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APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN, POR LAS ENTIDADES GESTORAS, DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS ISLAS CANARIAS EN ELPERIODO 2007-2011: ISLA DE GRAN CANARIA
EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN, POR LAS ENTIDADES GESTORAS, DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS ISLAS CANARIAS EN ELPERIODO 2007-2011: ISLA DE GRAN CANARIA
Madrid, 14 de abril de 2016.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de Fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete Islas Canarias en el periodo 2007 a 2011: Isla de Gran Canaria”. Este procedimiento -que forma parte del conjunto de fiscalizaciones realizadas a las siete islas canarias, sobre los citados servicios- se incluyó en el Programa de la Institución a solicitud de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Esta fiscalización, de cumplimiento y operativa, ha tenido como objetivos específicos: evaluar los procedimientos y sistemas de gestión aplicados por las entidades, con el fin de determinar si son adecuados y suficientes para garantizar una correcta gestión económico-financiera, en relación con la prestación del servicio de producción y abastecimiento domiciliario de agua potable, así como analizar si dicha gestión por las entidades públicas responsables de la prestación se ha realizado de conformidad a la normativa.
Constituye el ámbito objetivo de la fiscalización la producción y distribución de agua potable, es decir, al ciclo integral del agua, desde su alumbramiento, captación o desalación hasta la provisión a sus destinatarios finales: los usuarios del servicio público de abastecimiento de agua potable. El ámbito subjetivo abarca a todas las entidades públicas locales que en la Isla de Gran Canaria intervienen en este ciclo: el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIA) y los 21 ayuntamientos de la Isla, entidades responsables de la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable.
El Informe aprobado recoge una serie de conclusiones comprensivas de los principales resultados de la fiscalización y que se refieren tanto a la producción de agua, como a su distribución en la Isla.
Entre las conclusiones relativas a la producción de agua, que tiene lugar esencialmente mediante la desalación de agua de mar -65% del total de agua producida-, el Informe expone los resultados del análisis de algunas de las infraestructuras hidráulicas ejecutadas en el periodo fiscalizado por el CIA de la Isla y por los ayuntamientos y empresas prestadoras del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable. Se han identificado en los expedientes de contratación algunas incidencias tales como la no constancia en los mismos del informe que justificara la inversión; la falta de criterios de adjudicación; la fijación de criterios genéricos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, sin especificación de su valoración; la emisión de informes de valoración de las ofertas sin desglose de los criterios ni motivación que justificara la puntuación otorgada a cada una de las ofertas; y la realización de modificados y obras complementarias sin ajustarse en la tramitación a las prescripciones contenidas al efecto en la normativa de contratación.
También se recoge entre las conclusiones del Informe que el CIA constituyó el registro de aguas de la Isla, si bien se detectaron en el mismo incidencias en relación con la inscripción de algunas instalaciones y con el caudal en los títulos de concesiones de aprovechamiento de aguas inscritos. Dicha Entidad no constituyó el catálogo de aguas, como debería hacerse con arreglo a la normativa.
En relación con las concesiones y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico, se ha observado la falta de inscripción en el registro de diversos expedientes, retrasos en la justificación de las obras autorizadas y ausencia de expedientes sancionadores en ejercicio de las funciones de policía del CIA.
El Informe también señala que el CIA debía haber aprobado un nuevo Plan Hidrológico antes de 2009 para su adaptación a la Directiva Marco del Agua, encontrándose en enero de 2016 -fecha de redacción del Informe de fiscalización- en tramitación.
En cuanto a la distribución o prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, cuya forma de gestión mayoritaria entre los municipios de la Isla de Gran Canaria fue la gestión indirecta, el Informe recoge las conclusiones resultantes del análisis sobre el personal destinado a su ejecución, los costes e ingresos derivados de la misma, el volumen de agua producida y distribuida, así como una serie de indicadores relativos a dicha prestación.
En particular se indica que el CIA de Gran Canaria no disponía de información individualizada y actualizada sobre la forma de prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua en los municipios de la Isla, circunstancia que no favorece el adecuado seguimiento y control de la ejecución del Plan Hidrológico de la Isla -instrumento esencial para la planificación de la gestión del agua-..
El resultado de la actividad fue superavitaria, en todos los ejercicios analizados en la prestación del servicio en un municipio en el que la prestación se llevó a cabo por una empresa de economía mixta. En el resto de ayuntamientos la prestación resultó deficitaria, bien en todo el periodo, en el 60% de los ayuntamientos, bien en alguno de los ejercicios en el 40% restante.
Las entidades gestoras del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable no analizaron, durante el periodo fiscalizado, las razones que ocasionaron las pérdidas de agua, que representaron, para el conjunto de los ayuntamientos analizados, el 27% del agua producida o adquirida, con un coste conjunto para todos ellos en los cinco años fiscalizados de 97,83 millones de euros.
A la vista de los resultados obtenidos y las incidencias observadas en el desarrollo de esta fiscalización, se han formulado por el Tribunal de Cuentas en el Informe un conjunto de recomendaciones, entre las que merecen destacarse las siguientes:
Se debería observar un mayor rigor en la tramitación de las fases de preparación y adjudicación de los contratos administrativos que celebren para la ejecución de infraestructuras hidráulicas, a fin de evitar que se produzcan incidencias en la ejecución y que tengan lugar modificaciones derivadas de deficiencias en dichas fases o que estas se efectúen al margen de las causas previstas legalmente, lo que redundará en la mejora de la economía y en la eficacia de la gestión de los recursos públicos destinados a la contratación, así como en beneficio de los principios de igualdad, transparencia y objetividad que han de presidir la contratación administrativa.
El CIA habría de intensificar las actuaciones de inspección y control sobre las instalaciones hidráulicas en funcionamiento y verificar que operan con título habilitante, así como sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las concesiones y autorizaciones otorgadas.
Se deberían elaborar e implementar un plan global de inversiones para la mejora de los sistemas de almacenamiento y redes de distribución de agua en la Isla, que incluya como objetivo transversal la reducción del porcentaje de pérdidas de agua. Asimismo se debería fortalecer el procedimiento de registro y control del agua gestionada, de forma que sea posible llevar un seguimiento y determinar en cada momento las existencias iniciales y finales y la detección del origen de las pérdidas en alta o en la red de distribución, así como las causas en cada caso.
Se recomienda, asimismo, promover ante la Comunidad Autónoma de Canarias el establecimiento de criterios para la fijación de precios en materia de aguas, al objeto de poder determinar el precio máximo o de vigilancia especial para las transacciones de agua que se celebren en la Isla y su transporte entre los diferentes puntos del territorio, contribuyendo con ello a una mayor estabilidad y economía en los precios. Se debería también promover el desarrollo de estudios y la realización de actuaciones dirigidas a optimizar los elevados costes energéticos derivados de la producción industrial de agua, así como instrumentar políticas de precios que incentiven el uso eficiente y racional del agua con respeto al medio ambiente y que promuevan su ahorro.
Igualmente se pone de manifiesto que las entidades gestoras del servicio de distribución de agua en la Isla deberían considerar la oportunidad de utilizar indicadores de gestión que permitan conocer periódicamente la evolución del servicio, al objeto de que orienten la introducción de mejoras en el mismo.
El contenido íntegro de este informe (nº 1.150) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).
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Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
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