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El Tribunal de Cuentas analiza la planificación y gestión de las inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior entre 2021 y 2023
El informe señala que persiste un número significativo de instalaciones en estado de conservación inadecuado por lo que resulta imprescindible elaborar un plan plurianual para acometer las inversiones más urgentes.
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe de fiscalización operativa en el que se analiza la planificación y gestión de las inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior durante el periodo 2021-2023. La fiscalización examina la eficacia de los principales planes de inversión, el estado de conservación de las instalaciones y medios materiales y los sistemas de información utilizados para su gestión.
El informe pone de relieve la dimensión y complejidad del patrimonio gestionado por el Ministerio del Interior, que comprende más de 3.800 inmuebles y alrededor de 30.000 elementos de transporte, entre vehículos terrestres, embarcaciones y aeronaves. En este contexto, el informe concluye que “el Ministerio del Interior no dispone de recursos suficientes en su dotación en los Presupuestos Generales del Estado”, de tal suerte que “las inversiones más cuantiosas se financian con recursos ajenos a los créditos de la Sección presupuestaria que tiene asignada”.
Durante el periodo analizado, una parte de las inversiones se han canalizado a través de planes específicos con una ejecución acumulada de 346 millones de euros hasta finales de 2024. El Tribunal observa que estos planes “no siempre se encuentran debidamente documentados y coordinados ni cuentan con matriz de seguimiento y cuya ejecución se realiza con retraso”.
El informe señala asimismo que, pese al esfuerzo inversor realizado, “persiste un número significativo de instalaciones en estado de conservación inadecuado” y valora como “imprescindible que se efectúe un análisis y un inventario fiable de la situación y conservación de los edificios e instalaciones para elaborar un plan plurianual que acometa las inversiones más urgentes, dotándolo de los recursos presupuestarios necesarios”.
En el ámbito de la Policía Nacional se han clausurado 6 dependencias, mientras que en la Guardia Civil se han clausurado 30 instalaciones, muchas de ellas con más de 50 años de antigüedad, lo que ha obligado a recurrir a 67 contratos de emergencia por un importe superior a 56 millones de euros. En relación con las infraestructuras penitenciarias, el Tribunal pone de relieve que continúan pendientes actuaciones para completar la remodelación de centros penitenciarios y corregir déficits en determinadas instalaciones específicas, en el marco del PACEP.
En cuanto a los medios de transporte, el informe constata la antigüedad de parte del parque móvil y respecto a las actuaciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Tribunal valora positivamente la adquisición de 4.323 vehículos menos contaminantes, pero advierte de que, a cierre de 2024, la ejecución de las inversiones previstas en edificios, instalaciones energéticas y puntos de recarga era inferior al 25 %, lo que, según la valoración global, “supone un riesgo de no alcanzar el objetivo en el plazo previsto”.
El informe identifica también debilidades en los sistemas de información utilizados para la gestión de inmuebles, equipamientos y consumos energéticos ya que “no existe una planificación integral en el ámbito de las tecnologías de la información, lo que provoca la coexistencia de sistemas no interoperables entre sí”.