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La pandemia tuvo un impacto temporal limitado en los ingresos de 16 ayuntamientos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas
Madrid, 29 de noviembre de 2024
La crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 tuvo una especial repercusión sobre la gestión económica y la situación financiera de las entidades locales, tantos en los gastos como en los ingresos públicos. Durante la pandemia y con el fin de paliar las posibles consecuencias de la crisis, los ayuntamientos adoptaron diversas medidas dirigidas a minorar o a flexibilizar las obligaciones de los contribuyentes.
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado los ingresos públicos de 16 ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia, durante los ejercicios 2020 y 2021.
En concreto, se han analizado los ingresos procedentes de impuestos locales, tasas, precios públicos, contribuciones especiales y cánones de concesiones administrativas.
El informe señala que los ingresos públicos de las entidades locales analizadas acusaron un descenso en el ejercicio 2020, especialmente en las tasas y precios públicos, pero al mismo tiempo constata que “el nivel de ingresos se recuperó, en términos globales, en 2021”, llegando casi a los niveles de prepandemia. El Tribunal de Cuentas concluye que la pandemia provocada por la COVID-19 “tuvo un impacto temporal limitado” sobre los ingresos de las entidades locales analizadas.
De acuerdo con las liquidaciones presupuestarias, los ingresos públicos fiscalizados ascendieron, en promedio, a 69,97 millones de euros en 2020, un 3,95 % inferior al importe del ejercicio anterior (72,85 millones). En 2021, el promedio de los ingresos se incrementó un 3,66 % con respecto al ejercicio anterior, llegando a 72,53 millones; y, en el ejercicio 2022, se elevó hasta 72,77 millones, un 0,33 % más.
El informe detalla las diferentes medidas adoptadas por los ayuntamientos tendentes a reducir, flexibilizar o aplazar los pagos por parte de los contribuyentes, así como las que consistieron en suspensiones o devoluciones de ingresos por diferentes causas.
Además, la fiscalización ha constatado que la mayoría de los ayuntamientos analizados no remitieron al Ministerio de Hacienda y Función Pública la información preceptiva sobre el efecto de la pandemia sobre los ingresos, o aquella era incompleta, y recomienda a los ayuntamientos mejorar, en general, la calidad de la información comunicada al Ministerio.
La fiscalización también ha analizado en detalle las medidas adoptadas por los Ayuntamientos de Molina de Segura, Murcia, Santander y Toledo para paliar los efectos sobre los ingresos, como consecuencia de la COVID-19, entre las que figuran la suspensión de las tasas por aprovechamiento especial de los terrenos de uso público (como las terrazas, quioscos y mercadillos) y por prestación del servicio de recogida de basuras, entre otras.
El informe constata ciertas deficiencias en la adopción de los acuerdos por parte de los cuatro ayuntamientos de la muestra seleccionada para paliar los efectos derivados de la pandemia en relación con los ingresos, así como en el registro contable y en los procedimientos de gestión o recaudación de tales ingresos.
La repercusión económica estimada de las medidas adoptadas sobre los ingresos públicos por los ayuntamientos de la muestra fue muy heterogénea, presentando un mayor impacto, en el ejercicio 2020, en los Ayuntamientos de Murcia y Toledo (con una minoración de 1.320.104 y 1.024.127 euros, respectivamente); y en el ejercicio 2021, en los de Murcia y Santander (con una disminución de 990.298 y 900.924 euros, respectivamente).