Comunicació i Espai Divulgatiu
La Cuenta General de La Rioja de 2023 refleja en términos generales la imagen fiel del sector público autonómico, con salvedades estructurales
El informe subraya la ausencia de una Cuenta General consolidada, deficiencias en la información patrimonial y la necesidad de reforzar el marco normativo y organizativo del sector público autonómico
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de La Rioja correspondiente al ejercicio 2023, en el que se analiza la situación económica, financiera y patrimonial del sector público autonómico y el cumplimiento de la normativa presupuestaria y contable aplicable.
El informe concluye que, con carácter general y salvo por los efectos de las salvedades señaladas, la Cuenta General de La Rioja de 2023 representa la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial del sector público autonómico, y que la gestión presupuestaria se ha ajustado, en términos generales, a la normativa de aplicación. No obstante, el Tribunal de Cuentas destaca que “no es un documento único que consolide a la totalidad del sector público autonómico”, ya que “solo los estados financieros del sector administrativo se han presentado consolidados, en tanto que los de los sectores empresarial y fundacional se han presentado de forma agregada”, lo que impide obtener una visión global y unificada de la actividad del conjunto del sector público.
El gasto total consolidado del sector público autonómico ascendió a 1.885 millones de euros, una vez eliminadas las transferencias internas entre entidades.
El informe constata que el balance de la Administración General mantiene incorrecciones significativas en el inmovilizado, derivadas de la ausencia de amortizaciones, de inventarios adecuados y de errores en las altas y bajas de bienes, lo que exige completar la coordinación e integración del sistema contable y el de inventario. Asimismo, se identifican otras salvedades relevantes, como la falta de contabilización de provisiones por deudores de dudoso cobro, la sobrevaloración de participaciones en sociedades mercantiles del sector público y la no contabilización de la deuda por liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica.
El Tribunal de Cuentas señala también la necesidad de revisar los criterios normativos de adscripción de las entidades al sector público autonómico, incorporando no solo criterios patrimoniales, sino también otros basados en el control efectivo de la gestión, el nombramiento de los órganos directivos y la financiación de las actividades. Asimismo, considera necesario dotar a los organismos autónomos de los medios adecuados para que puedan ejercer plenamente sus competencias y formular sus cuentas anuales de forma independiente, especialmente en el caso del Servicio Riojano de Salud.