APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE MATADEROS Y MERCADOS EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL

Fiscalización realizada, a iniciativa de las Cortes Generales, por el Tribunal de Cuentas en colaboración con los OCEX

Madrid, 1 de julio de 2015.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización de los servicios prestados en materia de mataderos y mercados en el sector público local”. Esta fiscalización se ha realizado a iniciativa de las Cortes Generales y se ha llevado a cabo en coordinación con los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con unas líneas básicas de actuación adoptadas de común acuerdo. El Informe ofrece un análisis comparativo de la prestación de dichos servicios en todo el territorio nacional.

Los objetivos específicos de esta fiscalización fueron: verificar la prestación del servicio de mercado por las entidades locales obligadas a ello o, en su caso, la existencia de exención de la prestación del servicio por la respectiva Comunidad Autónoma; y analizar la gestión de la actividad económico-financiera de los servicios de matadero y mercado adoptada por las entidades locales que lo prestan.

El ámbito subjetivo de la fiscalización viene delimitado por las entidades locales titulares de instalaciones de matadero y mercado y, en todo caso, por aquellas de población superior a 5.000 habitantes –obligadas legalmente a prestar el servicio de mercado hasta el 1 de enero de 2014-. La fiscalización se refiere, fundamentalmente, al ejercicio 2012, aun cuando los datos relativos a censos y modalidades de gestión de los servicios de mataderos y mercados están referidos a 31 de diciembre de 2013, y la información económica y financiera se ha obtenido al cierre de los ejercicios 2012 y 2013.

Entre las conclusiones de la fiscalización se señala que no existen censos completos de mataderos ni de mercados locales, por lo que, al objeto de llevar a efecto la fiscalización, se han elaborado sendos censos, que incluyen 250 mataderos locales, de los cuales 187 pertenecen a entidades locales de menos de 20.000 habitantes, y 958 mercados de titularidad de 646 entidades locales.

En relación con la prestación del servicio de matadero, el Informe expone cómo los cambios económicos y sociales han convertido esta actividad en un complejo proceso industrial alejado del contenido propio de los servicios públicos, manteniéndose algunas instalaciones por razones sociales o de desarrollo económico, y que, en los últimos años, se ha cerrado un cierto número de mataderos por problemas económicos en su mantenimiento. Se indica que la mayoría de los mataderos censados se gestionaban de manera indirecta o externa, habiendo generado, en su conjunto y globalmente, fondos a las entidades locales en 2012 y costes en 2013. Los mataderos gestionados directamente por la entidad titular produjeron en su conjunto necesidad de financiación a las Administraciones Públicas en ambos ejercicios; concentrándose esta necesidad, fundamentalmente, en seis de ellos. Esta situación, en la que el ejercicio de una actividad económica de carácter voluntario -como es el caso de los mataderos- resulta onerosa para la entidad local titular, pone de manifiesto las dificultades que puede originar para algunas entidades locales el mantenimiento de este tipo de instalaciones.

Por lo que se refiere a la prestación del servicio municipal de mercado, el Informe concluye que, de los 1.312 municipios obligados a prestar el servicio de mercado -por exceder su población de 5.000 habitantes-, 667, que agrupaban el 25% de la población con derecho a percibir este servicio, no tenían mercado, y sólo tres de estos municipios tenían concedida la dispensa de la Comunidad. En la mayoría de los ayuntamientos que no tenían mercado, las necesidades de abastecimiento quedaban cubiertas con los establecimientos privados del municipio, con los mercados y comercios de los municipios colindantes y con mercadillos de venta ambulante de carácter periódico.

Se indica que el cierre de los mercados municipales viene motivado, en gran medida, por la inadecuación de las instalaciones a las demandas de consumo actuales, llevando aparejada esta situación un limitado nivel de ocupación de los puestos y una ineficiencia económica. Asimismo, se recoge que tratándose de una actividad económica en competencia con el sector privado que se lleva a cabo en inmuebles, deberían cubrirse con el precio por ocupación, además de los costes de mantenimiento, al menos, los de carácter financiero y de amortización del edificio y de las instalaciones.

La mayoría de los mercados que se han analizado se gestionaban de forma directa por las entidades titulares. Estos, en su conjunto y globalmente, produjeron una necesidad de financiación a las Administraciones Públicas (entidades locales titulares y otras administraciones que subvencionaron mercados). Los mercados gestionados de forma externa resultaron, por su parte, significativamente menos onerosos que los que lo fueron de forma interna, aunque también estos produjeron, en conjunto, gastos a las entidades titulares.

En las conclusiones del Informe relativas a sociedades gestoras de mercados centrales de abastecimiento mayorista con participación mayoritaria de entidades locales, se indica que cinco de las 19 sociedades de esta naturaleza examinadas mantenían un posible exceso de recursos en efectivo. En términos de resultados, el margen sin subvenciones de la mayoría de estas sociedades era positivo, si bien tres de ellas presentaban indicadores de rentabilidad negativos, lo que pone de manifiesto dificultades para su funcionamiento ordinario. La mayoría de las sociedades presentaba un alto índice de autonomía financiera, sin apenas endeudamiento, superando su patrimonio al endeudamiento en 16 de las 19 sociedades analizadas.

El informe incluye también una serie de recomendaciones, entre las que se destacan las siguientes:

En el marco de la racionalización del sector público local y de su estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, las entidades locales deberían considerar la oportunidad y conveniencia de mantener los mataderos municipales atendiendo a su viabilidad financiera, salvo que concurran razones de índole social que los hagan precisos, y siempre que se garantice que los servicios locales de prestación obligatoria queden cubiertos y que de las cuentas de las entidades locales titulares resulte suficiente capacidad de financiación para permitir cubrir los déficits financieros de los respectivos mataderos.

Respecto a los servicios de mercado se recomienda que, no siendo ya obligatoria su prestación, las entidades locales titulares de estas instalaciones que resulten financieramente onerosas adopten las decisiones oportunas y ponderadas -atendiendo a los intereses públicos, a razones de suficiencia económica y a las exigencias comerciales actuales-  en relación a su continuidad como actividad municipal y, en su caso, a su forma de gestión. Respecto de las entidades titulares de mercados en gestión directa se indica que deberían ajustar las cuantías de las tasas o cánones a imponer a los comerciantes de modo que cubran la totalidad de los costes que se originen, en particular, los de mantenimiento, los de carácter financiero y los de amortización del edificio e instalaciones, evitando generar necesidad de financiación. Asimismo se indica la conveniencia de que se establezcan procedimientos contables en las entidades locales titulares de mercados que les permitan conocer los resultados económicos y financieros de cada instalación de manera independiente.

Para las sociedades gestoras de mercados centrales de abastecimiento mayorista con participación pública que se encuentren en difícil situación financiera o patrimonial, se recomienda que se establezcan planes y medidas de saneamiento que incluyan la revisión de las tarifas del servicio para cubrir los costes y que permitan absorber en un plazo razonable los déficits acumulados. Asimismo, se recoge que debería revisarse la gestión de tesorería de dichas sociedades que registren periodos de cobro elevados para evitar la necesidad de financiar los desfases.

El contenido íntegro de este Informe se encuentra publicado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

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Marisol Gálvez

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