Los partidos políticos percibieron 555 millones de euros de financiación pública en 2018 y 2019

•  El informe de fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos concluye que 9 de ellas no reflejaron de forma fiel su situación financiera y patrimonial.
• También se ha aprobado otro informe referido a las fundaciones y entidades vinculadas a las formaciones políticas en el ejercicio 2020.
• Además, el Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe sobre la gestión de las pensiones, prestaciones y ayudas en favor de los emigrantes.

Madrid, 28 de septiembre

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos, ejercicios 2018 y 2019”. La fiscalización ha analizado las contabilidades de 29 formaciones políticas en 2018 y 32 en 2019, que percibieron subvenciones anuales otorgadas por el Estado y por las Comunidades Autónomas para atender sus gastos de funcionamiento o de seguridad.

La financiación pública percibida por los partidos políticos ascendió a casi 555 millones, 183 millones en 2018 y 372 millones de euros en 2019, incremento que se debió a la gran cantidad de procesos electorales celebrados en este último año. El informe establece que estas cantidades representaron el 71% y el 83% del total de los recursos obtenidos por los partidos en los ejercicios analizados. Por este motivo, el Tribunal de Cuentas recomienda a las formaciones la conveniencia de equilibrar la balanza entre la financiación pública y privada para evitar una excesiva dependencia de los ingresos públicos y, en consecuencia, posibles situaciones de insolvencia.

El Informe concluye que las cuentas anuales de 9 de las 32 formaciones políticas no reflejan adecuadamente la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial. Las cuentas de 13 formaciones no incluyeron en su totalidad las cuentas de las organizaciones territoriales o de algunos partidos federados o coaligados. En otros cinco casos el informe detecta falta de entrega de información contable y/o documentación justificativa. Además, en 2019 varias formaciones presentaban situaciones de desequilibrio patrimonial que desembocaron en algunos casos en situaciones concursales.

En el año 2017 entró en vigor la obligatoriedad de integrar en las cuentas anuales consolidadas la actividad de las sedes locales y comarcales de los partidos. En la fiscalización se ha observado que algunas formaciones políticas no habían culminado aún al cierre de 2019 este proceso de incorporación de todas las sedes.

El Informe recoge determinados incumplimientos susceptibles de sanción previstos en el artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos. Estas supuestas infracciones podrían ser sancionables en vía administrativa por el Tribunal de Cuentas tras los procedimientos correspondientes. Estos posibles incumplimientos están relacionados con la falta de identificación de los donantes, la recepción de donaciones finalistas y de donaciones procedentes de personas jurídicas, así como por faltas al deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas.

En esta fiscalización se ha analizado por primera vez el cumplimiento por los partidos políticos de la obligación de aprobar un sistema de prevención de riesgos penales. Este sistema debe contar con elementos como un órgano de vigilancia, un mapa de riesgos, un canal ético o de denuncias, y un código de conducta, entre otros. El informe concluye que 20 de las 32 formaciones analizadas no contaba con este sistema pese a que la obligación entró en vigor en 2015.

El Pleno del Tribunal formula un total de 30 recomendaciones con el objetivo de contribuir a la mejora de la gestión de las cuentas anuales de los partidos políticos.

Para más información se adjunta el Resumen del informe. El informe completo estará disponible para consulta pública en los próximos días en www.tcu.es

El Pleno aprueba el informe de las fundaciones y entidades vinculadas a los partidos políticos, ejercicio 2020.

 El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2020”.

Esta fiscalización se refiere a las aportaciones recibidas por las fundaciones y entidades políticas, así como a sus gastos financiados con cargo a subvenciones públicas. Entre las principales conclusiones el Informe indica que únicamente 17 fundaciones y entidades -de un total de 41 fiscalizadas- remitieron en tiempo sus cuentas anuales. Otras 19 lo hicieron fuera del plazo establecido y 5 de ellas no presentaron las cuentas, por lo que el Tribunal no ha podido fiscalizar su financiación.

El Informe pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que 12 de ellas no registraron actividad en el año 2020 o que solo 20 de las 41 fiscalizadas se habían inscrito en la sección especifica del Registro de Partidos Políticos.

La fiscalización señala que el total de las aportaciones y donaciones privadas que recibieron las fundaciones ascendió a 1,7 millones de euros en 2020. Además, percibieron 2,45 millones de euros en subvenciones públicas.

Tanto en el caso de las donaciones privadas como en el de las subvenciones públicas el Informe observa posibles incumplimientos de la normativa y gastos no subvencionables.  En este último supuesto el Tribunal de Cuentas informará a los organismos que concedieron las subvenciones a efectos de solicitar el correspondiente reintegro.

En lo referente a las obligaciones de transparencia, un total de 20 fundaciones y entidades políticas no habían publicado en su página web las cuentas anuales del ejercicio 2020, ni las conclusiones del informe de auditoría, en contra de lo dispuesto en la normativa vigente.

El Pleno del Tribunal formula un total de 7 recomendaciones entre las que figura el establecimiento de un umbral de ingresos mínimo para que las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos deban someterse obligatoriamente a auditoría externa.

Para más información se adjunta un resumen en pdf. El informe completo estará disponible para consulta en los próximos días en www.tcu.es

El Pleno aprueba el informe sobre la gestión de pensiones, prestaciones y ayudas a emigrantes

Las acciones en favor de los emigrantes tienen como objetivo garantizar un mínimo de protección a los ciudadanos españoles en el exterior en situaciones de necesidad. Estas acciones buscan asegurar sus derechos económicos, sanitarios y sociolaborales, apoyar su integración y, en su caso, el retorno a España.

El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) constaba de más de 2,5 millones de personas registradas en 2021 de las que alrededor de 21.300 fueron beneficiarias de algún tipo de ayudas por valor de casi 52 millones de euros. De esta cantidad, 29,6 millones de euros se distribuyeron en concepto de prestaciones por razón de necesidad entre más de 11.000 personas de las que el 74% residían en Venezuela y Argentina. Otros 7 millones de euros se destinaron a pensiones asistenciales por ancianidad para española de origen retornados y 6,7 millones fueron para prestaciones de asistencia sanitaria.

El Informe de fiscalización de la gestión de las pensiones, prestaciones y ayudas justificadas en el ejercicio 2021 con cargo al Programa 231B “Acciones en favor de los emigrantes” aprobado por el Tribunal de Cuentas detecta deficiencias notables en la aplicación informática con la que se gestionan estas ayudas. Estas deficiencias impiden la solicitud telemática y no permite un control automatizado sobre los expedientes ni el registro de las ayudas asistenciales extraordinarias o los programas de subvenciones.

En relación con las pensiones asistenciales por ancianidad a los españoles de origen retornados, el informe constata un considerable retraso en su resolución y concesión llegando hasta los 21 meses en algunos casos. También detecta el riesgo de percepciones indebidas pues la Dirección General de Migraciones no tiene acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas por lo que no puede comprobar la posible percepción de otras prestaciones y su compatibilidad.

Por todo lo cual, el Tribunal de Cuentas recomienda modificar la aplicación informática, controlar las posibles incompatibilidades mediante el envío de información al Registro de Prestaciones Sociales Públicas y mejorar la tramitación y aprobación de las cuentas justificativas de los pagos en el extranjero, así como revisar los actuales convenios de asistencia sanitaria y modificarlos en el momento de su vencimiento.

Para más información se adjunta un resumen en pdf. El informe completo estará disponible para consulta en los próximos días en www.tcu.es