El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2017

Fiscalización a iniciativa de la Institución

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIO 2017

Madrid, 21 de enero de 2020.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de la Comunidad y las entidades que integraban su sector público durante 2017; analizando, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad, los sistemas de control interno, la estabilidad presupuestaria, la gestión de los gastos de personal, la actividad subvencionadora, el gasto sanitario, el gasto educativo no universitario, el endeudamiento financiero, el área medioambiental, la verificación del cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de las prescripciones en materia de transparencia. Igualmente, se ha incorporado el seguimiento de las recomendaciones formuladas tanto por el Tribunal en informes de ejercicios anteriores como por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

De los resultados de la fiscalización el Informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones:

La Cuenta General de la Comunidad y las cuentas anuales individuales de sus entidades públicas correspondientes al ejercicio 2017 fueron rendidas al Tribunal de Cuentas dentro del plazo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia y se han adaptado, en términos generales, a los principios y normas contables contemplados en los planes de contabilidad que les son de aplicación, sin perjuicio de las observaciones y salvedades señaladas en el informe.

En relación con el análisis de los sistemas y procedimientos de control interno la fiscalización detecta que las consejerías y organismos no disponían de sistemas de seguimiento de los objetivos aplicables a los programas presupuestarios, así como de mecanismos de diagnóstico e identificación de las áreas de mejora de la gestión, al margen de los resultados y recomendaciones recogidos en los informes de control interno de la Intervención General de la Comunidad. Asimismo, el Informe señala que no ha sido contemplado el desarrollo e implantación de un sistema de contabilidad analítica que facilite la presupuestación por objetivos. Todo ello dificulta la toma de decisiones en relación con la planificación de ejercicios futuros, así como con la adopción de medidas correctoras en el transcurso del propio ejercicio.

Respecto a la gestión patrimonial tanto en el sector administrativo, como empresarial y fundacional de la Comunidad, la fiscalización ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias y debilidades, entre ellas: la ausencia de inventarios completos de bienes y derechos, la inexistencia de políticas escritas para las adquisiciones, ventas, traspasos, bajas y actualizaciones de los bienes muebles, la no realización de conteos, comprobaciones periódicas de los elementos del activo y cruces o conciliaciones entre el registro de inventario y la contabilidad, así como la ausencia de manuales o instrucciones internas para la formación y aprobación de los inventarios.

En materia presupuestaria, la Administración General de la Comunidad (AGC)  registró en 2017 un resultado presupuestario negativo de 278 millones de euros y un saldo presupuestario positivo de 253 millones de euros. No obstante, como consecuencia de la falta de contabilización de las aportaciones para compensar las pérdidas de 463 millones de euros alcanzadas en el año por el Servicio Murciano de Salud (SMS), las citadas magnitudes presupuestarias pasarían a presentar, respectivamente, unos saldos negativos de 742 y 209 millones de euros, respectivamente.

En la vertiente patrimonial, las rúbricas del balance presentaban, a 31 de diciembre de 2017, como incorrección contable la infravaloración en 1.130 millones de euros de las obligaciones por transferencias correspondientes al déficit acumulado del Servicio Murciano de Salud. Asimismo, la ausencia de comprobaciones periódicas homogéneas de los bienes registrados en las cuentas de instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado de la Administración regional, así como la falta de estudios y análisis sobre las correcciones valorativas por deterioro de dichos elementos, han determinado la imposibilidad de valorar la razonabilidad y representatividad de estos epígrafes del balance a la mencionada fecha.

Por otra parte, en relación con el objetivo de estabilidad presupuestaria del ‑0,6 % de su PIB regional fijado para 2017, el informe señala que no fue cumplido al haberse registrado en el mismo un déficit del ‑1,46 % del PIB regional. También incumplió la regla de gasto en dicho año al haber sido la variación del gasto computable (3,6 %) superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB para 2017, fijada en el 2,1 %.  Como consecuencia de estos incumplimientos, la Comunidad presentó un plan económico financiero (PEF 2018-2019), que una vez informado por la AIReF, fue declarado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La Comunidad ha cumplido el objetivo de deuda fijado para 2017, al haberse registrado un volumen de deuda pública de 8.795 millones de euros, equivalente al 28,9 % del PIB regional. Por otra parte, el periodo medio de pago de las deudas por operaciones comerciales superó el plazo máximo de 30 días establecido en la normativa de morosidad en todos los meses del 2017, salvo en noviembre y diciembre debido a una aportación adicional del Fondo de Liquidez Autonómico recibido por la Administración regional para atender facturas pendientes que no pudieron pagarse en ejercicios anteriores a causa del exceso de déficit.

La AGC ha respetado las limitaciones al endeudamiento financiero establecidas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2017, así como el límite del 25% de la carga financiera de la deuda crediticia previsto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, al situarse en el 21 %, dos puntos por debajo del alcanzado en 2016. El riesgo vivo por avales concedidos por la AGC y el resto de entidades del sector público de la Comunidad ascendía, a 31 de diciembre de 2017, a 165 millones de euros, un 4,2 % menos que al cierre del ejercicio anterior.

En cuanto a la gestión sanitaria, la fiscalización observa (como en ejercicios anteriores) una enorme rigidez del gasto corriente, que afecta a la sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios. Por otra parte, los tiempos medios de espera en el Servicio Murciano de Salud de las listas de espera de consultas y procesos quirúrgicos se han reducido en 2017 un 14% y 5%, respectivamente, frente a los descensos del 9 % y 8 % registrados de media en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, si bien han tenido un comportamiento heterogéneo en función del tipo de especialidad y proceso.

En materia de planificación y ejecución de las inversiones educativas, no se han realizado estudios globales sobre las necesidades de inversión en los centros educativos, ni se ha dispuesto de un plan director de infraestructuras.

En la revisión del Plan de Residuos de la C.A. de la Región de Murcia 2016‑2020 se ha constatado una serie de deficiencias que dificultan el cumplimiento de los objetivos marcados en la normativa reguladora de los residuos, con el consiguiente riesgo de imposición de multas y sanciones, así como de la eventual pérdida de financiación de fondos europeos.

Por otro lado, las actuaciones contempladas en la regulación sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, se han dirigido casi exclusivamente a rebajar la presión de la actividad agrícola sin abordar de forma integral la protección y gobernanza de este espacio protegido, lo que ha limitado su eficacia en el ejercicio fiscalizado y perdido el carácter de urgentes con el que se aprobaron. Algunas de las medidas aprobadas han presentado incoherencias y problemas de aplicación ya que, en algunos casos, se sobrepasaba la normativa nacional y comunitaria o no resultaban aplicables mientras no hubiera una resolución firme de la Confederación Hidrográfica del Segura de los expedientes en trámite de regularización  En cuanto a las medidas y soluciones aplicables, debe destacarse la necesaria implicación y colaboración de todas las administraciones intervinientes (estatal, autonómica y local), ya que la adopción de las principales medidas corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura, a la Demarcación de Costas del Estado y a los Ayuntamientos ribereños. En este sentido, todavía existían instrumentos fundamentales como el plan de usos y el plan de actuaciones, el proyecto de determinación de agua subterránea que llega al Mar Menor, o el proyecto de análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor, cuya redacción y aprobación estaban pendientes de finalizar por el Ministerio para la Transición Ecológica.

La información que ofrecía la AGC en su portal de transparencia en septiembre de 2019 cubría el contenido mínimo exigido por la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, excepto determinados aspectos relativos a los recursos humanos, a la contratación pública y a las modificaciones de crédito. Por otra parte, en 2017 una fundación, tres consorcios y tres entidades dependientes de las universidades públicas de la Comunidad no habían incorporado en el portal de transparencia corporativo de la Administración Autonómica la información prevista en la citada Ley.

Por otra parte, la fiscalización señala que la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A. ha continuado presentando pérdidas significativas, que se han situado este año en 21 millones de euros, lo que ha determinado que la sociedad se encuentre nuevamente incursa en la causa de disolución prevista en la Ley de Sociedades de Capital. En tanto no cambien las condiciones del actual modelo de gestión de la sociedad, no se prevén variaciones importantes, al ser sus obligaciones de pago y compromisos asumidos muy superiores a su cifra de negocio. No obstante, en 2017 ha continuado aumentando el volumen de agua desalada, lo que supone un incremento de los ingresos, que, en cualquier caso, todavía se encuentra por debajo del pleno rendimiento de la planta desaladora.

Respecto a la situación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2018 ha dictaminado que la resolución de la concesión para la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia fue consecuencia de un incumplimiento de la concesionaria. No obstante, se sigue manteniendo la incertidumbre sobre el resultado final de la liquidación del contrato de concesión administrativa y las posibles contingencias derivadas de la eventual reclamación del lucro cesante y daño emergente por parte de la sociedad concesionaria, así como la forma en que se instrumentará por parte de la Administración Autonómica el pago de las expropiaciones pendientes de pago que corresponden pagar a dicha sociedad. En enero de 2018, se adjudicó a AENA SME, S.A. el nuevo contrato de gestión, explotación, mantenimiento y conservación del Aeropuerto.

Finalmente, por lo que se refiere al seguimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en el Informe de Fiscalización de ejercicios precedentes, se han apreciado algunos avances en el cumplimiento de las recomendaciones señaladas especialmente en materia sanitaria. No obstante, se mantienen otras recomendaciones para las que no se han apreciado cambios o los avances han sido más reducidos, por lo que se reiteran en el presente informe.

El contenido de este Informe (nº 1.353) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

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Marisol Gálvez
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