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El Tribunal de Cuentas considera que la última reforma normativa sobre cómo las entidades locales asignan dotaciones económicas a sus grupos políticos supone un retroceso en la transparencia y el control
Madrid, 29 de abril de 2025
La Moción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas plantea a las Cortes Generales un conjunto de propuestas de modificación del régimen jurídico actual y, en especial, de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) basadas en los resultados del Informe de fiscalización de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de municipios capitales de provincia en relación con las dotaciones económicas asignadas a los grupos políticos municipales, ejercicio 2022, aprobado en diciembre de 2023.
Tras la aprobación del Informe, se efectuó una reforma del artículo 73.3 de la LRBRL, que regula estas dotaciones económicas, y en la que se dispuso que la parte de las dotaciones que los grupos destinen a realizar aportaciones a los partidos políticos no sean objeto de contabilidad específica, lo que “supone un retroceso en la transparencia que debe regir en la gestión de los fondos públicos e impide su control”.
El Tribunal considera que la regulación vigente de las dotaciones económicas que asignan las entidades locales a favor de los grupos políticos presenta “significativas carencias e insuficiencias”. La Moción no sólo hace propuestas relativas a las dotaciones económicas sino también sobre otros recursos, personales y materiales, que las Corporaciones, con cargo a su presupuesto, ponen a disposición de los grupos.
La Moción propone, entre otras modificaciones, que las aportaciones de los grupos municipales a las formaciones políticas se basen en la prestación de servicios por parte de estas últimas y que, además, sean susceptibles de valoración económica. El objetivo es que los fondos que las Corporaciones asignan a los grupos políticos municipales se destinen, exclusivamente, al funcionamiento ordinario de los grupos.
El Tribunal también considera que deberían regularse los requisitos que deben cumplir los grupos para ser beneficiarios de las dotaciones económicas, así como el régimen de los reintegros como consecuencia de la falta de adecuada justificación de las asignaciones recibidas o por la existencia de remanentes sin emplear.
Además, se propone que sea obligatoria la rendición anual de cuentas de los grupos, que se regulen las cuentas que deben rendirse y que se sometan al control financiero de la Intervención local. Además, la Moción del Tribunal considera que las cuentas deberían elevarse a los Plenos de las Corporaciones Locales para su toma en consideración y, en su caso, para exigir a los grupos políticos los reintegros que procedan.