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La fiscalización del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado detecta debilidades en su diseño y gobernanza y recomienda reforzar la colaboración público-privada
El informe analiza la gestión de más de 4.000 millones de euros de financiación pública y señala posibilidades de mejora en su diseño y seguimiento.
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), correspondiente al periodo 2021-2023. El informe examina el diseño, la gobernanza y la gestión de uno de los principales instrumentos de política industrial impulsados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El PERTE VEC fue el primer PERTE aprobado por el Gobierno de España y prevé una inversión total de 24.009 millones de euros, de los cuales 4.295 millones corresponden a financiación pública con fondos europeos, con el objetivo de transformar el sector de la automoción y reforzar su competitividad a través de la colaboración público-privada.
El informe pone de relieve que el diseño inicial del PERTE no incorporó de forma estructurada la participación del sector privado, que se limitó a la presentación de manifestaciones de interés evaluadas mediante un procedimiento informal. En este sentido, el Tribunal señala que “esta forma de actuación ha impedido la creación de una verdadera colaboración entre ambos sectores”, lo que ha condicionado el desarrollo posterior del proyecto.
En relación con la gobernanza, el Tribunal constata que los órganos creados para la coordinación y el seguimiento del PERTE VEC han tenido un funcionamiento limitado con pocas reuniones y escasa coordinación. Según el informe esto ha derivado en una gestión fragmentada de las distintas líneas de ayudas que, “ha implicado una falta de integración de las distintas líneas de ayudas que forman el PERTE VEC, lo que ha supuesto que se hayan gestionado de manera independiente”. Aunque se han definido objetivos e indicadores, el informe señala que “la falta de un órgano encargado de su seguimiento y un calendario para su consecución impiden que tengan una utilidad mayor”.
En cuanto a la gestión de la principal línea de ayudas, el Tribunal observa una evolución positiva entre la primera convocatoria, caracterizada por su elevada complejidad y resultados limitados, y las posteriores, en las que se simplificaron requisitos, así como la concentración de una parte significativa de las ayudas concedidas en un número reducido de grandes empresas. A la finalización del periodo fiscalizado permanecía pendiente de conceder el 57 % de las ayudas previstas, por un importe de 2.408 millones de euros.
En relación con los objetivos transversales, el Tribunal señala avances en materia de transparencia y sostenibilidad ambiental, y una correcta implantación de medidas antifraude, pero identifica carencias en la integración efectiva del principio de igualdad en las convocatorias.
El Tribunal de Cuentas formula recomendaciones dirigidas a reforzar el diseño y la gobernanza de los PERTE, mejorar la integración y el seguimiento de sus distintas líneas de actuación, y garantizar una participación efectiva del sector privado desde las fases iniciales, con el fin de maximizar el impacto de estos instrumentos estratégicos de política pública.