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El Tribunal de Cuentas aprueba el primer informe sobre los Fondos Next Generation
Madrid, 27 de abril
El Tribunal de Cuentas ha aprobado el primero de una serie de informes de fiscalización que abordarán, en distintas fases y en los próximos años, la implementación, la ejecución y la evaluación de los Fondos Next Generation. Entre 2021 y 2026 España podría recibir hasta 140 mil millones de euros en transferencias y préstamos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, elemento central de los Fondos Next Generation.
En esta primera fase, la de implementación y puesta en marcha de los fondos, el TCu tiene previsto concluir 4 informes entre los que figura el que se ha aprobado hoy. En una segunda fase, más centrada en la ejecución, ya se ha planificado la realización de otras 6 fiscalizaciones a las que se podrían sumar otras futuras.
El Pleno ha aprobado el Informe de Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de una fiscalización que se ha realizado de forma conjunta entre el TCu y todos los Órganos de Control Externo de las CCAA, por lo que ofrece una visión global del conjunto del territorio.
Hasta finales de 2022 el Gobierno de España había asignado más de 20.600 millones de euros a las Comunidades y Ciudades Autónomas. El Gobierno calcula que a lo largo del periodo plurianual de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), las Comunidades Autónomas gestionarán el 54% del total de los fondos europeos asignados a nuestro país.
El objetivo de esta fiscalización, que se centra en la fase de la puesta en marcha de los fondos, es examinar las medidas que se han adoptado en el Sector Público Autonómico para gestionar de forma ágil los proyectos del PRTR. Tales medidas constituyen los cimientos sobre los que se asienta la gestión de estos fondos, y por tanto, un importante factor de su éxito. Esta fiscalización persigue identificar posibles necesidades y oportunidades de mejora en un momento en que las entidades fiscalizadas disponen aún de margen de reacción para su corrección.
El informe aprobado por el Pleno recomienda a las Comunidades y Ciudades Autónomas una mejora en la planificación para la gestión del PRTR y que esta se acometa de forma coordinada por todas las consejerías de cada territorio. Esta planificación permitiría contar con un estudio de prioridades, medios y necesidades, realizando las redistribuciones y refuerzos de recursos que resultasen necesarios. El informe concluye que, salvo en cuatro Comunidades, el resto no ha acometido de manera dirigida y coordinada esta planificación.
Ligado a lo anterior, uno de los retos más destacados al que se enfrentan las administraciones fiscalizadas para la ejecución del PRTR es precisamente la cobertura de las necesidades de personal para poder acometer su gestión. En este sentido, el informe recomienda incluir en la planificación estratégica un análisis que permita conocer las necesidades agregadas de recursos humanos para poder cubrirlas adecuadamente.
Además, el Pleno recomienda a los gobiernos de las Comunidades y Ciudades Autónomas publicar en los sitios webs autonómicos dedicados al PRTR información detallada y actualizada sobre la ejecución de los fondos. El informe concluye que resulta necesario mejorar la transparencia en la gestión de los fondos europeos, máxime cuando se está entrando en las fases centrales de su ejecución. En este sentido, si bien todas las CCAA habían habilitado espacios web propios sobre el PRTR, resulta preciso ir completando la información ofrecida a través de estos canales ya que en 2022 únicamente ocho Comunidades habían publicado en los mismos los datos referidos a los importes que habían ejecutado en su ámbito, sumándose otras dos comunidades en 2023. El informe también recomienda la publicación en tales sitios web de información sobre las convocatorias y licitaciones, presentes y futuras, como medida para fomentar la concurrencia.
Esta fiscalización se ha desarrollado en estrecha colaboración entre el Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos con el objetivo de disponer de una visión comparada y global sobre las medidas implementadas hasta el momento y poder identificar buenas prácticas e iniciativas relevantes.
Enlace al informe y al resumen.
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Yolanda López Ribera
Directora de Comunicación
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