El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado las contabilidades de las elecciones autonómicas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia.

• El Pleno ha aprobado cincos informes de fiscalización sobre las contabilidades de las formaciones en estos comicios. Los ingresos electorales comunicados por las formaciones políticas ascendieron en total a 5,87 millones de euros y los gastos a 5,81 millones.
• Además, el Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe donde recomienda al Consorcio del Barcelona Supercomputing Center (BSC) reformar sus estatutos para incluir entre sus fines la gestión de sus proyectos de investigación.
• Otros informes aprobados por el Tribunal analizan actividad de TRAGSA como medio propio de la administración, el proceso de integración del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (IEO y el INIA) en el CSIC y la Cuenta General de Cantabria, ejercicio 2021. En total el Pleno ha aprobado 9 informes de fiscalización.

Madrid, 1 de marzo

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado los informes de fiscalización de las contabilidades de cinco procesos electorales autonómicos celebrados el pasado 28 de mayo de 2023, en las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia.

Estas fiscalizaciones se refieren a las contabilidades de los ingresos y gastos electorales presentadas al Tribunal de Cuentas por las formaciones políticas como consecuencia de su participación en los referidos procesos electorales autonómicos. La fiscalización se ha extendido a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que cumplieron los requisitos exigidos para recibir subvenciones o que obtuvieron adelantos con cargo a las mismas por haberlas percibido en el proceso electoral anterior de la misma naturaleza.

Los objetivos de esta fiscalización han sido: analizar el cumplimiento de la normativa en materia de ingresos y gastos electorales, así como examinar la regularidad de las contabilidades electorales presentadas al Tribunal de Cuentas por las formaciones políticas obligadas legalmente a ello.

Todos los partidos políticos y coaliciones electorales han presentado en plazo al Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral correspondiente a los citados procesos autonómicos, y lo han hecho a través de la Sede Electrónica de la Institución.

En cuanto a los ingresos electorales, las formaciones políticas han declarado recursos por un total de 5,87 millones de euros. La mayor parte de estos ingresos procedían de adelantos de subvenciones electorales y de aportaciones de las propias formaciones políticas a las campañas electorales. En las elecciones a Castilla-La Mancha los ingresos han sido de 1,99 millones, en Murcia 1,74 millones, en Extremadura 1,04 millones, en Cantabria 0,58 millones y en La Rioja 0,52 millones.

Los gastos electorales que han sido considerados justificados por el Tribunal de Cuentas han ascendido a 5,81 millones de euros, de los que 4,19 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y 1,62 millones a operaciones de envío de propaganda electoral. En las elecciones a Castilla-La Mancha han sido de 2,18 millones, en Murcia 1,60 millones, en Extremadura 1,04 millones, en La Rioja 0,50 millones y en Cantabria 0,49 millones.

A este respecto, hay que tener en cuenta que las leyes electorales de Cantabria y Extremadura no contemplan la subvención por gastos de envío de propaganda electoral dentro de la financiación electoral, por lo que dichos gastos se han agregado a los gastos electorales ordinarios y se han computado a efectos del límite máximo de gastos.

El informe ha detectado algunas deficiencias respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales por valor de 133.584 euros, de los cuales corresponden a las elecciones de Cantabria 82.936 euros, a las de La Rioja 22.716 euros, a las de Castilla-La Mancha 20.265 euros y a las de Murcia 7.665 euros. El Tribunal considera que estos gastos no han sido correctamente justificados o no tienen naturaleza electoral al no ajustarse a los conceptos de gasto previstos en el artículo 130 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). Por lo tanto, no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales.

Ninguna formación política ha superado el límite máximo de gastos previsto para estas elecciones autonómicas, ni los límites establecidos en los artículos 55 y 58 de la LOREG, relativos a los gastos de publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio, respectivamente.

El Tribunal de Cuentas ha formulado propuestas de reducción de las subvenciones electorales por valor de 18.748 euros en los informes de fiscalización de las elecciones al Parlamento de Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia. Estas propuestas se realizan a los partidos políticos que han incurrido en determinados incumplimientos de la normativa electoral, los cuales figuran enumerados en una Instrucción aprobada por el Pleno para su aplicación en estos procesos electorales.

En todo caso, el control que el Tribunal de Cuentas lleva a cabo en relación con los ingresos y gastos electorales no finaliza con las fiscalizaciones específicas de las contabilidades electorales, ya que éstas ha de ser integradas en las correspondientes cuentas anuales consolidadas de los partidos políticos, que son objeto de fiscalización con carácter anual.

Estos cinco informes de contabilidades electorales formulan una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno de España y al de las respectivas Comunidades Autónomas con el fin de que, atendiendo a sus respectivas competencias, ejerciten las iniciativas legislativas oportunas. Las recomendaciones también van dirigidas a la Junta Electoral Central, al prestador del servicio postal y a los propios partidos políticos.

Consulta los informes:  Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia.

Consulta los resúmenes: Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia.

El Tribunal de Cuentas recomienda al BSC-CNS, el consorcio que alberga el MareNostrum, reformar sus estatutos para incluir entre sus fines la gestión de proyectos de investigación.

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) es el centro de supercomputación de referencia en España que gestiona el MareNostrum, uno de los superordenadores más potentes de Europa que se ha actualizado en cinco ocasiones.

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado el BSC-CNS en los ejercicios 2015-2021 por su relevancia tanto en inversión de equipos de alta tecnología como en gestión de proyectos de investigación. 

Con el objetivo de gestionar el supercomputador en 2005 se creó un consorcio estatal entre la Administración General del Estado (60%), la Generalitat de Cataluña (30 %) y la Universitat Politècnica de Catalunya (10%). Una vez extinguido dicho consorcio, se crea uno nuevo en 2015, con la misma participación y finalidad, y que ha sido objeto de la fiscalización.

El convenio de creación del consorcio no contemplaba la gestión de proyectos de investigación y la prestación de servicios representando en la actualidad el 83 % de su actividad.  De 4 millones de euros en 2005 destinados a la investigación se ha pasado a casi 150 millones en 2022.

El informe recomienda al Consejo Rector del BSC-CNS “que promueva ante las respectivas Administraciones la modificación del convenio de creación del consorcio, y de sus Estatutos, al objeto de acomodar los fines del consorcio a la realidad de su actividad”.

El informe concluye, entre otras cuestiones, que el BSC está gestionado con una importante autonomía por sus órganos de dirección, mientras que el control de la Administración General del Estado y de la Generalitat de Catalunya es limitado sobre aquellos aspectos relativos a decisiones estratégicas y operativas imprescindibles en materia de organización, planificación y determinación de recursos personales y materiales.

Por este motivo, el informe advierte que “es deseable que el Consejo Rector del BSC-CNS, asuma el ejercicio de competencias de dirección, de tal forma que el BSC mantenga una independencia funcional de la UPC”.

Las aportaciones de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) no son monetarias, sino que se hacen mediante la cesión de uso de espacios y la asignación de personal a través de un régimen jurídico inspirado en la normativa reguladora de las entidades vinculadas a la investigación universitaria. Según el Tribunal de Cuentas esto no resulta compatible con la consideración del BSC-CNS como una entidad institucional del sector público estatal.

El BSC-CNS carece de un diagnóstico riguroso de las necesidades de personal, acusa una alta tasa de personal temporal y un elevado número de relaciones provisionales que atiende a funciones de naturaleza estructural. Además, el informe concluye que no se cumple con el principio de composición equilibrada que inspira la normativa de igualdad, representando las mujeres únicamente el 26 % de la plantilla, frente al 74 % de hombres. Por otro lado, en los niveles de mayor responsabilidad la desproporción es mayor situándose entre un 8% y un 20% de mujeres.

La fiscalización señala una serie de deficiencias de control interno, relacionadas con la utilización de determinados medios de pago, la contratación menor, los sistemas de anticipo de caja fija y los de liquidación de viajes que el Tribunal recomienda solucionar.

De la observación de la gestión, el Tribunal de Cuentas deduce que el consorcio alcanza un alto grado de éxito en dos de sus objetivos reales: la obtención de infraestructuras y de tecnología en los supercomputadores más avanzados en cada momento y la consecución de la mayor financiación posible para la gestión de proyectos de investigación.  

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El Tribunal de Cuentas fiscaliza la actividad de TRAGSA como medio propio al servicio de la Administración.

TRAGSA es una sociedad estatal de capital 100% público que tiene reconocida por ley la condición de medio propio. Se constituyó en 1977 con la finalidad de contribuir al desarrollo agrario, forestal y de conservación de la naturaleza, pero actualmente realiza encargos para más de un centenar de entidades públicas de todas España.

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado los encargos ejecutados por TRAGSA durante los ejercicios 2021 y 2022. En el 80% de los encargados analizados, TRAGSA ha actuado en las áreas medio ambiente, edificación y arquitectura, agua e infraestructuras y en un 8% de los encargos analizados lo hizo en situaciones de emergencia varias. 

El informe establece que el 95% de las actividades que realiza TRAGSA provienen de los encargos de las administraciones y entidades del sector público, estatal, autonómico y local de los que es medio propio. En los ejercicios analizados recibió 1.370 y 1.671 encargos respectivamente por un importe total de más de 3.000 millones de euros. Estos encargos representaron un sensible incremento respecto a ejercicios anteriores y para ejecutarlos contó con 10.200 trabajadores en 2022.

La fiscalización del Tribunal de Cuentas concluye que TRAGSA ha visto extendida a lo largo de los años su actividad a otros ámbitos que exceden el contenido de su objeto social. El Tribunal de Cuentas valora que “teniendo en cuenta el considerable número de medios propios con los que cuenta la Administración, no resulta ponderado el crecimiento de las actuaciones de TRAGSA en los diferentes ámbitos de actividad, teniendo en cuenta que se requiere la especialización en todos ellos”.

Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda, entre otras cuestiones, que en los casos en que TRAGSA entienda que el cometido del encargo recibido no encaja en las actividades de su objeto social, traslade al poder adjudicador la conveniencia de que se valga de otros medios propios del sector público en el caso de que estos tengan una mayor especialización que la propia TRAGSA. 

El informe pone de manifiesto que este incremento de actividad ha conllevado una necesidad de medios superior a la que se tuvo en cuenta cuando se creó como medio propio de la Administración General del Estado. Por este motivo se ha visto obligada a tener una elevada plantilla de personal temporal que en 2022 representó el 58% del total.

Además, la fiscalización concluye que este incremento de actividad ha obligado a TRAGSA a contratar con terceros para poder ejecutar los encargos. Este tipo de contratación, permitida por ley, no tiene límite en los encargos por emergencia. En este sentido el informe ha detectado algunas deficiencias en la planificación por parte de TRAGSA de las necesidades de contratación con terceros, así como en su seguimiento y control, por lo que el Tribunal formula una serie de recomendaciones para la mejora de la gestión en este ámbito.

En el caso de los encargos por razones de urgencia y de emergencia, el Tribunal de Cuentas recomienda a TRAGSA que, al recibir el encargo, solicite a los poderes adjudicadores la exposición de las circunstancias que concurren para fundamentar esta situación de urgencia o emergencia y que deje constancia de ello en sus expedientes.

En total el Tribunal de Cuentas formula 14 recomendaciones a TRAGSA entre las que figura que mejore su sistema de control interno con el fin de detectar riesgos y debilidades en la gestión y seguimiento de los expedientes.

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El CSIC sigue sin culminar la integración del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (IEO y el INIA)

La integración del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA) en el CSIC entró en vigor el 1 de abril de 2021. El IEO y el INIA antes de su integración en el CSIC mostraban deficiencias significativas en su gestión administrativa interna, llegando en caso del IEO a una grave situación que ponía en riesgo su actividad de servicio público.

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado este proceso de integración. El informe señala que se optó por la incorporación de estos organismos en el CSIC con el fin de ahorrar en torno a 12 millones de euros. Sin embargo, los resultados indican que no se ha justificado esta hipótesis de ahorro y no se analizaron otras alternativas a la integración.

El Tribunal de Cuentas concluye que la integración efectiva del IEO y del INIA en el CSIC no está culminada. A pesar de que, al inicio del proceso, el CSIC ya disponía de la información necesaria sobre la situación de las entidades que se integraban, no desarrolló una estrategia suficientemente planificada.

El informe valora que “la ausencia de un plan de acción con definición de medidas concretas y unidades responsables, la carencia de un calendario con las fechas previstas para completar la integración en cada una de las áreas, así como la insuficiente valoración de los recursos que iban a ser necesarios para implementarlas” ha influido en el retraso de la integración. 

Además, los resultados de la fiscalización señalan que no se han definido los indicadores para alcanzar los objetivos pretendidos con la integración, ni los criterios, los datos y las fuentes necesarias para su medición, así como tampoco los mecanismos de seguimiento de la consecución de esos objetivos.

El Tribunal de Cuentas recomienda al CSIC formular, aprobar e implementar un plan de acción inmediato para culminar el proceso de integración en un plazo determinado, así como definir los elementos necesarios para realizar un seguimiento y evaluación de la integración.

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