Comunicación e Espazo Divulgativo
Casi la mitad de los municipios de más de 20.000 habitantes carecen de planificación en materia de ahorro y eficiencia energética
Madrid, 19 de diciembre
El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización de las medidas de ahorro y eficiencia energética en el ámbito local es una fiscalización coordinada entre el Tribunal de Cuentas y todos los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Cada Institución elabora su propio informe y este Informe del Tribunal recoge los resultados agregados a nivel nacional.
El informe pone de manifiesto que el 46 % de los municipios de población superior a 20.000 habitantes, diputaciones, cabildos y consejos insulares no cuentan con planificación en materia del ahorro y eficiencia energética. De ellas, la mayor parte aplican medidas sectoriales de eficiencia y ahorro energético, referidas a alumbrado público, edificios públicos, movilidad y transporte públicos, sin planificación general alguna.
La fiscalización ha constatado que existe un marco heterogéneo de normas y estrategias que impide que la planificación responda a un procedimiento o documento común a todas ellas y dificulta la implantación de medidas de acción por el clima y la energía.
La principal iniciativa para la planificación sobre la materia en el ámbito local es el Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía Sostenible, mediante el cual las entidades adheridas se comprometen con la estrategia política energética y climática de la Unión Europea y respaldan la implantación de los objetivos comunitarios en materia de clima y energía.
Asimismo, el informe señala que el 64 % de las entidades fiscalizadas no han establecido beneficios fiscales en sus tributos, ni han aprobado ordenanzas dirigidas a impulsar actuaciones dirigidas a intervenir en el cambio climático, el ahorro y la eficiencia energética.
Además, el 78 % de los municipios de población superior a 50.000 habitantes de la muestra seleccionada disponía del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), si bien sólo el 23 % cumplía con la totalidad de los requisitos fijados en la ley.
Por todo ello, el Tribunal recomienda que las entidades locales que no disponen de planificación deberían iniciar las actuaciones oportunas para asumir los compromisos de cumplimiento de los objetivos de política energética y climática de la UE, así como asignar a una unidad específica de su estructura administrativa las funciones y responsabilidades en materia de ahorro y eficiencia energética, dotándola con recursos suficientes.