Más de 200.000 dispositivos digitales para reducir la brecha educativa: el Tribunal de Cuentas analiza el avance del programa #EcoDigEdu financiado con fondos europeos

El Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe de fiscalización sobre la implementación del Programa para la Digitalización del Ecosistema Educativo (#EcoDigEdu), enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por los fondos europeos Next Generation. Este programa constituye una de las actuaciones clave de la política educativa vinculada a la transformación digital, y tiene como objetivo reducir la brecha digital entre el alumnado, mejorar la equidad en el acceso a recursos tecnológicos y avanzar en la modernización del sistema educativo.

Con una dotación total de 989 millones de euros, el programa #EcoDigEdu contempla tres grandes líneas de actuación: la entrega de dispositivos portátiles para reducir la brecha digital del alumnado en situación de vulnerabilidad, la digitalización de aulas y la formación del profesorado.

La fiscalización se ha desarrollado en colaboración con los Órganos de Control Externo (OCEx) autonómicos. El informe resultante muestra una radiografía global de la implementación del programa en las comunidades autónomas e incorpora, además, un análisis específico de las dotaciones de dispositivos portátiles en Cantabria, Extremadura, Región de Murcia y La Rioja, comunidades que no disponen de órgano fiscalizador propio.

Según indica el Tribunal, “el conjunto de las comunidades autónomas está avanzando en el desarrollo de las actuaciones del Programa #EcoDigEdu, siendo la relativa a los dispositivos portátiles la que presentaba un mayor ritmo de avance a 31.3.2024”. A esa fecha, las comunidades autónomas habían entregado 208.214 dispositivos, lo que supone el 69 % del objetivo comprometido por España ante la Unión Europea. Además, se habían digitalizado 72.487 aulas (30 % del total previsto) y se había impartido formación técnica en 4.989 centros educativos (27 %). No obstante, las comunidades disponen hasta finales de 2025 para alcanzar los objetivos comprometidos.

Por lo que respecta al análisis efectuado en las comunidades autónomas sin OCEX sobre las dotaciones de dispositivos portátiles destinados al alumnado, a 31 de marzo de 2024 se habían entregado 24.430 dispositivos, habiendo alcanzado Cantabria, Extremadura y La Rioja los objetivos comprometidos en el marco de esta actuación y, en el caso de la Región de Murcia, el 70 % de tales objetivos.

No obstante, del análisis de estas cuatro comunidades se desprende la necesidad de salvaguardar la trazabilidad de las decisiones adoptadas y los criterios empleados en el diseño de las actuaciones. Tampoco se elaboraron planes de implementación, cronogramas ni indicadores para el adecuado seguimiento de su progreso.

Pese a que la finalidad perseguida a través de las entregas de dispositivos es reducir la brecha digital del alumnado, el informe destaca que no todas las comunidades tuvieron en cuenta, de forma directa, la situación de vulnerabilidad del alumnado matriculado en cada centro en el criterio de reparto. Además, ninguna comunidad consultó directamente a los centros acerca de sus necesidades para la cobertura de la brecha digital del alumnado.

Otro aspecto relevante es la información transmitida a los centros educativos, principales gestores de los dispositivos. En este sentido, solo algunas comunidades informaron a los centros sobre la finalidad del programa y el alumnado al que estaban destinados prioritariamente los dispositivos.

Por otra parte, las comunidades no elaboraron los informes previstos en el programa #EcoDigEdu para el seguimiento y evaluación del programa.

En todo caso, la percepción en los centros es en general positiva. Las encuestas realizadas en el marco de la fiscalización revelan que los dispositivos han contribuido “a reducir significativamente la brecha digital del alumnado”.

El Tribunal concluye que “los dispositivos repartidos han logrado una reducción significativa del porcentaje de centros educativos que necesitaban dispositivos para su alumnado con brecha digital de acceso”, pero también insiste en la necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento y evaluación del programa, la custodia documental y la coordinación entre los distintos niveles de gestión.

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