El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de la gestión de las ayudas y subvenciones concedidas en el marco del Programa 231H “Acciones en favor de los inmigrantes”, ejercicio 2018

Fiscalización realizada a iniciativa de la Institución

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 231H “ACCIONES EN FAVOR DE LOS INMIGRANTES”, EJERCICIO 2018

Madrid,5 de agosto de 2021.- Este informe de fiscalización, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, analiza la totalidad de las ayudas y subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 231H “Acciones en favor de los inmigrantes”, gestionadas por la Secretaría General de Inmigración y Emigración en el año 2018, que en ese año ascendieron a 390.379.000 euros. Dicha Secretaría General fue suprimida por el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, asumiendo sus competencias la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Informe refleja, conforme a los objetivos previstos de la fiscalización, los resultados obtenidos del análisis de la representatividad contable en el Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018, de los capítulos 4 y 7 del programa presupuestario 231H; de su normativa reguladora y de su cumplimiento, así como de los procedimientos implantados para la gestión de las ayudas y subvenciones analizadas; de la valoración de los indicadores de seguimiento y de los objetivos definidos en el citado programa presupuestario; y del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre los fondos públicos aplicados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (SEIE) para la integración de los inmigrantes, aprobado por el Pleno el 22 de diciembre de 2011.

Entre las principales conclusiones recogidas en el Informe se encuentran las siguientes:

• Respecto a la representatividad contable, la opinión es favorable sin salvedades.
• En relación con el análisis de la normativa específica reguladora de las ayudas, se señala que recoge de manera adecuada el contenido mínimo establecido en la Ley General de Subvenciones y en su reglamento, salvo por algunas deficiencias, entre las que cabe destacar la exigencia de distintas obligaciones a los beneficiarios para un mismo tipo de ayudas, en función de la fuente de financiación de los proyectos, siendo más exigente para aquellos cofinanciados con fondos europeos que para los financiados solo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
• Por lo que se refiere al cumplimiento de la normativa aplicable, así como al análisis de los sistemas y procedimientos de concesión y gestión, se señalan algunas deficiencias e incumplimientos, entre los que incluyen: la inexistencia de una única aplicación informática que abarque todas las fases del procedimiento; la utilización de la invitación como procedimiento de inicio en la línea de Atención Humanitaria, lo que no está previsto en sus normas reguladoras, adoleciendo, además, de otros defectos, principalmente, de la ausencia de criterios preestablecidos para seleccionar las entidades a invitar y la falta de documentación que justifique su selección; las carencias en la fundamentación de la valoración de las solicitudes; la ausencia de visitas in situ para el seguimiento de las actividades subvencionadas; y el importante retraso en la revisión de la documentación justificativa de las subvenciones.
• En relación con los indicadores de seguimiento y de los objetivos definidos en el programa presupuestario 231H, se señala que no resultan adecuados para valorar el grado de consecución de los objetivos ni permiten determinar el nivel de eficiencia en su gestión.
• En relación con el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Tribunal en su anterior Informe sobre los fondos públicos aplicados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración para la integración de los inmigrantes, el Informe señala que de las 11 recomendaciones formuladas: cinco han sido cumplidas de forma parcial, cuatro están incumplidas, y las dos restantes ya no resultan aplicables.

El informe concluye con un conjunto de recomendaciones, dirigidas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la Secretaría de Estado de Migraciones, entre ellas:

• Modificar las bases reguladoras para incorporar aquellas exigencias de la normativa europea que no han sido recogidas en la normativa nacional
• Completar los manuales de procedimientos de gestión de todas las líneas de subvenciones y de finalizar el proceso de implantación de la aplicación informática diseñada para el seguimiento integral de las ayudas.
• Reducir la demora en la comprobación de la documentación justificativa de las subvenciones concedidas y al establecimiento de un sistema de objetivos e indicadores del programa presupuestario que permita valorar el grado de eficacia y eficiencia en su gestión y que resulte útil para la toma de decisiones y para la asignación de las dotaciones presupuestarias.

El contenido de este Informe (nº 1.438) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

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Marisol Gálvez
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