Communication and Outreach Space
El Tribunal de Cuentas detecta un retraso generalizado en la implantación del canal del informante en los ayuntamientos con población de entre 100.000 y 200.000 habitantes
Madrid, 29 de noviembre
Los ayuntamientos de España tienen la obligación de implementar sistemas internos de información a través de los cuales las personas que tengan una relación laboral o profesional con ellos puedan informar, de manera segura y anónima, de posibles infracciones del ordenamiento jurídico. Estos sistemas deberían estar disponibles desde el 13 de junio de 2023, tras la aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección del informante.
Además, estos sistemas internos deben contar también con un responsable y un procedimiento para la gestión y tramitación de las comunicaciones recibidas.
El Tribunal de Cuentas ha analizado si los 35 ayuntamientos de España que tienen una población entre 100.000 y 200.000 habitantes habían implementado estos sistemas internos de información.
El informe concluye un retraso generalizado en la implantación del canal del informante entre estos ayuntamientos. Solo 6 de las 35 entidades fiscalizadas habían puesto en marcha el canal interno de información en el plazo establecido por la ley, el 13 de junio de 2023. Estos ayuntamientos fueron Donostia/San Sebastián, Getafe, Girona, Lleida, Mataró y Santander. Además, el informe constata que también habían designado responsable y aprobado un procedimiento para la gestión y tramitación de la información recibida.
Otros 8 ayuntamientos, entre los que figuran el de Barakaldo, Dos Hermanas, Cádiz, Fuenlabrada, Huelva, Salamanca, Tarragona y Torrejón de Ardoz, fueron implementando sus sistemas internos de información con posterioridad y antes del cierre de los trabajos de fiscalización.
El Tribunal de Cuentas recomienda a los ayuntamientos “continuar esforzándose en el fortalecimiento de sus procedimientos y controles, implementando Sistemas internos de información en los casos en los que carezcan de ellos, e impulsando mejoras continuas en los existentes”. Además, el informe sugiere la puesta en marcha de campañas de sensibilización y difusión con el objetivo de que los informantes conozcan la existencia de estos sistemas ante el conocimiento de posibles infracciones.