El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2018

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2018

Madrid, 26 de enero de 2021.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (CLM) durante el ejercicio 2018. Se analiza el cumplimiento de la obligación de la rendición de las cuentas de las entidades que componen el sector público de la Comunidad Autónoma, los sistemas de control interno, la ejecución de los presupuestos, así como el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Se ha examinado, también, la gestión de los gastos de personal, la actividad subvencional, el gasto sanitario, el gasto educativo no universitario, el endeudamiento financiero, el área medioambiental, la verificación del cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de las prescripciones en materia de transparencia. Igualmente, se ha comprobado la aplicación de los recursos provenientes de las dotaciones de los Fondos de Compensación Interterritorial, y se ha incorporado el seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Tribunal en informes de fiscalización correspondientes a ejercicios anteriores y de las Resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas correlativas.

El Informe recoge los resultados de la actividad fiscalizadora, así como las conclusiones; entre ellas las siguientes:

• La Cuenta General de la Comunidad y las demás cuentas anuales individuales de las entidades que integran el sector público autonómico o que están mayoritariamente participadas por la Comunidad se han rendido, en general, respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido, si bien, como en ejercicios anteriores, las cuentas del Ente Público Radio-Televisión Castilla-La Mancha y de la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, integradas en la Cuenta General, deberían haberse presentado de acuerdo con los principios y normas de contabilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. Las cuentas anuales de una fundación se rindieron fuera de plazo y las de dos consorcios en proceso de disolución no se rindieron conforme al Plan General de Contabilidad Pública.
  
  
• Se produjeron actos de convalidación por el Consejo de Gobierno, por omisión del trámite de fiscalización previa en actos de contenido económico, por valor de algo más de 8 millones de euros, entre los cuales destacan gastos por 550.000 euros derivados de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones realizadas con anterioridad al año 2018 que no estaban contabilizados en la cuenta de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto al cierre de 2017.
  
  
• No existía vinculación entre la aplicación de inventario y la contabilidad para la totalidad de bienes, produciéndose además diferencias entre los registros de las rúbricas de inventario y los saldos contables de las cuentas de inmovilizado. 

• La Comunidad no realizó actuaciones que dieran cumplimiento al sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes que permita comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y sostenibilidad financiera, así como la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.
  
  
• Durante 2018 la Administración General de la Junta reconoció obligaciones, por 15 millones de euros, por gastos derivados de ejercicios anteriores, de los que 373.000 euros no contaban con créditos disponible en el ejercicio de procedencia y casi 5 millones se habrían imputado al referido presupuesto sin que se conozca el procedimiento para ello y su amparo.
  
  En el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), gastos realizados en 2018 por importe de 140 millones de euros no fueron objeto de imputación a su presupuesto, mientras otros correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 102 millones fueron imputados al presupuesto de 2018, incumpliendo el principio de especialidad temporal recogido en la normativa y que repercute en el resultado presupuestario y en el remanente de tesorería. 

• Con carácter general, las cuentas de la Administración General de la Junta y de los entes sujetos a contabilidad pública se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad y la gestión presupuestaria se desarrolló según las normas que la rigen, si bien en el presente Informe se realizan una serie de salvedades y observaciones sobre las mismas. Entre ellas, se indica que no se utilizan las cuentas previstas en el Plan de Contabilidad Pública regional para registrar en balance el importe de las deudas aplazadas y fraccionadas pendientes de vencimiento, lo que incide sobre el total de deudores reflejados en dicho estado, y que tampoco aparece en los balances la cuenta de “resultados del ejercicio anterior”.  

• Las cuentas anuales de 2018 de la Sociedad Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A. (GICAMAN), Grupo Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. (GEACAM) y de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla‑La Mancha, S.A. (SODICAMAN) presentaban diversas incorrecciones en la aplicación de criterios contables o ausencia de la información prevista en el plan contable de referencia.
  
  También se recogen incorrecciones respecto de algunas fundaciones de la Comunidad, como en la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca donde se aprecia un alto riesgo de ausencia de razonabilidad de los saldos de acreedores.

• La situación financiera y patrimonial de Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha se encuentra afectada por una incertidumbre relevante derivada de los litigios por devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

• El Informe del Ministerio de Hacienda sobre el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para el ejercicio 2018 indica que se ha cumplido el objetivo de déficit y la regla de gasto en Castilla-La Mancha. No obstante, los datos provisionales sobre el ejercicio 2019 reflejan una situación de incumplimiento del objetivo de déficit. También se cumplió el objetivo de deuda para el ejercicio fiscalizado, situándose dicha deuda, al cierre del mismo, en 14.714 millones de euros.  

• El incremento de las retribuciones del personal del sector público de Castilla-La Mancha supuso 142 millones de euros en 2018. Así, junto al incremento de las retribuciones íntegras de los empleados públicos, permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se produjo un incremento adicional del 1,5 % derivado de la eliminación en un 50 % de la reducción del complemento específico llevada a cabo por la Ley autonómica 1/2012, habiéndose realizado sin que la Comunidad Autónoma cumpliera el requisito establecido en la Disposición adicional 41ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 para poder aprobar el restablecimiento de retribuciones; incumplimiento similar al de otra Comunidad Autónoma donde el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del artículo que establecía la recuperación de determinados conceptos retributivos dejados de percibir en años anteriores.  

• En la gestión del gasto de subvenciones, se han detectado deficiencias en subvenciones concedidas por la Junta, el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha (IMUJ) a organizaciones sindicales y patronales, tales como la indeterminación de los gastos elegibles, la falta de vinculación entre las actuaciones realizadas y los gastos justificados, la ausencia en la cuenta justificativa de un listado de otros ingresos o subvenciones relacionados con la actividad subvencionada o la ausencia de actuaciones de verificación por el órgano gestor de la posible incompatibilidad de las ayudas recibidas con otras para la misma finalidad. También se han identificado incumplimientos en la justificación de los fondos recibidos por la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca sin que se hubieran iniciado procedimientos de reintegro al cierre de 2019.  

• La Comunidad Autónoma no contaba con un Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en el ejercicio fiscalizado, aprobándose en octubre de 2018 el correspondiente al periodo 2019-2024.  

• La información que ofrecía en abril de 2019 la Comunidad en materia de publicidad activa en su Portal de Transparencia no cumplía con todas las premisas establecidas en la normativa autonómica de transparencia.  

• En relación con el gasto sanitario, en el Informe se expone que el conjunto del gasto sanitario y farmacéutico de Castilla-La Mancha creció por encima de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española para 2018. Entre otras cuestiones, señala también que el 27,9 % de las plazas cubiertas de la plantilla del SESCAM, al cierre de 2018, lo estaba de forma interina. Además, en el caso de 39 trabajadores eventuales el Informe concluye que, por el periodo acumulado, se hacía necesario valorar la creación de plazas estructurales en la plantilla. Además, se refleja la existencia de 1.444 plazas no ocupadas de la plantilla.  

• Relativo a la gestión del equipamiento sanitario tecnológico de las diferentes unidades del SESCAM, se vienen observando deficiencias en el Sistema de Información para la Gestión de Mantenimiento e Inventario Asistido por Ordenador, sin que se hubieran resuelto al no haberse producido su actualización ni mantenimiento, pese a las necesidades manifestadas desde 2016.  

• La tasa de pacientes en espera de intervención quirúrgica por 1.000 habitantes a lo largo del año 2018 ha mostrado una disminución a nivel global, a lo que ha contribuido el incremento en la derivación de pacientes a centros privados en un 9´1%; si bien la tasa de pacientes en espera, los tiempos medios de espera y el porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera para dichas intervenciones superaban la media del conjunto de servicios de salud de las comunidades autónomas. Además no se ha implantado aún un número de historia clínica homogeneizado.  

• En materia de medioambiente, la Comunidad no había constituido el registro público de infractores dependiente del órgano ambiental, previsto en la Ley de Evaluación Ambiental autonómica. Además, los ingresos derivados de la imposición de sanciones establecidas no quedaban afectados a la protección del medio ambiente, como hubiera procedido legalmente.
  
  El II Plan de Depuración de Aguas Residuales Urbanas no concretaba las actuaciones a realizar dentro de su ámbito, no obstante lo dispuesto en la Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua. Esta ausencia de información supone una deficiencia también en la delimitación del canon de aducción y depuración previsto en la citada ley. Además, en el ámbito de la Comunidad, al cierre del 2018, constaban un total de 231 estaciones depuradores de aguas residuales, de las cuales Infraestructuras del Agua de Castilla‑La Mancha gestionaba 97 (seis de ellas puestas en funcionamiento durante el ejercicio fiscalizado), encontrándose en situación de no conformidad con la Directiva 91/271/CEE un total de diez, y 27 municipios de más de 2.000 habitantes no contaban con estas estaciones depuradoras, pese a ser ello obligatorio por imposición de la citada Directiva.

• Del análisis de la preparación de Castilla-La Mancha para la implementación, control y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se deduce que, al cierre de 2019, aún se estaba preparando una estrategia regional (o plan de acción) sobre el logro de los ODS a nivel de las competencias de la Comunidad Autónoma.
  
  
• La Dirección General de Centros Educativos y Formación Profesional de la Consejería de Educación no contaba con un plan de control propio ni con un manual aprobado para sistematizar las actuaciones verificadoras sobre los centros docentes públicos.

En el Informe se realizan una serie de recomendaciones, gran parte de ellas incluidas en informes de años precedentes y reiteradas en el presente dado su insuficiente grado de implantación.

El contenido del presente Informe (nº. 1.402) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

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Marisol Gálvez

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