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La revisión de las prestaciones extraordinarias de los autónomos concluye con la recuperación de pagos indebidos, aunque se constatan desigualdades de trato
La nota complementaria al informe de fiscalización de 2023 constata que, tras la revisión de prestaciones concedidas provisionalmente durante la pandemia, se reconocieron definitivamente 1,4 millones de beneficiarios, con 3.614 millones de euros abonados y 39.447 prestaciones denegadas.
La prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) constituyó una de las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno para proteger a las personas trabajadoras autónomas que, como consecuencia de las restricciones derivadas del estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020 por la crisis sanitaria del COVID-19, vieron suspendida su actividad laboral o reducida su facturación en, al menos, un 75 %.
El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 20 de diciembre de 2023 el informe de fiscalización sobre la gestión y control de esta prestación (Informe n.º 1.549), en el que se puso de manifiesto que su reconocimiento se había realizado mediante resoluciones provisionales que debían ser revisadas, de acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Sin embargo, a 30 de junio de 2023, las entidades competentes todavía no habían iniciado dicho procedimiento. Esta circunstancia, junto con los incumplimientos e incidencias detectados en la fiscalización anterior, ha motivado la elaboración de una nota complementaria para analizar el proceso de revisión efectuado y el cumplimiento de las recomendaciones formuladas.
Finalizado el proceso de revisión, el número definitivo de personas beneficiarias de la prestación ha sido de 1,4 millones, el 97,35 % del total de resoluciones provisionales adoptadas, y el importe abonado ha ascendido a 3.614 millones de euros. Tras este proceso se han denegado 39.447 prestaciones, mientras que el importe de las exoneraciones de cotizaciones sociales asociadas a la prestación se ha situado en 1.458 millones de euros.
El Tribunal señala que han seguido produciéndose determinadas situaciones de desigualdad de trato entre las personas beneficiarias, derivadas de la aplicación de diferentes criterios por parte de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, principalmente en el cálculo de la base reguladora de la prestación y en su incompatibilidad con otras prestaciones del sistema. También se han observado desigualdades relacionadas con la aplicación de la presunción de cumplimiento del requisito de reducción de la facturación, que afectó de manera diferente a solicitudes resueltas antes de su aplicación.
Como resultado de la revisión, se ha generado una deuda de 127 millones de euros por prestaciones indebidamente abonadas a 105.916 personas beneficiarias. De esta cantidad, las mutuas han recuperado 71,3 millones de euros y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), 48,4 millones de euros.
Por su parte, la TGSS ha reclamado las cotizaciones sociales indebidamente exoneradas a 53.487 personas trabajadoras autónomas, por un importe de 41,6 millones de euros, de los que ha recuperado 41,2.
El Tribunal considera que las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y la TGSS han cumplido sustancialmente las recomendaciones formuladas en el informe anterior, mientras que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina las han cumplido totalmente. No obstante, la fiscalización advierte de que siguen existiendo determinadas situaciones de desigualdad de trato, relacionadas con la falta de homogeneidad en la aplicación de criterios y con las modificaciones normativas introducidas en la regulación de la prestación.