El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2016

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2016

• El saldo del endeudamiento de las Administraciones autonómicas se incrementó en un 6% respecto a 2015. En esta variación destaca, en términos relativos, el aumento del 10 % de la deuda registrado en Cantabria y la Región de Murcia.
• Las cuentas no rendidas ascendieron al 8% del total de entidades obligadas a rendirlas, porcentaje que presenta una mejora respecto a ejercicios anteriores.
• Como en otros ejercicios, la fiscalización observa deficiencias en materia de preparación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos.
• Con un 0,82% del PIB, las comunidades autónomas incumplieron en su conjunto el objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado para 2016 en un 0,7%.
• Las comunidades y ciudades autónomas han cumplido la regla de gasto, a excepción de las de Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco y Región de Murcia.

Madrid, 5 de septiembre de 2019.- Este Informe global, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, y que se elabora anualmente, ha tenido como objetivo exponer los datos más relevantes contenidos en los informes de las fiscalizaciones hechas por el Tribunal de Cuentas y por los Órganos de Control Externo autonómicos (OCEX) en relación con: la rendición de cuentas y la remisión de contratos; la ejecución presupuestaria, la situación patrimonial y la gestión en las áreas de endeudamiento, avales, gasto sanitario y contratación administrativa desde la perspectiva del sometimiento a los principios de legalidad, eficiencia y economía. Asimismo, se exponen los resultados relativos a la participación en los Fondos de Compensación Interterritorial y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Respecto a la verificación del cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, así como de las prescripciones en materia de transparencia, tan solo se ha podido cumplir respecto a las comunidades autónomas fiscalizadas por este Tribunal y por el Consello de Contas de Galicia, ya que el resto de OCEX no lo incorporan a sus actividades fiscalizadoras.

Con el objetivo de obtener y proporcionar unos resultados fiscalizadores los más amplios y homogéneos, además de las Administraciones Generales, se han fiscalizado empresas, fundaciones y consorcios públicos autonómicos, así como las universidades públicas pertenecientes al citado secto

Tras la fiscalización, el informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas:

Administración General

El porcentaje de las cuentas rendidas en plazo asciende al 77 %, las rendidas fuera de plazo al 15 % y las no rendidas al 8 %. Estos porcentajes reflejan una mejora, respecto a ejercicios anteriores, en las cuentas no rendidas. Los principales retrasos e incumplimientos se presentan en los consorcios (36 %), empresas y entes públicos sujetos al Plan General de Contabilidad (33 %) y fundaciones (25 %).

Respecto al número de contratos recibido en este Tribunal y en los OCEX, correspondientes al ejercicio 2016, excluidos los contratos menores, asciende a un total de 24.665, cantidad superior a la del ejercicio precedente, que se cifró en 24.494, y por importe conjunto igualmente superior, 8.561 millones de euros, frente a los 8.031 millones de euros, de 2015.

En relación con la actividad económico-financiera de las Administraciones Generales, al igual que en ejercicios anteriores, existe diferencia entre los créditos definitivos para gastos y las previsiones finales de ingresos. Esto se debe a que algunas comunidades autónomas no registran, en su estado de ingresos, las modificaciones presupuestarias que deben financiar las correspondientes del presupuesto de gastos,  por lo que no se mantiene el equilibrio presupuestario. Para el conjunto de las Administraciones públicas, las modificaciones han supuesto un incremento del 7,4% en los créditos iniciales y de un 6,5% en las previsiones iniciales.

En su conjunto, las Administraciones públicas han tenido un resultado presupuestario negativo, si bien supone una mejora del 52,4 %, respecto al ejercicio 2015, también negativo. Por su parte, el saldo presupuestario ha sido positivo, en un 65,9 % superior al del ejercicio anterior.

Por otra parte, el valor del inmovilizado del conjunto de las Administraciones públicas fue de 112.606 millones de euros. El valor del activo no corriente es de 73.260 millones de euros y el del activo corriente de 14.991 millones de euros. Con carácter general, cabe señalar que en la gestión de estos activos, por parte de las Administraciones Generales y los organismos autónomos, no se cuenta con inventarios de bienes y derechos completos y debidamente valorados y, en algunos casos, no hay concordancia entre los datos contables y los del inventario.

El resultado económico-patrimonial es negativo en todas las comunidades autónomas y es positivo en las ciudades autónomas; si bien hay que considerar que, en una parte significativa de ellas, la representatividad de la cuenta del resultado económico-patrimonial se encuentra condicionada por salvedades y limitaciones.

El remanente de tesorería en conjunto es negativo, por importe de 1.753 millones de euros, frente a un remanente también negativo en 2015 de 4.584 millones. Las comunidades autónomas que tienen remanentes de tesorería negativos en el ejercicio 2016 son: Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Madrid, el Principado de Asturias y la Comunitat Valenciana.

Con carácter general, las memorias de las Cuentas Generales de las comunidades autónomas estaban incompletas, ya que no incluían información suficiente para poder ampliar y completar la contenida en los estados financieros; asimismo, en algunas de las comunidades, la estructura de la Memoria no se adapta a sus respectivos Planes Generales de Contabilidad Pública.

El saldo del endeudamiento de las Administraciones Generales ha pasado de 235.202 millones de euros, a 1 de enero de 2016, a 249.637 millones de euros a 31 de diciembre de 2016, lo que supone un incremento medio anual del 6 %. En esta variación destacan, en términos relativos, el aumento del 10 % registrado en Cantabria y en la Región de Murcia.

Por otra parte, las Administraciones Generales de las comunidades y ciudades autónomas, excepto las de Aragón, Illes Baleares y País Vasco, no han concedido avales en el periodo fiscalizado.

El gasto sanitario correspondiente al sector autonómico supuso 61.627 millones de euros, lo que representa el 5,5 % del PIB; un 44,2% del mismo fue originado por tres comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía y Madrid. El gasto per cápita medio fue de 1.332 euros por habitante. La retribución de asalariados alcanzó la cifra global de 28.022 millones de euros, lo que representa el 45,5 % del gasto consolidado del sector, y experimentó un incremento de un 2,5 % respecto al año anterior. El gasto en farmacia se cifró en 10.342 millones de euros, lo que representa el 16,8 % del gasto consolidado del sector, y experimentó un aumento de un 3,5 % respecto al 2015.

En materia de contratación, como en ejercicios anteriores, en determinados contratos se observan deficiencias tales como: una insuficiente justificación sobre la necesidad de celebrar el contrato; la ausencia de los informes o de los estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado; deficiencias en el establecimiento, definición y aplicación de los criterios objetivos de adjudicación, así como una incorrecta determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios; retrasos en la ejecución no amparados en la concesión de prórrogas; y modificaciones contractuales que no responden a nuevas necesidades surgidas durante la ejecución, sino a imprevisiones y deficiencias en las actuaciones preparatorias de los respectivos contratos primitivos.

Empresas, fundaciones, consorcios y universidades

En términos agregados, el activo total del sector público empresarial autonómico asciende a 62.913 millones de euros y presenta, en su globalidad, resultados de explotación negativos, por importe de 1.547 millones de euros. El resultado total en el ejercicio para el conjunto del subsector fundacional presenta un déficit de 30 millones de euros, frente al déficit de 19 millones del ejercicio 2015. Las subvenciones aplicadas al ejercicio han ascendido a 773 millones de euros, un 21% menos que las registradas en el ejercicio anterior. Respecto a los consorcios, el resultado económico-patrimonial ha sido positivo por importe de 8 millones de euros.

Debe indicarse que para estos tres subsectores la financiación sigue procediendo, en un porcentaje importante, de las subvenciones procedentes de sus respectivas comunidades autónomas, y en un menor porcentaje de otras Administraciones (estatal y/o europea) y de los ingresos por realización de trabajos, en su mayoría por encargo de las propias Administraciones autonómicas.

Respecto al subsector universidades, el total de las modificaciones reales sobre los créditos inicialmente aprobados supone un incremento del 25%, lo que pone de manifiesto que las universidades deberían elaborar con mayor rigor sus presupuestos antes del comienzo del correspondiente ejercicio económico, incluyendo en los mismos toda su actividad docente e investigadora, de modo que las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales sean las menos posibles y estén, en todo caso, debidamente justificadas y acompañadas de la correspondiente financiación.

Fondos de Compensación Interterritorial y objetivo de estabilidad

La cuantía global de los Fondos previstos para 2016 ascendió a 432 millones de euros, como en los dos ejercicios anteriores. De igual forma, las dotaciones se han destinado nuevamente a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Principado de Asturias, Región de Murcia, Comunitat Valenciana y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

El objetivo de estabilidad del ejercicio 2016 fijado para las comunidades autónomas fue de un déficit del 0,7% del PIB para todas ellas, a diferencia de otros ejercicios en que se han fijado objetivos individualizados para cada una.

El déficit global a efectos de la verificación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria es de 9.134 millones de euros, el 0,82 % del PIB nacional, por lo que no se ha cumplido el objetivo para el conjunto del subsector autonómico, con excepción de las siguientes comunidades autónomas: Andalucía, Canarias, Castilla y León, Foral de Navarra, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Comunidad de Madrid y Principado de Asturias que sí lo han cumplido; así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuyo objetivo fue de equilibrio.

Las comunidades y ciudades autónomas han cumplido la regla de gasto, con la excepción de Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco y Región de Murcia. El subsector autonómico, por su parte, ha cumplido los objetivos de deuda pública previstos.

El contenido del presente Informe (nº 1.334) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es)

Más información:
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
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