lo Penal) de la Audiencia Provincial de Madrid (1987-1989)
  • Juez de 1ª Instancia e Instrucción de Ponferrada (1980-1981) y de Alcázar de San Juan (1982-1983), Juez de 1ª Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (1983) y de Madrid (1983-1987).

Otras actividades y cargos:

  • Miembro de la Gran Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, con sede en Munich desde el año 2003-2012).
  • Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (1979).
  • Vocal del Tribunal Provincial de Contrabando (1989).
  • Presidente del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid (1991-2003).
  • Miembro del Consejo Editorial de la Revista de Control Externo, así como de la Revista Actualidad Administrativa.
  • Publicaciones sobre  derecho internacional privado, arbitraje, proceso civil, derecho concursal, propiedad intelectual e industrial, enjuiciamiento contable y derecho penal, con más de 60 publicaciones sobre dichos temas en la actualidad.
  • Participación en múltiples seminarios, conferencias y congresos nacionales e internacionales sobre tales materias.

Sala de Justicia:

En la actualidad existe una Sala de Justicia, compuesta por el Presidente, que es el Presidente de la Sección de Enjuiciamiento, y dos Consejeros de Cuentas, resultando excluido, por tanto, el Consejero que hubiere conocido en primera instancia del asunto de que se trate. Existe un Secretario de Sala designado por la Comisión de Gobierno y una Unidad de Actuaciones Previas, dotadas, ambas, del personal técnico, administrativo y auxiliar necesario para desarrollar sus respectivas funciones, derivadas, en el primer caso, de su condición de  Secretario judicial de los procedimientos de responsabilidad contable y, por tanto, titular de la fe pública, y la segunda, de la tramitación de las actuaciones previas a la exigencia de dichas responsabilidades.

La Sala de Justicia en el ejercicio de la jurisdicción contable conoce:

  1. En única instancia, al amparo del art. 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, de los recursos que se formulen contra resoluciones dictadas por las Administraciones Públicas en materia de responsabilidades contables en aquellos casos expresamente previstos por las leyes.
  2. En segunda instancia, de las apelaciones deducidas contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Consejeros de Cuentas en los juicios de cuentas, en los procedimientos de reintegro por alcance y en los expedientes de cancelación de fianzas.
  3. De los recursos de queja por inadmisión de la apelación acordada por los Consejeros de Cuentas en asuntos propios de su competencia jurisdiccional.
  4. De los recursos de revisión interpuestos contra Decretos dictados por la Secretaría de Sala mediante los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación y en aquellos casos en que expresamente se prevea.
  5. De los recursos de reposición contra resoluciones de la propia Sala.
  6. De los incidentes de recusación promovidos contra los Consejeros de Cuentas, Secretarios y restantes funcionarios que intervengan en los procedimientos jurisdiccionales de su competencia, por las causas y trámites establecidos en las Leyes Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Civil.
  7. De los recursos formulados al amparo del artículo 48.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, antes mencionada, contra las resoluciones dictadas en la pieza separada a que hace referencia el art. 45 o en las actuaciones prevenidas en los arts. 46 y 47, todos de la citada Ley.
  8. De los recursos formulados al amparo del art. 46.2 de la misma Ley contra las resoluciones que acuerdan el archivo de las diligencias preliminares.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sala Tercera) conocerá de los recursos de casación contra las sentencias y autos dictados por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en los casos que establece el art. 81.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, así como de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de dicha Sala de Justicia por los motivos previstos en el art. 83 LFTCu.Compete a la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas acordar la admisión/inadmisión del recurso de casación así como la posterior remisión, en su caso,  al Tribunal Supremo, de los antecedentes necesarios para su resolución. Le corresponde también remitir al Tribunal Supremo los antecedentes necesarios para la resolución del recurso de revisión y la posterior remisión de la resolución dictada por el Tribunal Supremo al Departamento de instancia del que proceda la resolución recurrida.

 

Unidad de Actuaciones Previas a la exigencia de Responsabilidad Contable:

Dentro de la Unidad de Actuaciones Previas, los Delegados Instructores instruyen los procedimientos de reintegro por alcance, llevando a cabo las actuaciones y diligencias de averiguación necesarias para la determinación, de forma previa y provisional, del alcance, la cuantía del mismo y los presuntos responsables contables, y practican las liquidaciones provisionales.

La LFTCu enumera las actuaciones que corresponde practicar al Delegado Instructor:

  1. Nombramiento de Secretario que autorice y lleve a efecto cuantos proveídos y diligencias se pronuncien o se practiquen en el procedimiento.
  2. Reclamación de las diligencias preventivas del alcance que se hayan instruido por el Jefe del Centro o Dependencia donde haya ocurrido la falta, o por el alcanzado, en su caso.
  3. Práctica de las diligencias oportunas en averiguación del hecho y de los presuntos responsables o sus causahabientes, a no ser que se considerasen suficientes las practicadas con anterioridad.
  4. Pase del tanto de culpa a los Tribunales ordinarios, si hubiese indicios de responsabilidad criminal, salvo que conste haberse hecho en las diligencias preventivas.
  5. Liquidación provisional del alcance, previa citación de los presuntos responsables, Ministerio Fiscal, Letrado del Estado o, en su caso, legal representación de la entidad perjudicada, con mención expresa de la clase de valores, efectos o caudales públicos que pudieran haber sufrido menoscabo.
  6. Requerimiento de los presuntos responsables para que depositen o afiancen, en cualquiera de las formas legalmente admitidas, el importe provisional del alcance, más el cálculo, también provisional, de los intereses que pudieran resultar procedentes, bajo apercibimiento de embargo.
  7. Embargo de los bienes de los presuntos responsables a no ser que tuviesen afianzada, o afianzaren, en forma legal, sus posibles responsabilidades en los términos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.

Dichas diligencias se practicarán en el plazo de dos meses, prorrogables por otro mes con justa causa, en la Unidad de Actuaciones Previas o bajo la vigilancia de la misma. No obstante, tal como se desprende de la doctrina reiterada y constante de la Sala de Justicia, este plazo tiene carácter meramente indicativo, sin que su incumplimiento determine la preclusión de trámites ni la caducidad del procedimiento.

Los Delegados Instructores son nombrados por la Comisión de Gobierno, entre funcionarios públicos que presten servicio en la provincia en que hayan ocurrido los actos que puedan constituir alcance o entre los funcionarios del propio Tribunal siendo el cargo de Delegado Instructor de obligada aceptación por el funcionario designado.

La ley admite la posibilidad de delegar en los órganos de control externo autonómicos la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable.

Cuando el cargo de Delegado instructor recaiga en funcionario que tenga su residencia fuera de la provincia en que hubieran acaecido los hechos, podrá dicho Delegado nombrar un Comisionado para la práctica de las diligencias concretas que le delegue expresamente. El nombramiento de Comisionado se hará en funcionario público del lugar en que ocurrieran los hechos. Los Delegados cuidarán, bajo su responsabilidad, que los Comisionados observen estrictamente lo que determine esta Ley respecto a las actuaciones en que intervengan.

Datos estadísticos de la Sección de Enjuiciamiento. Tercer trimestre de 2017