APROBADO EL INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2012

Tras suprimirse la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha y conforme al compromiso adquirido por el Tribunal de Cuentas

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2012

• El déficit alcanzado en la Comunidad Autónoma se situó en 557 millones de euros, rebajando los 568 previstos en su Plan Económico-Financiero de Reequilibrio, si bien, frente al 1,5% fijado como objetivo, fue del 1,57% del PIB, por haberse éste revisado a la baja.
• El informe señala diversas deficiencias relacionadas con el sistema contable y el presupuestario, con el cumplimiento de varias de las recomendaciones realizadas anteriormente por la Sindicatura y la conveniencia de adoptar otras derivadas del mismo. 

Madrid, 6 de febrero de 2015. Tras la supresión de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, que entró en vigor el 21 de mayo de 2014 y la recepción de la documentación a partir de julio, el Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización sobre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, correspondiente al ejercicio 2012. Esta fiscalización ha tenido por objeto el análisis de la Administración General,  los Organismos Autónomos, el Sector Empresarial y las Fundaciones y Consorcios autonómicos, analizando, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad de dicho ejercicio, la estabilidad presupuestaria, el proceso de reordenación del sector público regional, la contratación administrativa y la gestión de los gastos de personal, así como los instrumentos de lucha contra la morosidad y el endeudamiento financiero.

La Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2012, así como  las individuales, se rindieron dentro del plazo previsto y han sido presentadas, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad, sin perjuicio de las salvedades y deficiencias expuestas en el informe. No obstante, las cuentas del Ente público Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, rendidas individualmente, debieron formularse de acuerdo con las normas de contabilidad pública, en aplicación del artículo 106.4 el Texto Refundido de la Ley de Hacienda, e incluirse en la Cuenta General.

En cuanto a la estabilidad presupuestaria, en 2012 la Comunidad contaba con el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio ante el incumplimiento de los objetivos de déficit marcados en los últimos años, ya que el déficit ascendió al 6,07%, en 2010, y al 7,31%, en 2011. En el citado Plan se recogían medidas para alcanzar en 2012 un déficit de 568 millones de euros (frente a los 2.789 millones de euros del 2011), que supondría el 1,5% del PIB regional. El déficit finalmente alcanzado se situó en 557 millones de euros, inferior al previsto en el Plan, si bien supuso el 1,57% del PIB, por haberse revisado éste a la baja.

Durante 2012 no se produjeron reparos por parte de la Intervención General que tuviera que resolver el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades, si bien éste sí hubo de realizar algunos actos de convalidación a causa de la omisión del trámite de fiscalización previa en ejercicios anteriores a 2012.

La Ley autonómica 14/2011, de 1 de diciembre, aprobó un suplemento de crédito por importe de 1.534  millones de euros para acometer, en esa fecha, compromisos de gasto procedentes, en parte, de ejercicios anteriores que no fueron debidamente contabilizados en su momento. De éstos la mayoría correspondían al Servicio de Salud (606 millones de euros), ascendiendo los relativos a la Administración General de la Junta, al menos, a  81 millones de euros.

Al igual que en ejercicios anteriores, la Junta no ha contabilizado de forma independiente los acreedores y los deudores presupuestarios que proceden de ejercicios cerrados en las cuentas habilitadas al efecto, ya que ambos han sido registrados con los del ejercicio corriente.

La Administración General de la Junta presenta un desahorro en la cuenta del resultado económico-patrimonial para 2012 de 1.532 millones de euros (3.415 millones de euros en 2011), dentro de los gastos destaca el importe de las transferencias y de las subvenciones (5.208 millones de euros), que supone el 67% del total.

El 98% de la totalidad de los presupuestos de los cuatro organismos autónomos corresponde al Servicio de Salud -tanto en lo referente a previsiones y créditos iniciales y finales como en cuanto a los derechos reconocidos-, ascendiendo al 99% en las obligaciones reconocidas totales. El importe total transferido por la Junta a estos entes fue de 2.411 millones de euros en 2012, de esta cifra el 99% fue destinada al Servicio de Salud.

El Servicio de Salud tuvo que imputar a 2012 gastos que correspondían a ejercicios anteriores, que no habían sido aplicados en los mismos. El importe de estos gastos fue de 41 millones de euros.

En cuanto al gasto de personal que está recogido en las cuentas de resultados de la Administración de la Junta, los organismos públicos, las empresas, las fundaciones y la Universidad, ascendió a 3.065 millones de euros, con una reducción global interanual del 15,6%. A este descenso contribuyó, de manera significativa, la adopción de medidas como la supresión y/o reducción de la paga extraordinaria, así como  las de otras retribuciones del personal al servicio del sector público autonómico en los términos legalmente establecidos. El personal de la Administración General de la Junta y de los organismos administrativos ha descendido desde los 82.217 trabajadores de 2011, a los 71.901 de 2012.

Por otra parte, del compromiso de reducción de 44 entes públicos al cierre del ejercicio 2012, se habían suprimido 32. En el ejercicio fiscalizado la Comunidad estimó un ahorro, respecto de 2011, de 35 millones de euros derivado del proceso de reordenación.

No hay constancia de que la Comunidad cumpliera en 2012 con el compromiso que asumió en el Acuerdo 1/2010 del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el análisis del cumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales realizadas con las empresas.

La Comunidad aprobó la adhesión al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores, con un importe final de 2.914 millones de euros, habiéndose detectado algunos errores por pagos duplicados y de imputación que estaban siendo corregidos. También se adhirió al Fondo de Liquidez Autonómico, con un importe finalmente dispuesto de 1.037 millones de euros. Como consecuencia de tales mecanismos se produjo una reducción de los acreedores presupuestarios no financieros pendientes de pago de un 67%, hasta dejar reducido su importe a 1.179 millones de euros. El endeudamiento a largo plazo de la Comunidad aumentó en 4.408 millones de euros, al convertirse la deuda comercial en deuda financiera, si bien el incremento fue inferior al importe de las autorizaciones concedidas para el ejercicio. Por su parte, la deuda por operaciones de crédito a corto plazo ascendió a 304 millones de euros, lo que supone una disminución del 80% respecto a la existente a principios del ejercicio.

El Informe analiza el cumplimiento de varias de las recomendaciones señaladas anteriormente por la Sindicatura, como la referida a la reestructuración del endeudamiento vivo, transformando parte de los préstamos y créditos a corto plazo en financiación a largo plazo y el dictado de la Ley autonómica 11/2012, donde se recoge un límite de gasto no financiero y el Fondo de Contingencia. El informe también incluye otras recomendaciones derivadas de los resultados obtenidos; tales como, la necesidad de adelantar el plazo de rendición de cuentas al 30 de junio del ejercicio siguiente al que se refieran -a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el Tribunal de Cuentas-, la integración en la Cuenta General de las cuentas de todos los entes del sector público regional, no sólo de los sujetos a contabilidad pública, y la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable en la Comunidad al aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, que se ha configurado como el marco contable para todas las administraciones públicas.

El contenido íntegro de este Informe se encuentra publicado en la página web del Tribunal de Cuentas.

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Marisol Gálvez

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