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El Tribunal de Cuentas recomienda una nueva regulación en el sistema de subvenciones al transporte marítimo para residentes no peninsulares
- En 2023 se destinaron 227 millones de euros a la financiación de 8,6 millones de viajes bonificados para residentes y familias numerosas
Madrid, 29 de julio de 2024
El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización del programa 441N “Subvenciones y apoyo al transporte marítimo”, ejercicio 2023 destinado a financiar los traslados marítimos entre las islas Canarias, Balears, Ceuta y Melilla con el resto del territorio nacional. el programa contempla principalmente la gestión de ayudas a los residentes en estos territorios en sus desplazamientos por vía marítima a la península o entre las diferentes islas. Estas ayudas se materializan en bonificaciones de hasta el 75% del precio de los pasajes a los residentes, aportaciones a las operadoras de líneas de interés público y otras subvenciones directas a las empresas navieras que hayan suscrito contratos de servicio público.
La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y responsable de la gestión y ejecución del programa, destinó 227 millones de euros en 2023 para financiar 8,6 millones de viajes bonificados. Las subvenciones a residentes supusieron el 93,7 % del total (213.034.114, 34€).
El Tribunal de Cuentas advierte que no se ha previsto ningún criterio que limite las bonificaciones que puede percibir cada beneficiario, en cuanto al número de viajes, el importe de las tarifas de pasaje, la categoría de la acomodación o cualquier otra referencia. Tampoco se ha regulado el detalle de los conceptos incluidos en el precio del billete de transporte que pueden ser bonificables y cuáles no. Además, se exige la acreditación de la residencia por medio del empadronamiento, sin que se establezcan requisitos adicionales para garantizar la residencia habitual. Los importes bonificados presentan grandes diferencias en función de si corresponden a acomodaciones de categorías superiores o de categorías más económicas. Se favorece con ello a los residentes de mayor capacidad económica que pueden costear las primeras. Por otra parte, aunque la normativa excluye la bonificación de servicios ajenos al transporte, se ha observado que en las páginas webs de algunas compañías se indica habitualmente que las tarifas más elevadas incluyen servicios de restauración o similares, que no aparecen en los billetes.
El Tribunal de Cuentas, recomienda al Gobierno que tome la iniciativa en la elaboración de una nueva regulación de las subvenciones al transporte marítimo, sugiriendo que sea más estricta con el concepto de residencia, para evitar la posibilidad de acceso a las bonificaciones a pasajeros empadronados que tienen su residencia habitual en territorio peninsular. Asimismo, se recomienda establecer límites a las bonificaciones, que pueden determinarse mediante varios criterios: un importe fijo según trayecto, una tarifa máxima bonificable, un límite al número de viajes bonificados, o en función de la renta del receptor. En cualquier caso, parece necesario excluir las bonificaciones o limitarlas a un importe máximo, en los billetes de transporte correspondientes a acomodaciones de categorías superiores o de lujo.
El tribunal de Cuentas también ha detectado un “control insuficiente” en la aplicación de las tarifas máximas pactadas en los contratos de navegación con las navieras, lo que originó un “exceso en las bonificaciones abonadas como consecuencia de la aplicación incorrecta de las tarifas sujetas a contrato”.
A raíz de esta situación, la DGMM ha incoado sendos procedimientos administrativos de reintegro a dos navieras por los excesos en 331.074 embarques de 2023, por un importe de 1,14 millones de €. Asimismo, ha comunicado el inicio de una revisión de liquidaciones de ejercicios anteriores no prescritos para detectar posibles cobros indebidos y proceder a su reclamación.
En base a todas estas consideraciones y a las que se contiene en el cuerpo del Informe el Tribunal de Cuentas afirma que “se considera necesaria la revisión de algunos aspectos esenciales” del sistema de apoyo al transporte marítimo, “a efectos de asegurar una oferta marítima suficiente y de calidad, mejorar la eficiencia del programa y garantizar su sostenibilidad”.