El Tribunal de Cuentas aprueba la nota sobre el estado de liquidación del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil

Nota a iniciativa del Tribunal de Cuentas

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA LA NOTA SOBRE EL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PATRONATO DE VIVIENDAS DE LA GUARDIA CIVIL

• El Tribunal recomienda establecer un plazo para culminar la liquidación total del patrimonio residual. De no conseguirse en dicho periodo, la Institución propone trasladar los bienes, derechos, obligaciones y la tesorería resultante del mismo, a las unidades competentes de la Administración General del Estado para integrarlas en la misma y liquidar definitivamente el patrimonio del extinto Patronato.

Madrid, 2 de septiembre de 2019.- Esta Nota, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, es el resultado de la fiscalización de cumplimiento y operativa que ha tenido como ámbito, subjetivo y objetivo, la Comisión Liquidadora del extinto Patronato y las distintas operaciones de gestión de inmuebles y tesorería, respectivamente, en el periodo 2002-2016. El principal objetivo ha sido verificar la realización de las operaciones necesarias para liquidar el patrimonio del extinto Patronato y constatar las causas que no permitían su liquidación total 20 años después de su extinción. La fiscalización operativa se ha hecho extensiva al ámbito temporal de la fiscalización, mientras que, la de cumplimiento, se circunscribe al periodo 2012-2016, teniendo en cuenta el plazo máximo legal para conservar la documentación justificativa.

La Nota señala que, para realizar las comprobaciones programadas en esta actividad fiscalizadora, ha tenido algunas limitaciones sobre la titularidad de cuatro fincas del patrimonio analizado.

La fiscalización ha concluido, entre otras cuestiones, las siguientes:

La Comisión Liquidadora, fue creada tres meses después de la extinción legal del Patrimonio y se adscribe a una Dirección General del Ministerio del Interior; sin embargo, dado el prolongado proceso de liquidación se ha visto afectada por varias reestructuraciones Ministeriales.

En lo relativo a su funcionamiento de la Comisión, la fiscalización concluye que los recursos humanos especializados y los recursos materiales dedicados a las tareas de liquidación del patrimonio residual resultaron, especialmente en los últimos años, insuficientes. Estas labores fueron acometidas entre 2002 y 2011 con el apoyo de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA); sin embargo, la dilatación en la resolución de algunos asuntos por parte de la Comisión Liquidadora y la escasez de convocatorias de reunión de las mismas, ha puesto de relieve la ineficacia de este órgano colegiado.

En relación con la actividad liquidadora acometida por la Comisión, en la fiscalización se ha observado que los inmuebles no logísticos se enajenaron principalmente en 2002 y de forma residual en 2008 y 2011; quedando pendientes de venta cuatro de ellos. En cuanto a los logísticos, solo se produjo el traspaso a Patrimonio del Estado de uno de ellos, en 2007; con numerosas regularizaciones administrativas y registrales, previas llevadas a cabo por SEGIPSA. Por lo que se refiere a los créditos hipotecarios, SEGIPSA intentó mediante concurso, en 2007, ofrecerlos a entidades financieras, pero quedó desierto.

En cuanto al patrimonio existente, el planteamiento general era traspasar los bienes calificados logísticos -que adquieren un carácter demanial- a la Dirección General del Patrimonio del Estado para adscribirlos a la Dirección General de la Guardia Civil; y enajenar los bienes no logísticos para que, con sus beneficios -obtenidos por las ventas, y las rentas que se pudieran obtener mientras tanto-, sufragar los gastos de conservación del patrimonio en liquidación e ingresar en el Tesoro Público el excedente resultante.

No obstante, trascurridos 20 años continúan sin traspasarse, a la Dirección General del Patrimonio del Estado, 26 inmuebles logísticos en Cádiz; once de los cuales están, a 31 de diciembre de 2016, arrendados a particulares, si bien algunos de ellos podrían haberse extinguido si se hubiera aplicado correctamente la legislación en materia de arrendamiento.

También están pendientes de enajenación cuatro inmuebles no logísticos; así como, unos terrenos con problemas de regularización en los registros de la propiedad, derivados de la falta de claridad en la identificación de las fincas cuando estos fueron traspasados entre distintos organismos de ámbito estatal. Por otra parte, hay tres deudores con deudas vencidas a 31 de diciembre de 2016, y no se dispone de suficiente información para reclamar  una parte de las fianzas y depósitos constituidos.

Tras los resultados, la Nota incluye una serie de recomendaciones:

• Establecer un plazo máximo para acometer, entre otras tareas: la depuración de los deudores pendientes de cobro, así como de las fianzas y depósitos constituidos por falta de identificación de los mismos; la clarificación de la titularidad registral de los solares; la enajenación de los bienes no logísticos y la resolución del máximo número de contratos de arrendamiento, en Cádiz de los locales de Cádiz para, posteriormente, traspasarlos a la DGPE en las mejores condiciones posibles.
• En el caso de que, una vez alcanzado dicho plazo, no se hubiera conseguido la liquidación total por los procedimientos indicados anteriormente, la Institución recomienda trasladar los bienes, derechos, obligaciones y la tesorería resultante a las unidades competentes de la Administración General del Estado para integrarlas en la misma, y liquidar definitivamente el patrimonio del extinto Patronato.

El contenido de la presente Nota (nº 1.329) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es)

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Marisol Gálvez
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