El Tribunal de Cuentas advierte debilidades estructurales en la implementación de la Estrategia de Transición Justa

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización sobre la actividad del Instituto para la Transición Justa (ITJ) durante el ejercicio 2023, organismo responsable de ejecutar la Estrategia de Transición Justa (ETJ). Se ha examinado el papel del ITJ en la puesta en marcha y desarrollo de la Estrategia, la identificación de sus zonas de actuación en municipios afectados por el cierre de actividades mineras de carbón, de centrales térmicas y centrales nucleares y las actividades centradas en el desarrollo de infraestructuras, el apoyo empresarial, iniciativas de formación y proyectos de restauración ambiental.

El concepto de “transición justa” se basa en la necesidad de que la transición ecológica en la que está inmersa nuestro país no deje a nadie atrás, ayudando a aquellos territorios o sectores que puedan verse afectados.

La fiscalización concluye que “no se ha definido un marco de gobernanza capaz de abarcar la amplitud de sectores que la Estrategia identifica como afectados”, lo que restringe la operatividad del ITJ. Aunque su estatuto lo define como el organismo responsable, su campo competencial no cubre todos los sectores implicados en la transición —como la agricultura, el transporte o la gestión del agua—, y “existen carencias en la definición del Consejo Asesor y en su funcionamiento”.

Además, según el informe, la Estrategia de Transición Justa carece de elementos esenciales como objetivos cuantificables, indicadores de seguimiento o una hoja de ruta por sectores. Esta carencia impide orientar las decisiones en función de los resultados obtenidos. Además, limita su capacidad de impacto.

Actualmente, se han delimitado 15 zonas de transición justa que comprenden 197 municipios en 8 comunidades autónomas. Sin embargo, el 48 % de estos municipios ya recibían ayudas del anterior Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC). Según el informe, esta continuidad sin evaluación previa “supone la perdurabilidad de sistemas de ayuda sin un análisis de los efectos y los impactos que tales medidas tuvieron en los pueblos mineros”.

El modelo de subvenciones presenta también riesgos operativos: en las convocatorias tramitadas en 2023, más del 85 % de las solicitudes presentaron defectos que obligaron a su subsanación y el 7 % de las ayudas de infraestructuras fueron finalmente renunciadas. El informe señala que el ITJ “no cuenta con un sistema de control interno robusto” ni con una herramienta informática adecuada para automatizar la gestión.

No obstante, el Tribunal destaca los esfuerzos realizados por el Instituto para fomentar la participación de los interesados de las zonas afectadas. Estas iniciativas han contribuido a identificar necesidades territoriales y a definir proyectos más ajustados a las características locales.

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