Comunicación e Espazo Divulgativo
El Tribunal de Cuentas aprueba un informe sobre la actividad contractual de la Dirección General del Agua y de las confederaciones hidrográficas
Madrid, 29 de octubre de 2024
La Dirección General del Agua es un órgano directivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MTED), dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, al que a su vez están adscritos, como organismos autónomos del Ministerio, las confederaciones hidrográficas y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la actividad contractual de estos entes públicos durante los ejercicios 2020 y 2021 al ser la contratación una de las principales áreas de gestión económico-financiera del sector público por su volumen y coste y debido a la relevancia de la actuación de estas entidades en la gestión de los recursos hídricos.
Las entidades fiscalizadas formalizaron 290 contratos de rendición obligatoria (aquellos que superan determinados umbrales por su cuantía) por un importe de adjudicación de 575,3 millones de euros. Para la fiscalización se seleccionó una muestra de 111 contratos por un importe de 430,7 millones de euros que representa el 74% del importe total de adjudicación. De los contratos analizados, 49 de ellos son de obras, adjudicados por un importe de 227,2 millones de euros, y tienen por objeto, entre otros, la depuración de aguas residuales, la seguridad de las presas y embalses o el abastecimiento de agua a poblaciones.
El Tribunal de Cuentas concluye que las entidades fiscalizadas “han cumplido con carácter general con la normativa aplicable a los expedientes de contratación sin perjuicio de haberse observado algunas deficiencias en cada una de las fases de contratación”.
El informe destaca en primer lugar que durante el periodo analizado ninguna de las entidades fiscalizadas disponía de una plan anual o plurianual de contratación conforme a lo exigido por la Ley, si bien sí habían comenzado a dotarse de estos instrumentos de planificación para los ejercicios posteriores.
Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda a las entidades fiscalizadas realizar un análisis previo de las necesidades que se quieren satisfacer con los contratos, la elaboración y publicación de planes de contratación detallados, así como su seguimiento y evaluación.
El informe también aprecia la existencia de significativas diferencias entre los presupuestos base de licitación y los precios de adjudicación de los contratos celebrados por las entidades fiscalizadas. Por este motivo, el Tribunal de Cuentas recomienda la adopción de medidas concretas para optimizar los recursos públicos como recurrir a las consultas preliminares de mercado e incluir en los expedientes de contratación una memoria económica.
Además, el informe señala que en el 26 % de los contratos analizados no se justificó de manera adecuada la necesidad de su celebración razón por la cual el Tribunal recomienda motivar de manera detallada e individualizada tanto la necesidad de cada contrato como la insuficiencia de medios para cubrir dicha necesidad.
El objetivo de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas es contribuir a la racionalización del gasto público, a la más eficiente toma de decisiones y al cumplimiento del principio de transparencia.