El Tribunal de Cuentas recomienda reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

• Un informe aprobado por el Pleno detecta áreas de mejora en la organización territorial del Estado y en la atención a las víctimas de violencia de género en el entorno rural.
• Además, el Pleno ha aprobado una Nota de actualización de un informe del Tribunal sobre desertificación y prevención de incendios y un informe de fiscalización sobre las ayudas a la cinematografía y sector audiovisual.
• El Tribunal también ha aprobado tres informes de seguimiento de recomendaciones. Uno de ellos relativo al sector público empresarial, otro a entidades con potestad sancionadora y funciones de supervisión de mercados y otro sobre la Mancomunidad de los Alcores.

Madrid, 26 de octubre

España es una de las democracias más dinámicas y con mayor tradición en la lucha contra la violencia de género. En 2004 se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en 2014 España ratificó el Convenio del Consejo de Europa y en 2017 los partidos políticos con representación en las Cortes Generales, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales suscribieron un Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Este Pacto de Estado se concretó en 290 medidas de tipo legislativo, de prevención y protección a las víctimas de violencia de género. Para su desarrollo se previó una financiación adicional de 1.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para el periodo 2018-2022, de los cuales 400 millones se destinaron a la Administración General del Estado, 500 millones a las Comunidades Autónomas y 100 millones a las Entidades Locales. Esta aportación ha sido complementaria y adicional a los fondos específicos anuales. 

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 2018-2022 con el propósito de contribuir a la mejora de las actuaciones públicas, la rendición de cuentas y evaluación de los resultados del Pacto de Estado.

El informe concluye que las dotaciones presupuestarias previstas de 1.000 millones se han aplicado y que la mayoría de las medidas se han implementado o están en curso. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas advierte que para mejorar la eficiencia en la asignación de los fondos sería necesario revisar el diseño del Pacto.

Según el informe la financiación del Pacto de Estado “ha consolidado los servicios de las Comunidades Autónomas y ha ampliado su cobertura a una tipología más amplia, pero todavía no ha tenido la misma repercusión sobre los servicios de las entidades locales, existiendo un mayor margen de mejora en las de menor tamaño”. La fiscalización del Tribunal constata como las Comunidades Autónomas reconocen que falta reforzar los servicios de atención y prevención en el ámbito rural debido a la falta de recursos.

Según los datos recogidos en el informe, las actuaciones de prevención y protección puestas en marcha a la largo de estos 20 años “están contribuyendo a reducir la violencia de género, aunque el objetivo de erradicación está lejos de conseguirse”.

En este sentido la fiscalización constata la fortaleza de los órganos y de los servicios de prevención y de protección de las víctimas que se crearon con la Ley Orgánica 1/2004 y que han permitido, a pesar de la pandemia y de los cambios de gobierno, seguir implementado las medidas del Pacto de Estado.

Los datos demuestran como a lo largo de los años España ha avanzado en la prevención y lucha contra la violencia y han venido mejorando las cifras en los principales indicadores. A pesar de todos estos esfuerzos, cada año se presentan unas 180.000 denuncias en los juzgados, más de 700 mujeres deben estar especialmente protegidas y alrededor de 50 mueren víctimas de sus parejas o exparejas.

Sin embargo, el informe detecta como principales retos actuales lograr una mayor sensibilización en el uso de internet y de las nuevas tecnologías entre los jóvenes, así como mejorar la coordinación y colaboración entre los servicios educativos de las distintas administraciones.

Además, el informe valora que “el papel de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género es relevante para desarrollar la estrategia estatal, coordinar a los poderes públicos y evaluar los resultados de la actuación, pero necesita fortalecer los recursos de las unidades territoriales de violencia”.

Para contribuir a la mejora de la prevención de la violencia de género el informe establece una serie de recomendaciones entre las que figuran reforzar a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, potenciar la eficiencia en la toma de decisiones de financiación, la metodología presupuestaria y contable y la calidad de la evaluación de los resultados, así como reforzar el modelo de colaboración entre Administraciones Públicas.

Para más información se adjunta el Resumen del informe. El informe completo estará disponible para consulta pública en los próximos días en www.tcu.es

El Tribunal de Cuentas concluye que, pese a los avances realizados, sigue existiendo margen de mejora en la lucha contra la desertificación y los incendios forestales

El fenómeno de la desertificación no reconoce fronteras territoriales y supone una amenaza significativa para los ecosistemas de la península ibérica. Del mismo modo, los incendios forestales representan una grave amenaza para el medio natural de nuestro país.

En ese contexto, los Tribunales de Cuentas de España y Portugal acordaron en 2018 la realización de informes de fiscalización relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, compromiso que se culmina con la aprobación por el Pleno de la Nota de Actualización de la Fiscalización sobre actuaciones de defensa contra la desertificación y de prevención y extinción de incendios forestales. Esta Nota actualiza los resultados del Informe de fiscalización sobre estas mismas materias referido al ejercicio 2018, aprobado por el Pleno en 2020 y, con el Informe conjunto global elaborado con el Tribunal de Contas de Portugal y presentado en mayo de 2023, completa las actuaciones acordadas entre ambas Instituciones.

La Nota concluye que las actuaciones de defensa frente a la desertificación han sido actualizadas, habiéndose elaborado la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, pero sigue pendiente completar su desarrollo.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas constata que sigue sin desarrollarse la estructura orgánica comprometida en el anterior Programa de Acción Nacional contra la Desertificación y sin asignarse recursos económicos de manera específica y singularizada a la lucha contra la desertificación. Tampoco se tiene en consideración el riesgo de desertificación en la evaluación de impacto ambiental y en la normativa sobre ordenación del suelo.

A su vez, cabe destacar que, aunque todos los modelos coinciden en que amplias zonas de España están sometidas a procesos de degradación de la tierra, persisten dificultades metodológicas en la monitorización de la desertificación

Por otra parte, la insuficiencia de recursos hídricos y la sobreexplotación de estos, particularmente de las masas subterráneas, sigue constituyendo un reto extraordinario para nuestro país en un contexto de sequías recurrentes. En el marco del Plan de Transformación Recuperación y Resiliencia se contemplan medidas destinadas a mejorar el control del consumo de agua. Paralelamente, en el marco del nuevo periodo de la Política Agraria Común se contempla un refuerzo de los requisitos de buenas prácticas medioambientales de las explotaciones agrarias con ayudas.

En la Nota se señala que no se han desarrollado proyectos concretos transfronterizos hispanoportugueses de cooperación en materia de lucha contra la desertificación, pese a la firma de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, en 2020.

En el ámbito de la prevención y extinción de los incendios forestales, se han actualizado los instrumentos de planificación de la política forestal y se han incrementado los recursos asignados a los medios de prevención y extinción de incendios forestales, pero sigue pendiente completar su ejecución, particularmente la renovación de los medios aéreos de extinción de incendios estatales de mayor capacidad, que precisará varios años para culminarse. Por otra parte, sigue pendiente avanzar en la mejora de la obtención de la información completa sin desfases temporales significativos, incluyendo algunas deficiencias sobre los datos de la intervención de medios españoles de extinción de incendios en Portugal.

El informe y el resumen del informe están disponibles para consulta en www.tcu.es

El Pleno aprueba el Informe de Fiscalización de las medidas de fomento e incentivos estatales a la cinematografía y al sector audiovisual, ejercicios 2020 y 2021

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización de las medidas de fomento e incentivos estatales a la cinematografía y al sector audiovisual, ejercicios 2020 y 2021.

 El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) es el Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte que tiene entre sus funciones la de fomento, promoción y ordenación de las actividades cinematográficas y audiovisuales españolas en sus aspectos de producción, distribución y exhibición.

Las medidas de fomento en las que el ICAA es competente se regulan en la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine y se concentran en ayudas financieras e incentivos (para la producción de largometrajes y cortometrajes, la distribución de películas y cortometrajes, la promoción del cine español, a las salas de exhibición y a instituciones y entidades culturales) al sector cinematográfico y del audiovisual, junto con el fomento de la igualdad de género en dicho sector.

El objetivo del informe ha sido analizar los procedimientos de planificación, concesión y gestión de las ayudas financieras e incentivos otorgados por el ICAA al sector, desde la perspectiva de los principios de legalidad y buena gestión, en especial, el de eficacia.

El informe indica que la gestión llevada a cabo por el ICAA de las medidas de fomento para la producción, distribución, exhibición y promoción en el interior y exterior de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, a partir de las líneas de ayudas convocadas por el ICAA en los ejercicios 2020 y 2021, presenta deficiencias, al carecer el Instituto de una planificación estratégica y de recursos humanos, los cuales resultan insuficientes, y no haberse realizado el control de la aplicación de incentivos fiscales al sector.

Además, durante la fiscalización se detectaron debilidades en el procedimiento administrativo de gestión, justificación y comprobación de las ayudas, así como en la reclamación de reintegros e interposición de sanciones. Se constató la existencia de un amplio margen de mejora del sistema informático de gestión y seguimiento de las subvenciones, así como en la implementación de los oportunos mecanismos de colaboración del ICAA y el Ministerio de Cultura y Deporte con la Administración tributaria. Por otro lado, las medidas para el fomento de la igualdad de género en el sector cinematográfico y audiovisual se habrían intensificado mediante modificaciones legislativas e incrementos presupuestarios en los que ha contribuido el cuarto eje del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La estadística obtenida sobre el sector de la base de datos en línea y pública del Ministerio de Cultura y Deporte denominada CULTURABase, la cual es susceptible de ser enriquecida, evidencia que el ICCA ha otorgado entre 2019 y 2021 ayudas al 34 % de los largometrajes nacionales; que las empresas productoras han crecido de forma constante hasta 2021; que los festivales nacionales, que descendieron a partir de 2010, han empezado a remontar desde 2020, mientras que la presencia de obras nacionales en festivales internacionales ha descendido notablemente desde 2011, habiendo empezado a recuperarse desde 2020; que las salas de cine han descendido en los últimos años (de 1.298 en el año 2000 a 710 en 2021) y que el número de espectadores ha sufrido una caída constante desde 2015, agravada por el COVID-19, pasando de 18,6 millones en 2015 a 6,7 millones en 2021.

Como consecuencia de las deficiencias observadas, el informe de fiscalización plantea distintas recomendaciones orientadas a proponer mejoras en la gestión dirigidas al ICAA, requiriendo la implementación de alguna de ellas la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. Entre ellas, destacan la necesidad de definir una estrategia de recursos humanos que permita al ICAA el eficaz desempeño de sus funciones, la adopción de medidas para la diligente resolución de los recursos administrativos, el establecimiento de los oportunos instrumentos de colaboración con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para hacer efectivo el control de la intensidad máxima de las ayudas y la mejora del procedimiento de justificación de gastos mediante informe de auditor.

Para más información se adjunta un resumen en pdf. El informe completo estará disponible para consulta en los próximos días en www.tcu.es

Las entidades con potestad sancionadora y funciones de supervisión de mercados cumplen en un 94% las recomendaciones del Tribunal de Cuentas

El Pleno ha aprobado el Informe de fiscalización de seguimiento de las       recomendaciones incluidas en el informe de fiscalización horizontal y el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, ejercicio 2017-2018.

En concreto, se ha analizado el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en su día por el Tribunal de Cuentas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), al Banco de España (BE) y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La fiscalización sobre el grado de cumplimiento de estas cuatro entidades llega hasta el 30 de junio de 2023.

El informe recogía un total de doce recomendaciones. Dos de estas recomendaciones eran comunes a las cuatro entidades fiscalizadas y las otras diez se dirigieron de manera específica a alguna ellas (cinco a la CNMC, dos a la AEPD, dos al BE y una a la CNMV). En consecuencia, se han realizado dieciocho valoraciones sobre el cumplimiento de estas recomendaciones, considerando en dieciséis ocasiones que la recomendación se había cumplido totalmente (88 %), en una que estaba en curso (6 %), y en otra que la recomendación no se había cumplido (6 %).

Distinguiendo por entidades, la CNMC y la CNMV han cumplido todas las recomendaciones formuladas en el informe. La AEPD ha cumplido totalmente tres y no ha cumplido una, el BE ha cumplido totalmente tres y una está en curso.  En consecuencia, el Tribunal de Cuentas considera que se ha producido un amplio grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas llegando al 94%, si se incluye la recomendación que está en curso.

El informe de seguimiento también se ha analizado el seguimiento de la resolución adoptada por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con dicho Informe, aprobada en noviembre de 2022. El contenido de la Resolución de la Comisión Mixta coincide con las recomendaciones formuladas en el Informe a la CNMC y al BE, así como con una de las recomendaciones formuladas a la AEPD. Todas ellas han sido cumplidas totalmente, excepto una recomendación formulada al BE, que se ha considerado “en curso”. Sin embargo, la Resolución de la Comisión Mixta no coincide con la recomendación efectuada en el Informe sobre el sistema de presupuestación y de financiación de la AEPD. En este caso, la Entidad ha actuado conforme a lo acordado por la Comisión Mixta, pero no ha cumplido la recomendación efectuada por el Tribunal de Cuentas en el Informe de fiscalización, que se mantiene vigente ya que subsisten las causas que la motivaron.

Para más información se adjunta un resumen en pdf. El informe completo estará disponible para consulta en los próximos días en www.tcu.es

CRTVE, MERCASA y SEPI avanzan en el cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ha aprobado un Informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones incluidas en diversos informes de fiscalización de entidades del sector público estatal no financiero aprobados en el ejercicio 2020.

En concreto, se ha analizado el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en tres Informes: los referidos a la actividad económico-financiera de MERCASA, ejercicios 2017 y 2018, las operaciones de apoyo financiero de SEPI a sus empresas del grupo, ejercicios 2017 y 2018 y el coste para CRTVE de las medidas de gestión de personal adoptadas a consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 4/2018.

De las 12 recomendaciones formuladas en los informes a los que se refiere esta fiscalización, el 67% se cumplieron totalmente, el 8 % parcialmente, el 17 % no han sido cumplidas y el 8 % no son aplicables.

La conclusión general del Informe es que el grado de cumplimiento es susceptible de mejora, especialmente en el caso de las recomendaciones referidas a CRTVE, ya que dos de las cinco recomendaciones que le fueron formuladas no han sido cumplidas.

En los tres Informes las recomendaciones iban dirigidas exclusivamente a las entidades fiscalizadas, por lo que ellas constituyen el ámbito subjetivo de esta fiscalización. El seguimiento efectuado se ha referido a la situación existente en el momento de realización de las actuaciones fiscalizadoras y a las medidas adoptadas al respecto por cada una de ellas desde las respectivas fechas de aprobación de los informes.

Para más información se adjunta un resumen en pdf. El informe completo estará disponible para consulta en los próximos días en www.tcu.es

La Mancomunidad de los Alcores no cumple 17 de las 25 recomendaciones del Tribunal de Cuentas

La Mancomunidad de los Alcores, creada en 1982, está integrada por los municipios de Alcalá de Guadaira, Carmona, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Sevilla y El Viso del Alcor, y tiene por objeto la prestación del servicio de tratamiento y eliminación de los desechos y residuos sólidos urbanos, así como su aprovechamiento mediante la recuperación de los recursos contenidos en ellos.

En el Informe de fiscalización de la Mancomunidad de Los Alcores para la gestión de los residuos sólidos urbanos, ejercicios 2017 a 2019, se pusieron de manifiesto numerosos incumplimientos y deficiencias en la gestión y funcionamiento de la Mancomunidad y se incluyeron 25 recomendaciones. Estas recomendaciones se referían al cumplimiento de las obligaciones con el Tribunal de Cuentas, al régimen jurídico y los estatutos de la entidad, a los sistemas y procedimientos de control interno, a la gestión presupuestaria, a la contratación pública, a la gestión de los recursos humanos, a la prestación de servicios, a la situación contable y al cumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El Tribunal de Cuentas ha verificado si la Mancomunidad ha dado cumplimiento a estas recomendaciones en el “Informe de la fiscalización de seguimiento de las recomendaciones del Informe de fiscalización de la Mancomunidad de los Alcores para la gestión de los residuos sólidos urbanos, ejercicios 2017 a 2019”, que ha sido aprobado por el Pleno.

En este informe de seguimiento se ha verificado si la entidad ha adoptado casi dos años después, las medidas necesarias que contribuyan a superar esas debilidades y deficiencias y a mejorar la adecuada gestión de los servicios que tiene encomendados.

El informe concluye que el grado de cumplimiento y/o implementación de las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en el Informe de fiscalización de la Mancomunidad de Los Alcores para la gestión de los residuos sólidos urbanos, ejercicios 2017 a 2019, ha sido muy reducido. De las 25 recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas, diecisiete no han sido cumplidas, dos han sido cumplidas parcialmente, cinco están en curso de implementación y una ha resultado no aplicable en el periodo fiscalizado.

Esto supone que, si se excluye la recomendación que ha devenido inaplicable, la Mancomunidad no ha realizado ninguna actuación tendente al cumplimiento o subsanación del 71 % de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas, mientras que en relación con el 29 % restante, únicamente ha realizado alguna actuación tendente a su cumplimiento.

Este informe se trasladará a la Comisión Mixta Congreso Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas al igual que ya se hizo con el informe que ha sido objeto de esta fiscalización.

Puedes consultar más información en el resumen. El informe estará disponible para consulta íntegra próximamente en www.tcu.es