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El Tribunal de Cuentas detecta deficiencias en la contratación y seguimiento del sistema telemático de medidas de alejamiento para proteger a las víctimas de violencia de género
La fiscalización analiza los contratos de 2018, 2021 y 2023 -este último vigente hasta mayo de 2026- y concluye que la calidad del servicio debe primar sobre el ahorro de costes y garantizarse la mejor tecnología disponible.
Madrid, 23 de septiembre de 2026
La violencia de género es un problema grave que exige la adopción de medidas eficaces continuas, confiables y seguras por parte de las administraciones públicas. El funcionamiento del Sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género y sexual, que forma parte de un sistema amplio de medidas dirigidas a la protección integral de las víctimas, cuyo eje principal es el sistema VioGén, suscitó una importante alarma social en 2024. Por ello, el Tribunal de Cuentas decidió fiscalizar los contratos celebrados sucesivamente por el Ministerio de Igualdad para la prestación del servicio en los ejercicios 2018, 2021 y 2023 (este último vigente hasta mayo de 2026).
Los contratos mencionados alcanzaron un importe total de 102,6 millones de euros de los cuales 42,6 millones correspondían al contrato de 2023 financiado, en parte, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Asimismo, se ha analizado un contrato menor relacionado con el objeto de la fiscalización por importe de 12.706,21 euros.
El informe señala que en los contratos de 2018 y 2021 no se previó un Plan de Transición para garantizar la continuidad de la prestación del servicio sin interrupciones, imprescindible, además, en caso de que se produzca un cambio de adjudicatario. El contrato de 2023 tampoco lo preveía inicialmente por lo que hubo de procederse a la oportuna modificación contractual aprobada en julio de 2023. La ausencia de dicho Plan y el cambio de adjudicatario produjeron deficiencias que afectaron a la prestación del servicio; en concreto, se presentaron problemas de acceso a la información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria que impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes. Esta situación se mantuvo hasta octubre de 2024 momento en que, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía, el Ministerio de igualdad pone en marcha actuaciones para coordinar o arbitrar su solución.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas destaca en su informe que se produjeron graves deficiencias en la ejecución del contrato de 2023 durante prácticamente toda su vigencia del contrato que, si bien han sido resueltas, comprometieron su efectividad durante una parte del periodo fiscalizado. Los fallos principales afectaron a la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes (con baja autonomía), retrasos en las reparaciones. En noviembre de 2025, el Ministerio de Igualdad encargó una auditoría tecnológica externa que corroboró las vulnerabilidades críticas detectadas en los dispositivos.
El sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas por la autoridad judicial en los casos de violencia de género y violencia sexual es un sistema que permite verificar de manera constante que dichas medidas de alejamiento se cumplen, ya sea como medida cautelar, pena, condición para la suspensión de penas privativas de libertad o dentro de la libertad vigilada, según lo determine la autoridad judicial competente. Sus fines principales son garantizar de manera efectiva el derecho de la víctima a su seguridad, prevenir nuevas agresiones disuadiendo a los agresores, y asegurar el registro de cualquier quebrantamiento de las medidas judiciales, con información continua y actualizada. Por esta razón, el Tribunal considera que en este tipo de contratos debe primar sobre todo la calidad en la prestación del servicio por encima del ahorro de costes. Resulta imprescindible asegurar en las fases de preparación del contrato la utilización de la mejor tecnología disponible que minimice hasta el extremo la posibilidad de que los agresores ejerzan cualquier tipo de violencia sobre las víctimas.
A estos efectos, el Informe formula ocho recomendaciones dirigidas al Ministerio de Igualdad orientadas a paliar las deficiencias detectadas.