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El Tribunal de Cuentas alerta de un uso excesivo de la contratación menor en las universidades de Cantabria, Murcia y Extremadura
- La fiscalización ha promovido mejoras en la remisión de información contractual y una mayor concienciación sobre las obligaciones legales por parte de las universidades y de sus entidades dependientes.
Madrid, 29 de julio de 2025
El Tribunal de Cuentas ha detectado un uso intensivo de la contratación menor por parte de varias universidades públicas y sus entidades dependientes en comunidades autónomas sin Órgano de Control Externo (OCEX) propio. Esta es una de las conclusiones del informe de fiscalización aprobado por el Pleno, referido al ejercicio 2022, y que ha analizado 198 contratos de cinco universidades públicas y 154 contratos de seis entidades vinculadas.
Según se recoge en el informe, la contratación menor ha supuesto un porcentaje elevado del volumen adjudicado en cuatro de las cinco universidades fiscalizadas: alcanzó el 58 % en la Universidad de Murcia, el 51 % en Cantabria, el 37 % en la Politécnica de Cartagena y el 30 % en la Universidad de Extremadura. Solo en el caso de la Universidad de La Rioja este porcentaje fue significativamente menor, situándose en el 18 %.
Esta práctica, si bien prevista en la normativa vigente, “conlleva riesgos específicos derivados de la no exigencia de publicidad ni concurrencia”, como señala el Tribunal de Cuentas, y puede dar lugar a posibles adjudicaciones fraccionadas o repetitivas.
El informe valora positivamente que las universidades hayan comenzado a adoptar medidas para planificar su contratación y reducir el recurso sistemático a contratos menores. Entre estas medidas destacan la mejora en la previsión de necesidades, el refuerzo de los procedimientos internos y la posible utilización de contratos de prestación sucesiva, más adecuados para servicios continuados.
Más allá del análisis técnico, la fiscalización ha tenido un efecto positivo directo sobre el cumplimiento normativo de las entidades. En particular, ha conseguido que las entidades dependientes que no venían remitiendo su información contractual al Tribunal de Cuentas —en algunos casos por desconocimiento de la obligación legal— hayan comenzado a hacerlo.
El Tribunal ha emitido además un conjunto de recomendaciones dirigidas tanto a las universidades como a sus entidades vinculadas.