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El Tribunal de Cuentas recomienda mejorar la regulación del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos para evitar situaciones de pobreza entre los menores
Madrid, 22 de diciembre de 2023
El objetivo del Fondo de Garantía de Alimentos (FGA) es garantizar a los menores las pensiones de alimentos que no pagan sus progenitores, a través del anticipo de las cantidades adeudadas. La cobertura proporcionada por este Fondo, a petición de la familia interesada, es de 100 euros al mes por menor por un período de duración máxima de 18 meses.
La fiscalización del Tribunal de Cuentas concluye que una política pública de protección a los hijos de familias vulnerables, cuyos progenitores no satisfacen la pensión de alimentos es positiva y necesaria. Sin embargo, añade que: “la regulación vigente es insuficiente, tanto por la limitación de ingresos de los potenciales beneficiarios -significativamente por debajo del umbral de la pobreza-, como por la escasa cuantía y duración de las garantías”.
En 2022 el Fondo recibió 1,8 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado de los cuales se ejecutaron 1,4 millones. La fiscalización constata que 1.747 progenitores al cargo de menores solicitaron acogerse a esta ayuda que finalmente sólo concedió en 554 casos.
El informe constata que el acceso a las prestaciones del Fondo para la satisfacción de necesidades que se consideran de carácter urgente y necesario está sujeto a una serie de cargas documentales y a unas rigurosas exigencias económicas que limitan su obtención y provocan que en el año 2022 un 68% de las resoluciones sobre las posibles ayudas sean denegatorias.
En el capítulo de recomendaciones se propone que se amplie la cobertura, la cuantía y la duración de las ayudas y se regule su actualización automática, que se acceda de una forma rápida y simple a la pensión de alimentos facilitando su solicitud y tramitación y que se imponga al progenitor deudor un recargo sobre las cantidades impagadas, configurando la garantía como una prestación social gestionada directamente por los órganos de la Administración sin interés resarcitorio.