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El TCu aprueba un informe de fiscalización “exprés” sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de incendios forestales
Madrid, 27 de mayo
España registró durante el verano de 2022 un considerable aumento del número de grandes incendios forestales (GIF). Se quemaron 267.947 hectáreas, un 214 % más que el año anterior. Esta situación vino motivada por la sucesión de tres olas de calor, un año hidrológico seco y temperaturas en suelo superiores a los 40 grados centígrados.
Tras constatar la situación de emergencia, el Gobierno de España aprobó el 1 de agosto de 2022 el Real Decreto-ley 15/2022 que incluía modificaciones en la Ley 43/2003 de Montes. Dicho Real Decreto-ley otorgaba a las Comunidades Autónomas un plazo de cinco meses (hasta el 31 de diciembre de 2022) para elaborar y aprobar un Plan Anual de Prevención que, entre otros aspectos, incluyera diez medidas de prevención de incendios forestales.
El Tribunal de Cuentas consideró conveniente efectuar una fiscalización “exprés” con el objetivo de constatar el cumplimiento de las medidas urgentes ordenadas por el Gobierno, contribuyendo a que las Comunidades Autónomas fiscalizadas (en esta ocasión, Extremadura y Cantabria) adoptaran las medidas correctoras oportunas en el ámbito de la prevención de incendios forestales, antes del periodo de riesgo de 2023.
El Pleno ha aprobado el Informe de fiscalización ¿Han adoptado las Comunidades Autónomas de Cantabria y Extremadura sus Planes de Prevención, Vigilancia y Extinción de incendios forestales a las condiciones actuales de expansión y desestacionalización de incendios?
Respecto a la Comunidad Autónoma de Cantabria el informe concluye el incumplimiento de la obligación de elaborar un Plan Anual de Prevención prevista en el Real Decreto-ley. No obstante, Cantabria cuenta con otros instrumentos de planificación de la prevención de incendios forestales de carácter plurianual.
En el caso de Extremadura el informe concluye que esta Comunidad Autónoma sí aprobó el Plan Anual de Prevención, si bien en el mismo no se incluyeron algunas de las medidas contempladas en la modificación de la Ley de Montes.
El informe establece que Extremadura incluyó en su Plan Anual de Prevención seis de las diez medidas previstas. Respecto a Cantabria, dos de las medidas ya estaban incluidas en instrumentos de prevención previos, dos no estaban recogidas, tres estaban contempladas en normas autonómicas y las tres restantes se habían previsto parcialmente.
El Tribunal de Cuentas recomienda a la Comunidad de Cantabria adoptar en el menor plazo posible las medidas oportunas para el desarrollo de la acción prevista en su instrumento de prevención plurianual, relativa a la elaboración e implementación de los Planes Anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios.
Además, el Tribunal de Cuentas recomienda a Cantabria y a Extremadura iniciar los procedimientos necesarios para incluir de forma expresa en sus Planes Anuales de Prevención todas las medidas previstas en los reformados artículos 48.4 y 48.5 de la Ley de Montes, aun cuando medidas similares figuren reguladas en su normativa autonómica o en otros instrumentos de planificación.
Enlace al informe y al resumen.
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Yolanda López Ribera
Directora de Comunicación
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