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El Tribunal de Cuentas concluye que el sistema de bonificación de los combustibles en 2022 se implantó de forma rápida y eficiente
- El gasto ascendió a 6.288 millones de euros y fue gestionado con agilidad, aunque se detectaron algunas lagunas en el diseño de los controles.
Madrid, 27 de junio de 2025
El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización sobre la bonificación extraordinaria y temporal del precio de los combustibles y aditivos para automoción, aplicada entre abril y diciembre de 2022 en respuesta al impacto económico de la invasión de Ucrania. La medida, regulada en el Real Decreto-ley 6/2022, de gran repercusión social, consistió en una ayuda directa de 20 céntimos por litro para todos los consumidores, con un coste final de 6.288 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, según los cálculos del Tribunal de Cuentas.
La fiscalización analiza la planificación, gestión y control de esta medida, centrando su revisión en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Consumo.
El informe constata que la medida se implementó con rapidez y sin incidencias destacadas, gracias al papel asumido por los suministradores minoristas como colaboradores de la Administración en la aplicación del descuento.
No obstante, el Tribunal advierte que el diseño normativo presentaba algunas lagunas e incorrecciones, al incluir controles de difícil aplicación (como los relativos al aditivo AdBlue o la exclusión de embarcaciones de recreo) y una distribución de competencias insuficiente entre los distintos organismos.
Entre los hallazgos más relevantes, se señala que la AEAT se excedió en el abono de 7,7 millones de euros a la Hacienda Foral de Navarra, al no considerar correctamente anticipos pendientes de cancelación. Asimismo, se identificaron ambigüedades en la normativa sobre la cofinanciación por parte de operadores mayoristas, con un impacto presupuestario de hasta 532 millones de euros que repercutió a favor de los consumidores finales.
El Tribunal de Cuentas recomienda, entre otras cuestiones, mejorar los sistemas de gestión de devoluciones tributarias en la AEAT y reducir los registros manuales cuando sea posible la automatización, así como establecer controles simples y eficaces que garanticen la calidad de la información que se remite periódica y obligatoriamente a la Administración.