Comunicació i Espai Divulgatiu
La principal dificultad para la rendición de las cuentas en el sector público administrativo del Estado radica en la precariedad, excesiva rotación y falta de formación en la ocupación de puestos con responsabilidades en su área económico-financiera
- De un total de 103 entidades del sector público institucional estatal con presupuesto limitativo en el 2022 y de 105 en el 2023, el 26% de las entidades (27 de 103) en el 2022 y el 30% (31 de 105) en el 2023, han presentado dificultades para la rendición de las cuentas de 2022 o de 2023 dentro de los plazos establecidos
Madrid, 29 de julio de 2025
El Tribunal de Cuentas ha aprobado la Nota sobre las dificultades de las entidades del sector público administrativo del Estado para la formulación, aprobación y rendición de cuentas en plazo, ejercicios 2022 y 2023. El documento ha analizado los motivos por los cuales un número significativo de organismos y agencias estatales presentan incidencias y retrasos en la rendición de cuentas. La nota señala que la normativa obliga a estos organismos a presentar sus cuentas a la Intervención General del Estado para auditarlas y poder aprobarlas antes del 30 de julio del año siguiente y rendirlas al Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas advierte que la dificultad para la rendición de las cuentas en plazo radica en la precariedad, excesiva rotación e insuficiente formación en la ocupación de los puestos del área económico-financiera, en concreto del servicio de contabilidad, derivada de la desproporción entre la responsabilidad e intensidad del trabajo y las condiciones económicas y laborales ofrecidas para la ocupación de estas posiciones. Ello ha propiciado una evidente falta de cualificación de algunas personas que realizan estas tareas lo que deriva en errores que se detectan en la auditoria correspondiente y que motivan que se proceda a reformular la cuenta con la correspondiente demora en su rendición.
Otras causas proceden de la complejidad de los trámites internos, especialmente en aquellas entidades que tienen que realizar pagos en el exterior o en las que su actividad se desarrolla en diferentes centros operativos que precisan para el correspondiente cierre contable de una información externa procedente de diferentes fuentes ajenas al propio servicio de contabilidad.
Para hacer frente a esta situación, el Tribunal de Cuentas recomienda a los presidentes o directores de los organismos autónomos y de las agencias estatales que organicen los servicios de gestión económica con una estructura proporcionada y adecuada a las dimensiones de la actividad del organismo y que doten a dichos servicios de personal debidamente cualificado, mejor retribuido y dotado de los correspondientes medios técnicos. También se aconseja a la Intervención General de la Administración del Estado que desempeñe un papel más activo en la organización, vigilancia y control de las oficinas contables y que conceda un apoyo técnico continuo y permanente a las entidades del sector público institucional que permita detectar y corregir errores con la anticipación debida.
Un consejero de Cuentas ha formulado un voto concurrente que se publica junto a la Nota.